Encubrimiento

En 30 a?os, 33 sacerdotes han sido condenados en Espa?a por haber abusado de 80 menores. Este es el ¨²nico dato cierto que tenemos sobre un problema que ha afectado a la Iglesia cat¨®lica en todo el mundo, y si lo tenemos es porque las v¨ªctimas han acudido a los tribunales, en muchos casos tras observar que no obten¨ªan una respuesta satisfactoria en la propia Iglesia. El ocultamiento es la respuesta que la Iglesia espa?ola ha dado a este grav¨ªsimo problema y a¨²n ahora se escuda en el silencio para no afrontar la demanda leg¨ªtima de informaci¨®n. No es imaginable que Espa?a haya quedado al margen de un comportamiento que, aunque minoritario, se ha visto que era mucho m¨¢s grave y extendido en el mundo de lo que se quiso reconocer.

A pesar de los constantes llamamientos a la tolerancia cero del papa Francisco y de las recomendaciones hechas en 2010 a los obispados para que adoptaran medidas preventivas, solo dos di¨®cesis espa?olas han comunicado desde ese a?o a la fiscal¨ªa casos de abusos. Y solo 3 de las 70 consultadas por este diario disponen de un protocolo que incluye la denuncia a los tribunales. No sabemos cu¨¢ntos de los 500 casos que cada a?o se reportan ante la Congregaci¨®n para la Doctrina de la Fe corresponden a Espa?a y tampoco cu¨¢ntos expedientes internos se han abierto ni cu¨¢ntos sacerdotes han sido apartados. Silenciar y ocultar los abusos sexuales a menores supone encubrir un delito que deja grav¨ªsimas secuelas en las v¨ªctimas. Esta actitud crea un clima de impunidad propicio a que los abusos se perpet¨²en, pues quienes los cometen pueden sentirse amparados por una jerarqu¨ªa m¨¢s preocupada por proteger la instituci¨®n que por evitar el da?o.

El problema no es solo de incumplimiento de la ley que desde 2015 obliga a denunciar los casos de abusos de los que se tenga conocimiento. El problema es que las directrices del papa Francisco son lo suficientemente ambiguas como para que en la pr¨¢ctica sea cada di¨®cesis la que decida si act¨²a solo a escala interna o traslada la acusaci¨®n a la justicia civil. La abismal diferencia en el castigo previsto act¨²a como un incentivo para que el asunto sea tratado a escala interna. Mientras el C¨®digo Penal castiga con a?os de c¨¢rcel los abusos continuados, el c¨®digo can¨®nico solo impone el apartamiento temporal del abusador y, en casos muy graves, la expulsi¨®n del ministerio. Si realmente quiere acabar con la pederastia en la Iglesia, el Papa debe equiparar el castigo eclesi¨¢stico al de la justicia civil e imponer la obligaci¨®n de denunciar ante fiscal¨ªa en todos los casos. Su actuaci¨®n en Chile, forzando la dimisi¨®n de los obispos por encubrimiento, indica que ha comprendido la dimensi¨®n del desaf¨ªo. En la cumbre de conferencias episcopales convocada en febrero veremos hasta d¨®nde llega y hasta d¨®nde est¨¢ dispuesto a combatir el oscurantismo de la jerarqu¨ªa espa?ola.