Procesos paralelos

El Tribunal Supremo cerr¨® el pasado jueves la instrucci¨®n del sumario por rebeli¨®n, malversaci¨®n y desobediencia contra 18 dirigentes pol¨ªticos responsables de proclamar la independencia de Catalu?a en octubre de 2017. Queda as¨ª despejado el camino hacia el juicio oral, que previsiblemente comenzar¨¢ a principios del pr¨®ximo a?o, y establecida la posibilidad de que el tribunal dicte sentencia no m¨¢s tarde del mes de junio. Estos plazos de la justicia quedar¨¢n entreverados con los de las elecciones municipales, auton¨®micas y europeas previstas para mayo, de modo que, si las diferentes fases procesales no se demoran, la campa?a electoral se desarrollar¨ªa entre el final del juicio oral y antes de la fecha en la que se dicte la sentencia. Es decir, en el momento en el que puede ser menor la interferencia entre ambos procesos, el judicial y el electoral.

Esta marcha en paralelo de dos asuntos trascendentales para la estabilidad del pa¨ªs en su conjunto quedar¨ªa comprometida si el Gobierno decidiera atender la exigencia de los partidos independentistas, en el sentido de adoptar medidas que influyan en el desenlace del proceso judicial a cambio de dar apoyo a los Presupuestos. Las fuerzas independentistas cometer¨ªan un error persistiendo en reclamar esta vinculaci¨®n entre una negociaci¨®n parlamentaria y una sentencia, desde el momento en que se exponen a provocar un resultado contrario al que est¨¢n buscando. Como tambi¨¦n se equivocar¨ªa el Gobierno en caso de aceptarla, puesto que, en la mejor de las hip¨®tesis, el precio de aprobar los Presupuestos ser¨ªa trasladar al resto del pa¨ªs la profunda fractura pol¨ªtica y social que se vive en Catalu?a.

Cada asunto es cada asunto, y las diferentes instituciones involucradas en su soluci¨®n est¨¢n obligadas a actuar dentro de sus propios l¨ªmites y conscientes de las consecuencias que tendr¨¢n sus decisiones, ahora y en el futuro no lejano en el que ser¨¢ improrrogable abordar una salida estrictamente pol¨ªtica al conflicto institucional en Catalu?a.

En este sentido, este o cualquier proyecto de Presupuestos merece una discusi¨®n rigurosa entre todos los grupos parlamentarios acerca de las prioridades que establece, no una sucesi¨®n de requisitorias pol¨ªticas de los partidos independentistas y de escaramuzas procedimentales de la oposici¨®n. De igual manera, la determinaci¨®n de responsabilidades que se sustancian en el Supremo contra los 18 dirigentes catalanes requiere respeto hacia la independencia de los jueces, garant¨ªas procesales y seguridad jur¨ªdica, como cualquier otra decisi¨®n de un tribunal.

Los partidos que defienden la independencia de Catalu?a consideran que este proceso no deber¨ªa tener lugar porque, en su opini¨®n, los hechos sobre los que dictar¨¢ sentencia el Tribunal Supremo no son punibles. En realidad, son esos hechos los que nunca deber¨ªan haberse producido para evitar que se celebrara el proceso, de modo que la soluci¨®n discurriera por las v¨ªas constitucionales en las que la negociaci¨®n era leg¨ªtima y posible. Que el anterior Gobierno no las contemplara no autorizaba a derogar la Constituci¨®n con una simple mayor¨ªa parlamentaria ni a imponer el programa de la independencia a una sociedad que lo rechazaba, como pretendi¨® justificar ayer el presidente de la Generalitat, Quim Torra. Lo que el Tribunal Supremo juzgar¨¢ en los pr¨®ximos meses son las responsabilidades por esa derogaci¨®n y esa imposici¨®n, no el programa de la independencia, y la tarea que tiene enfrente el Parlamento es decidir si los Presupuestos elaborados por el Gobierno son los que mejor contribuir¨¢n a paliar los efectos de la crisis.

Propiciar la amalgama entre un asunto y otro no facilitar¨¢ las respuestas que requieren, y solo contribuir¨¢ al deterioro del sistema constitucional.