Fraude de ley

La falta de control y la desidia en la exigencia del cumplimiento de la ley ha llevado a que muchos colegios concertados espa?oles cobren cuotas fijas a las familias que son ilegales y abusivas. La ense?anza en Espa?a es gratuita y desde que se aprob¨® la LOE en 2006 est¨¢ expresamente prohibido que los centros que se financian con fondos p¨²blicos puedan cobrar cuotas. Tampoco se pueden cobrar aportaciones a fundaciones o asociaciones vinculadas al centro y solo se permite el cobro de servicios adicionales como el comedor o el transporte por el importe estricto del coste. Si se realizan actividades extraescolares, ser¨¢n siempre voluntarias. Pero numerosos colegios encuadrados en la llamada ¡°nueva escuela concertada¡±, muchos de ellos centros de ¨¦lite con mecanismos de selecci¨®n del alumnado, han articulado sistemas camuflados de cobro que, bajo la apariencia de aportaciones por servicios psicopedag¨®gicos o actividades extraescolares, funcionan como cuotas obligatorias.

El sistema de conciertos ha permitido que centros de titularidad privada, aunque en muchos casos vinculados a la Iglesia o a otras entidades de derecho p¨²blico, pudieran actuar como una red complementaria de la escuela p¨²blica. El concierto cubre el salario de los profesores y del resto del personal, adem¨¢s de los gastos de mantenimiento y conservaci¨®n del centro, de manera que la ense?anza debe ser totalmente gratuita para las familias. En estos momentos, el 67,3% de los alumnos acuden a centros p¨²blicos, el 25,9% a centros concertados y el 6,9% a colegios privados. La distribuci¨®n de alumnos entre centros p¨²blicos y concertados ha sido a veces conflictiva. Puesto que reciben financiaci¨®n p¨²blica, se ha planteado que los centros concertados asuman las mismas cargas sociales que los p¨²blicos, por ejemplo en el reparto de alumnos con necesidades educativas especiales o de ni?os inmigrantes que llegan con carencias de formaci¨®n.

El cobro de cuotas por actividades extraescolares funciona en muchos casos como un mecanismo perverso de selecci¨®n adversa, pues expulsa o disuade a las familias que no pueden pagarlas. A este inaceptable factor de desigualdad se a?ade ahora el fraude de ley que practican determinados centros concertados que cobran elevadas cuotas fijas, en algunos casos de m¨¢s de 800 euros al mes. Act¨²an como centros privados de ¨¦lite para los que el concierto representa una notable oportunidad de mejora de su rentabilidad. Para conseguir una educaci¨®n inclusiva y equitativa, todos los centros deben asumir las cargas sociales y todos los alumnos han de tener las mismas oportunidades de desarrollar lo mejor de sus capacidades. En un sistema de recursos econ¨®micos limitados, donde las carencias del sistema p¨²blico son notorias, no es aceptable que una parte de los fondos p¨²blicos sirvan para incrementar las desigualdades.