Desigualdad digital

Disponer de un buen acceso a Internet se ha convertido en un requisito imprescindible para el desarrollo personal y social de cualquier ciudadano. De ese acceso depende su capacidad para mantener interacciones econ¨®micas y sociales y tambi¨¦n para poder ejercer derechos fundamentales. Sin embargo, no todos los espa?oles gozan en estos momentos de la misma capacidad de acceso a la sociedad en red. Las medidas adoptadas desde que en 2009 se aprob¨® el Plan Avanza en el marco del programa de la UE han permitido una mejor¨ªa notable, pero todav¨ªa insuficiente. En 2016 el porcentaje de poblaci¨®n con acceso a Internet era del 81%, frente al 37% de 2003, y la penetraci¨®n de la banda ancha fija en los hogares espa?oles alcanzaba el 71%, pero con una distribuci¨®n desigual. En zonas de baja poblaci¨®n el uso de Internet es hasta siete puntos menor a la media.

La dificultad para aprovechar los usos beneficiosos y avanzados de Internet se ha convertido en un nuevo factor de exclusi¨®n social y de desigualdad territorial. Las diferencias en el acceso son un factor de inequidad y un lastre para el crecimiento econ¨®mico. Todav¨ªa quedan amplias zonas a las que no llega la banda ancha y la cobertura disponible no solo es de mala calidad sino tambi¨¦n insegura. Cualquier contingencia deja sin servicio a los usuarios hasta el punto de que la fragilidad de las conexiones se ha convertido en una dificultad a?adida para la econom¨ªa de las zonas geogr¨¢ficas menos dotadas. De ello se resiente desde el turismo rural, que con frecuencia se encuentra con dificultades para gestionar las reservas, hasta la calidad de los servicios.

En el debate sobre la provisi¨®n de infraestructuras no se presta suficiente atenci¨®n a la importancia que tienen las que garantizan el acceso a la sociedad en red. Ahora se ha puesto en marcha un proceso de digitalizaci¨®n de la Administraci¨®n p¨²blica que en unos casos obliga y en otros fomenta que los ciudadanos se relacionen digitalmente con ella cuando todav¨ªa hay un porcentaje muy importante de poblaci¨®n que no tiene ni la infraestructura ni los conocimientos necesarios para poder mantener una relaci¨®n eficaz. Que unos ciudadanos puedan relacionarse con mayor facilidad con las Administraciones p¨²blicas y puedan beneficiarse mejor de los muchos servicios que se prestan a trav¨¦s de Internet es una nueva fuente de injusticia social. En la sociedad del conocimiento el acceso a Internet debe entenderse como un bien social de primera necesidad y si el mercado no es capaz de proveer una infraestructura de calidad, los poderes p¨²blicos deben intervenir para garantizarla. La igualdad de acceso es tan importante que deber¨ªa incluirse en una eventual reforma de la Constituci¨®n como un bien social no opcional, es decir, un bien a proteger como se protege el derecho a la salud o el derecho a la educaci¨®n.