Reg¨ªmenes de libertades

La princesa Leonor ha participado por primera vez en un acto p¨²blico como heredera en la Jefatura del Estado. Lo ha hecho leyendo el art¨ªculo de la Constituci¨®n en el que se establece la monarqu¨ªa parlamentaria como forma de Gobierno en Espa?a. La elecci¨®n de la ocasi¨®n por parte de la Casa Real subraya la subordinaci¨®n de la Corona a la voluntad popular expresada en el refer¨¦ndum por el que, en 1978, los ciudadanos ratificaron mayoritariamente el texto elaborado por una comisi¨®n de partidos con representaci¨®n parlamentaria, y aprobado por una Asamblea Constituyente elegida dos a?os antes.

El ingreso en la vida p¨²blica de la heredera de Felipe VI se produce en un momento en el que la Monarqu¨ªa est¨¢ siendo objeto de fuertes cr¨ªticas desde diversos ¨¢mbitos pol¨ªticos, la mayor parte de las veces con el trasfondo de reprobaciones que ponen en cuesti¨®n la unidad territorial o la organizaci¨®n institucional del Estado que la Corona representa en la Constituci¨®n. Esas opiniones son leg¨ªtimas, no solo porque as¨ª lo reconoce la naturaleza democr¨¢tica del r¨¦gimen pol¨ªtico espa?ol sino tambi¨¦n porque el comportamiento de algunos miembros de la familia real, en algunas ocasiones, comenzando por el anterior Monarca, no han estado a la altura de sus responsabilidades ni de la confianza que los ciudadanos depositaron en la instituci¨®n. Tambi¨¦n son leg¨ªtimos, y por id¨¦nticas razones, los programas pol¨ªticos que proponen sustituir por una rep¨²blica la actual monarqu¨ªa parlamentaria.

Pero la legitimidad de estas cr¨ªticas y de estos programas no significa que los argumentos que invocan deban prevalecer sobre los de quienes defienden que el ¨²nico compromiso al que la condici¨®n de ciudadanos impide renunciar es con las libertades democr¨¢ticas, no con una concreta forma de Gobierno. Y ninguna acci¨®n de los titulares de la Monarqu¨ªa establecida en 1978 ha producido hasta ahora una merma de las libertades reconocidas por la Constituci¨®n, ni ha supuesto un obst¨¢culo para su ejercicio. A este respecto, cabe se?alar, adem¨¢s, que tan democr¨¢tica es una monarqu¨ªa como una rep¨²blica, siempre a condici¨®n de que garanticen las libertades.

Ninguna forma de Gobierno es para siempre, porque ninguna instituci¨®n humana puede serlo. Pero el abandono de una forma para adoptar otra debe hacerse por las buenas razones, no dej¨¢ndose arrastrar ni por electoralismo ni por salir al encuentro de climas de opini¨®n creados interesadamente. Los esc¨¢ndalos de corrupci¨®n que han sacudido al entorno familiar del jefe del Estado durante los ¨²ltimos a?os no son un motivo para cambiar de forma de gobierno sino para que act¨²en los tribunales, y los tribunales han actuado, demostrando que nadie est¨¢ por encima de la ley. De igual manera, no solo las cr¨ªticas sino tambi¨¦n algunos de los elogios a Felipe VI por su actuaci¨®n en crisis institucionales recientes, como la de Catalu?a, parecen olvidar que, en el sistema pol¨ªtico espa?ol, el Gobierno es el ¨²nico responsable de las palabras y los actos del jefe del Estado. El anterior Ejecutivo no solo se escondi¨® detr¨¢s de la justicia para no hacer frente a responsabilidades que eran estrictamente suyas, arriesgando el prestigio de unos tribunales cuya intervenci¨®n debe responder siempre a una ¨²ltima ratio, sino que tambi¨¦n lo hizo detr¨¢s de la Corona. Al abstenerse de pronunciar un discurso que deber¨ªa haber sido el suyo, coloc¨® al Estado ante la tesitura de callar ante una secesi¨®n antidemocr¨¢tica, o pronunciarse comprometiendo la figura de su m¨¢ximo representante.

Como en ocasiones anteriores, tambi¨¦n en esta el r¨¦gimen constitucional de 1978, del que forma parte la Monarqu¨ªa, demostr¨® su utilidad y su fortaleza para seguir garantizando las libertades.