Desprop¨®sito

La r¨¢pida reacci¨®n del Gobierno aprobando un decreto ley inmediato por el cual los ciudadanos no tendr¨¢n que pagar "nunca m¨¢s" el impuesto de las hipotecas es acertada y soluciona en buena parte la inseguridad jur¨ªdica que hab¨ªan provocado sentencias contradictorias del Tribunal Supremo. Pero lo que no lograr¨¢ es frenar el desprop¨®sito que se ha infligido el alto tribunal no solo (o no principalmente) por el cambio de criterio jur¨ªdico (de pagar los clientes a pagar los bancos y nuevamente a pagar los clientes), sino por el tortuoso procedimiento para hacerlo, exhibido por su Sala de lo Contencioso-administrativo y, en particular por su presidente, Luis D¨ªez Picazo.

Alguien deber¨ªa tomar nota y asumir urgentes responsabilidades por una actuaci¨®n que ha generado sospechas casi un¨¢nimes sobre la imparcialidad de una instituci¨®n central del Estado, sin necesidad de que a nadie se le exija; tal es el da?o causado. Y ello en una coyuntura en la que la exhibici¨®n de esa imparcialidad es m¨¢s necesaria que nunca. La justicia no puede ser puesta en solfa so pena de quebrar el sistema de valores de que nos hemos dotado para convivir. Ni siquiera los bancos, los beneficiarios de la ¨²ltima decisi¨®n del Supremo ¡ªcomo ha quedado demostrado por sus subidas autom¨¢ticas en las Bolsas tras hacerse p¨²blico el fallo¡ª, pueden estar enteramente satisfechos por la forma en que se ha roto el nudo gordiano del impuesto sobre actos jur¨ªdicos documentados, pues han quedado presentados como vencedores frente a la ciudadan¨ªa com¨²n, lo que afecta una vez m¨¢s a su reputaci¨®n, ya muy baja tras otras muchas sentencias anteriores y tras su actuaci¨®n en la crisis econ¨®mica de la ¨²ltima d¨¦cada.

Despu¨¦s de m¨¢s de 15 horas de debate, el pleno de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Supremo desautoriz¨® por una exigua mayor¨ªa de 15 a 13 votos, que manifiesta una absoluta divisi¨®n de los magistrados, la sentencia del pasado 16 de octubre que obligaba a pagar el impuesto a los bancos, y no a los clientes como ven¨ªa ocurriendo en las ¨²ltimas d¨¦cadas. Se pensaba que la convocatoria del pleno de la sala resolver¨ªa los interrogantes que hab¨ªan quedado en la ambig¨¹edad (sobre todo, si habr¨ªa retroactividad, y los a?os de retroactividad que se aplicar¨ªan), pero no una desautorizaci¨®n frontal del criterio tomado.

M¨¢s all¨¢ de la casu¨ªstica sobre el impuesto de los pr¨¦stamos hipotecarios, que afecta a los ciudadanos, a la banca, a Hacienda y a las comunidades aut¨®nomas que lo administran, lo que queda es el terreno bald¨ªo en el que se sume el Tribunal Supremo ante la ciudadan¨ªa. En el peor de los casos por las dudas sobre su independencia, sus peleas internas y sobre las cesiones a la parte m¨¢s fuerte de la disputa; en el mejor, por su incompetencia en el desarrollo de este dilema. La igualdad ante la justicia, la seguridad jur¨ªdica, la estabilidad regulatoria y la fortaleza de las instituciones son fundamentos de la confianza en la calidad de la democracia de un pa¨ªs.

La asunci¨®n de responsabilidades sobre lo ocurrido ha de ser inmediata para cortar de ra¨ªz cualquier intento de extender las sospechas sobre el conjunto del sistema judicial, en unos momentos en que existen sectores interesados en la generalizaci¨®n de la sospecha.

Si as¨ª ocurriese, todos ser¨ªamos perdedores.