La Ciencia, un (viejo) Derecho Humano con mucho futuro

Estos d¨ªas se ha celebrado en Guatemala la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Entre los acuerdos que aparecen en la Declaraci¨®n Final se incluye un compromiso de "avanzar hacia el reconocimiento efectivo de la ciencia como derecho humano". Hay que reconocer que la consideraci¨®n de la ciencia como derecho humano -o la expresi¨®n Derecho Humano a la Ciencia- resulta novedosa es este tipo de encuentros. ?Significa esto que estamos ante una formulaci¨®n biensonante pero quiz¨¢ vac¨ªa de contenido?, ?estamos ante una expresi¨®n resultona, una idea que se ha puesto de moda, pero inconsistente?

Todo lo contrario. El Derecho Humano a la Ciencia es un concepto tan potente como bien fundamentado en el Derecho Internacional, tan cargado de futuro como s¨®lidamente basado en los principales instrumentos de Derechos Humanos. La ciencia aparece ya en la Declaraci¨®n Universal de los Derechos Humanos, en su art¨ªculo 27, cuando se indicaba que "toda persona tiene derecho a participar en el progreso cient¨ªfico y en los beneficios que de ¨¦l resulten". Como ve, se trata de un derecho que tiene dos partes: la protecci¨®n de la participaci¨®n en esa empresa universal que es la ciencia (cada uno en la medida de sus capacidades e intereses) y el acceso a los beneficios que la ciencia pueda aportar para el bienestar b¨¢sico de personas y sociedades.

De la Declaraci¨®n Universal surgieron dos tratados de Derechos Humanos, los conocidos como Pactos del 1966, que resultaban ya vinculantes para los estados que los ratificaban. Y la ciencia de nuevo se col¨® en estos instrumentos cuando en el art¨ªculo 15 del Pacto de Derechos Econ¨®micos, Sociales y Culturales los estados "reconocen el derecho de toda persona (...) a gozar de los beneficios del progreso cient¨ªfico y de sus aplicaciones". Este art¨ªculo 15 inclu¨ªa adem¨¢s la obligaci¨®n de adoptar medidas "para la conservaci¨®n, el desarrollo y la difusi¨®n de la ciencia", as¨ª como el compromiso de "respetar la indispensable libertad para la investigaci¨®n cient¨ªfica" y recomendaciones para "el fomento y desarrollo de la cooperaci¨®n y de las relaciones internacionales en cuestiones cient¨ªficas".

Los contenidos de estos art¨ªculos citados forman en su conjunto lo que se ha dado en llamar el Derecho Humano a la Ciencia, de la misma forma que los contenidos de otros art¨ªculos de esos mismos documentos (Declaraci¨®n y Pactos) conforman lo que conocemos como Derecho Humano a la Salud o el Derecho Humano a la Educaci¨®n, por poner solo dos ejemplos con el mismo fundamento jur¨ªdico pero m¨¢s conocidos.

Dado el desconocimiento sobre este Derecho Humano a la Ciencia y sus posibilidades, las Naciones Unidas han iniciado trabajos para su puesta al d¨ªa, para la definici¨®n de su contenido normativo y para urgir a los estados (y otros agentes) a su desarrollo.

La UNESCO ha dado un gran paso al adoptar el enfoque y el discurso de Ciencia como Derecho Humano y dedicar a su difusi¨®n el muy reciente D¨ªa Internacional de la Ciencia. La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU celebr¨® hace un mes un d¨ªa de debate sobre este asunto, donde algunos pa¨ªses (Dinamarca, Holanda, Italia y Espa?a) aprovecharon para posicionarse. El Comit¨¦ de Derechos Econ¨®micos, Sociales y Culturales de la ONU es el ¨®rgano que tiene ahora la misi¨®n de definir, interpretando los textos internacionales citados de manera actualizada, ese contenido normativo del Derecho a la Ciencia y sus elementos. Tras el documento del Comit¨¦, deber¨ªan posicionarse el Consejo de Derechos Humanos y, finalmente, la Asamblea General de la ONU.

Es Espa?a el pa¨ªs que ahora, de la mano del ministro de Ciencia, Innovaci¨®n y Universidades, Pedro Duque, lidera esta nueva fase de diplomacia cient¨ªfica. Tras posicionarse Espa?a claramente ante la ONU, fue el ministro Duque quien llev¨® la iniciativa a la Cumbre Iberoamericana de Ministros de Ciencia celebrada en Guatemala el mes pasado y consigui¨® no solo el un¨¢nime apoyo regional, sino elevar la iniciativa a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno que, como hemos visto, la ha respaldado convirti¨¦ndola ya en un mandato para toda la regi¨®n. Lo que hasta hace poco era un proyecto trabajado en un discreto nivel t¨¦cnico por unos pocos pero significativos agentes (la Diputaci¨®n de Bizkaia, la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Exteriores de Espa?a, las universidades de Deusto, Cleveland, Copenhague y ?msterdam, as¨ª como algunas academias cient¨ªficas) de pronto ha devenido, gracias al impulso pol¨ªtico y diplom¨¢tico comentado, en un mandato que coloca la regi¨®n iberoamericana, junto a los citados pa¨ªses europeos, a la cabeza de este reto global.

Regreso de una gira por M¨¦xico, Chile y Argentina y puedo asegurarles que el inter¨¦s que en la regi¨®n ha despertado este mandato ha sido enorme: son muchos (desde universidades a defensor¨ªas del pueblo, pasando por ministerios y organizaciones de la sociedad civil) quienes ahora se muestran ¨¢vidos, primero, por conocer en profundidad el alcance y contenidos de este derecho y, segundo, por participar activamente en su desarrollo.

Como demostr¨® la experiencia del desarrollo del Derecho Humano al Agua, el reconocimiento al m¨¢ximo nivel pol¨ªtico y jur¨ªdico de un derecho humano no garantiza por s¨ª solo su cumplimiento, es obvio, pero s¨ª aporta un instrumento de extraordinaria potencia para reivindicar e impulsar su disfrute, para mover a los estados y para armar con argumentos y herramientas a los agentes interesados.

Este a?o celebramos el 70 aniversario de la Declaraci¨®n Universal de los Derechos Humanos. No podr¨ªamos haber elegido mejor forma de sumarnos a esta conmemoraci¨®n que comprometi¨¦ndonos internacionalmente en la actualizaci¨®n y desarrollo de uno de los derechos m¨¢s desconocidos y menos trabajados, pero al tiempo m¨¢s potentes, contenidos en dicha declaraci¨®n.

Para otro d¨ªa queda hablarles de los contenidos del derecho, de sus elementos, de las obligaciones que crea, de las posibilidades que abre, de los casos concretos, con v¨ªctimas concretas, que est¨¢n ya siendo enfocados y resueltos por tribunales (nacionales e internacionales) y otros ¨®rganos de la ONU con fundamento en este derecho, viejo pero lleno de vida y de futuro; de este derecho a participar en la ciencia y a beneficiarnos de ella; de este derecho que nos debe ayudar a fomentar la participaci¨®n ciudadana en los retos de la ciencia, a ampliar nuestros conocimientos y capacidades, a poner la ciencia a¨²n m¨¢s el servicio de los grandes retos de la humanidad, a protegernos de las pseudociencias, las medias verdades y las mentiras enteras, a fomentar el conocimiento y el aprecio de la ciencia y de quienes la hacen, tanto entre la ciudadan¨ªa como entre los agentes p¨²blicos (que deben ponerla en la base de sus decisiones), a que la ciencia nos ayude a participar mejor, con conocimiento y responsabilidad, en los incre¨ªbles retos que afrontamos como comunidad internacional, retos que no tienen ¨²nicamente una respuesta cient¨ªfica, pero que desde luego sin la ciencia como muy estrecha aliada, jam¨¢s resolveremos.

Mikel Mancisidor es profesor de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la American University (Washington D.C.) y miembro del Comit¨¦ de Derechos Econ¨®micos, Sociales y Culturales de la ONU