Raz¨®n espa?ola, beneficio europeo

El acuerdo europeo sobre la salida de Reino Unido de la Uni¨®n se encontr¨® en los ¨²ltimos d¨ªas con un obst¨¢culo inesperado en el tratamiento previsto para la cuesti¨®n de Gibraltar, cuando el documento final parec¨ªa cerrado. La necesidad de cumplir los plazos oblig¨® hace unas semanas a que los Gobiernos de los Veintisiete hicieran un dep¨®sito de confianza en el excomisario Barnier, encargado de la negociaci¨®n, a fin de que pudiera avanzar con mayor agilidad en las conversaciones con Londres, aunque siempre tomando como base las directrices aprobadas por todos los Estados, incluida Espa?a.

El resultado de la negociaci¨®n dirigida por Barnier sacrific¨® aspectos de estas directrices que el Gobierno espa?ol, con raz¨®n, consideraba irrenunciables a efectos de la reclamaci¨®n de la soberan¨ªa sobre el Pe?¨®n, as¨ª como de no perjudicar eventualmente los intereses de la regi¨®n fronteriza una vez que se fuera materializando la separaci¨®n. M¨¢s all¨¢ de los aspectos t¨¦cnicos y jur¨ªdicos, el problema de fondo se resume en que si no se conced¨ªa expl¨ªcitamente a Espa?a la ¨²ltima palabra en cualquier decisi¨®n futura relacionada con Gibraltar, como se recog¨ªa en las directrices y desapareci¨® en el acuerdo, se abr¨ªa la puerta a reconocer impl¨ªcitamente una exclusiva soberan¨ªa brit¨¢nica.

?Este es el riesgo que ha conseguido conjurar el Gobierno espa?ol antes del Consejo Europeo previsto para este mismo domingo, colocando a nuestro pa¨ªs en situaci¨®n, no ya de reclamar un triunfo nacional frente a la Uni¨®n, sino un triunfo de los Veintisiete hacia una forma poco rigurosa de disponer de acuerdos pol¨ªticos alcanzados por parte de los equipos negociadores. Es indiferente, a estos efectos, que Barnier y sus colaboradores creyeran que las ambig¨¹edades del texto que acordaron con Reino Unido pod¨ªan satisfacer las exigencias de Espa?a con respecto a la soberan¨ªa, pese a apartarse notablemente de las directrices a las que ten¨ªan que haberse ajustado; lo que importa es que introducir ambig¨¹edad all¨ª donde hab¨ªa claridad no era una opci¨®n. Y no lo era tanto porque Espa?a ha mantenido en todo momento una actitud colaboradora para facilitar el acuerdo sobre el Brexit, como porque las declaraciones de los ¨²ltimos d¨ªas desde el lado brit¨¢nico han venido a demostrar que la buena fe no constitu¨ªa una base suficiente para evitar que futuras divergencias en la interpretaci¨®n del acuerdo se conviertan en abiertos contenciosos. La primera ministra, Theresa May, afirmando su determinaci¨®n para defender la soberan¨ªa brit¨¢nica sobre el Pe?¨®n demuestra que Espa?a estaba obligada a hacer lo propio.

La situaci¨®n creada por el Brexit coloca el contencioso de Gibraltar en un contexto in¨¦dito, que es el que el Gobierno ha sabido utilizar para clarificar el acuerdo alcanzado. En el momento de ingresar en Europa, Espa?a tuvo que sacrificar ante Reino Unido algunas de sus posiciones sobre el Pe?¨®n a la necesidad de lograr una adhesi¨®n imprescindible para afianzar un encaje internacional, estabilidad y progreso.

La decisi¨®n brit¨¢nica de abandonar la Uni¨®n Europea ha invertido aquella situaci¨®n, de modo que es ahora Londres la que ha tenido que decidir entre su voluntad de salida y sus posiciones sobre Gibraltar. El Gobierno espa?ol no ha pedido lo imposible, sino tan solo claridad en la definici¨®n de un problema de largo alcance y en las reglas que deben estar vigentes mientras llega la soluci¨®n. Puesto que esas reglas se refieren tanto a la manera en que deben desarrollarse las negociaciones encomendadas por los Veintisiete como a la relaci¨®n entre un Estado miembro y un Reino Unido lamentablemente fuera de Europa, el beneficio no es solo espa?ol, sino sobre todo europeo.

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