Catalanes airados

La Generalitat de Catalu?a se ha enfrentado esta semana a la m¨¢s amplia oleada de protestas sociales de los a?os recientes. Los paros y manifestaciones, a los que podr¨ªan sumarse nuevos colectivos, exigen acabar con los recortes adoptados por el Ejecutivo catal¨¢n para hacer frente en 2012 a una de las crisis m¨¢s severas de la econom¨ªa internacional. El entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, maniobr¨® con oportunismo para desentenderse de las responsabilidades que le correspond¨ªan como representante pol¨ªtico obligado a adoptar medidas impopulares, seg¨²n tuvieron que hacer, dentro y fuera de Espa?a, la mayor parte de los Gobiernos. Conectar pol¨ªticamente el malestar por la sentencia del Estatut y el generado por los recortes solo pod¨ªa parecer aceptable a quienes, como Mas y sus sucesores, han actuado pensando en t¨¦rminos electorales mientras alardeaban de hacerlo con la vista puesta en las solemnidades de la historia.

Por lo dem¨¢s, era cuesti¨®n de tiempo el fracaso de una estrategia que el actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha llevado al paroxismo. Desde su llegada a la m¨¢xima dignidad institucional de Catalu?a el president Torra ha tratado de ocultar la permanente incapacidad de gobernar detr¨¢s de un discurso independentista cada vez m¨¢s inflamado. A estos efectos, no deja de resultar ilustrativo que los mismos l¨ªderes que saludan al pueblo de Catalu?a en cada manifestaci¨®n en favor de la secesi¨®n, solo vean en las actuales protestas una masa confundida acerca de los verdaderos objetivos exigidos por la naci¨®n. La realidad es que, al contrario de lo que sostienen estos l¨ªderes, los catalanes que han salido indignados a las calles son ciudadanos de un Estado democr¨¢tico que ampara el derecho a manifestarse en favor de la independencia tanto como el de hacerlo para reivindicar mejores condiciones laborales y de vida. Y de un Estado democr¨¢tico en el que, adem¨¢s, responder a estas ¨²ltimas demandas corresponde precisamente a un Gobierno que, como la Generalitat, cuenta con autonom¨ªa pol¨ªtica y recursos propios para hacerlo.

Si en esta ocasi¨®n los l¨ªderes independentistas no han proclamado ¡°Espa?a nos roba¡± frente a los huelguistas y manifestantes, no es solo porque a estas alturas ese eslogan infamante carece de credibilidad, sino tambi¨¦n porque ahora son esos mismos l¨ªderes los que est¨¢n renunciando a nuevos recursos al vincular cualquier negociaci¨®n presupuestaria a condiciones pol¨ªticas y judiciales de imposible cumplimiento. Rehenes ellos mismos de la estrategia de cuanto peor, mejor, a la que quieren someter a la totalidad del pa¨ªs, las movilizaciones sociales han venido a demostrarles que las primeras v¨ªctimas de ese camino a ninguna parte son los ciudadanos de Catalu?a. Solo en la mente de quien es propenso al chantaje puede interpretarse como chantaje lo que en cualquier sistema democr¨¢tico integrado por ciudadanos con intereses leg¨ªtimos, y no por naciones ni pueblos, constituye el n¨²cleo de la negociaci¨®n pol¨ªtica: la decisi¨®n de asignar recursos siempre escasos en virtud de principios como solidaridad, equidad y justicia. Debatir acerca de esa decisi¨®n es lo que est¨¢ tratando de impedir el independentismo gobernante; por desgracia, tambi¨¦n los partidos que anteponen la ca¨ªda del Gobierno central a cualquier otro objetivo.

El Gobierno deber¨¢ convocar elecciones si no logra aprobar unas cuentas p¨²blicas que alivien la situaci¨®n de los ciudadanos m¨¢s golpeados por la crisis, tanto en Catalu?a como en el resto de Espa?a. Pero hasta llegar ah¨ª el deber de todas las fuerzas pol¨ªticas, incluidas las independentistas, es debatirlas en el Parlamento. Para aprobarlas o, en su caso, para hacer expl¨ªcitas las razones por las que no es posible hacerlo.