Taxi sin control

En una sociedad democr¨¢tica, los conflictos laborales y sociales se resuelven mediante la negociaci¨®n, el arbitraje y la aceptaci¨®n de las normas establecidas para escenificar las protestas, entre ellas, evidentememnte, la huelga. Pero los taxistas pretenden resolver su conflicto de competencia con los veh¨ªculos de transporte concertado (VTC) bloqueando las principales calles de Madrid y Barcelona, vulnerando de forma muy grave un derecho fundamental de los ciudadanos como la libre circulaci¨®n, con agresiones y violencias, respondidas parcialmente por los VTC. Las autoridades p¨²blicas, encargadas de salvaguardar los derechos de todos los barceloneses y madrile?os, no han reaccionado ante esta protesta descontrolada con la presteza debida. La huelga del taxi se ha convertido en una demostraci¨®n impune de fuerza de sus gremios frente a una Administraci¨®n muy lenta en la defensa los derechos generales.

El principio de acuerdo entre el Gobierno catal¨¢n y los taxistas se ha cobrado un precio muy alto: la imagen de la Generalitat cediendo a las presiones del taxi y la amenaza de Uber y Cabify de abandonar Barcelona ante un pacto que obliga a sus conductores a contratar a sus clientes con una hora de antelaci¨®n. Las condiciones del acuerdo dif¨ªcilmente pueden interpretarse como las m¨¢s adecuadas para elevar la competencia y mejorar la calidad del transporte urbano. El acuerdo para el ?rea Metropolitana de Barcelona, firmado bajo presi¨®n, est¨¢ lejos de garantizar un buen transporte en Barcelona.

El gremio del taxi tiene derecho, por supuesto, a defender sus reivindicaciones, pero no lo tiene a sembrar el caos y a tomar como rehenes a los ciudadanos para imponer unas exigencias cada vez m¨¢s extremas, que solo juegan al todo o nada y pretenden expulsar del mercado a los competidores. Tampoco tiene derecho a cerrar el paso a aeropuertos o a centros emblem¨¢ticos como Ifema. Las carreteras cortadas en Madrid, con detenidos y heridos en las protestas, son hechos inadmisibles en un pa¨ªs que presume de tener cauces para resolver los conflictos de intereses.

Los taxistas tienen que comprender que el mercado del transporte urbano ha cambiado de forma irreversible, y que ese cambio tiene que estar sometido a una nueva regulaci¨®n compartida que distribuya los costes de transici¨®n entre todos los agentes. Las condiciones exigibles son que el taxi y los VTC trabajen en las mismas condiciones fiscales y sociales en el marco de esa regulaci¨®n com¨²n. Las Administraciones p¨²blicas son responsables de establecer ese marco pactado. Pero hasta ahora han gestionado mal el enfrentamiento entre taxi y VTC. El Gobierno se quit¨® de enmedio el problema transfiriendo a las comunidades aut¨®nomas y a los municipios la facultad de negociar la proporci¨®n de licencias entre las partes en conflicto, y traslad¨® a las ciudades la responsabilidad de mantener o anular las licencias de VTC pasados cuatro a?os.

Madrid est¨¢ a tiempo de imponer una negociaci¨®n que tenga en cuenta los intereses de los usuarios, de los taxistas y de los VTC. Es decir, un acuerdo a tres bandas que regule la coexistencia entre los operadores. Pero para ello es necesario que se acabe la presi¨®n de los taxistas en las calles.