Acabar con la par¨¢lisis
La no tramitaci¨®n de los Presupuestos exige la disoluci¨®n de las C¨¢maras
La imposibilidad de tramitar el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado de este a?o por haber prosperado las enmiendas a la totalidad votadas ayer en el Congreso exige del presidente del Gobierno, Pedro S¨¢nchez, la disoluci¨®n de las C¨¢maras y la convocatoria de elecciones generales. No solo para cumplir el compromiso que ha ido reiterando al comp¨¢s de los obst¨¢culos surgidos en el trato con los independentistas, sino tambi¨¦n, y sobre todo, para reconducir la acci¨®n pol¨ªtica a los procedimientos ordinarios establecidos por el sistema constitucional. La alternativa de prorrogar los Presupuestos vigentes, corrigi¨¦ndolos a trav¨¦s de decretos leyes, no har¨ªa m¨¢s que profundizar las v¨ªas de excepcionalidad que se han multiplicado durante la actual legislatura.
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Baste recordar que el periodo parlamentario que deber¨ªa acabar ahora sucede a otro donde la idea ventajista de que la fuerza m¨¢s votada tiene un derecho a gobernar que debe ser respetado por el resto, sostenida entonces por el Partido Popular, y despu¨¦s abandonada en Andaluc¨ªa, conden¨® gratuitamente al pa¨ªs a un a?o de Gobierno en funciones. Con el agravante de que el que lo sustituy¨®, siempre presidido por Rajoy, no se propuso salir de la par¨¢lisis pol¨ªtica sino perpetuarla, puesto que se trataba de un Ejecutivo minoritario que no apoy¨® su continuidad en la conformaci¨®n activa de una mayor¨ªa a su favor, sino en evitar que fraguara una en su contra. En esa misma situaci¨®n se ha encontrado el Gobierno de Pedro S¨¢nchez, con la ¨²nica diferencia de que su afanoso voluntarismo ha tropezado invariablemente con la insuficiencia de su fuerza parlamentaria, la exasperada radicalizaci¨®n del Partido Popular y Ciudadanos en competici¨®n con la ultraderecha, y el nihilismo de unas fuerzas independentistas decididas a infligir cualquier destrozo al sistema democr¨¢tico antes que reconocer que carecen de mayor¨ªa para imponer su programa de secesi¨®n.
El largo periodo de par¨¢lisis al que se ha condenado la actividad pol¨ªtica en Espa?a, coincidiendo, adem¨¢s, con una agravaci¨®n de los problemas sociales y territoriales, no es el ¨²nico argumento para no demorar la convocatoria, convirtiendo los pr¨®ximos meses en una pr¨®rroga sin contenido de la que lo ¨²nico que cabe esperar es el aumento de la crispaci¨®n y del deterioro institucional. Oto?o parece demasiado lejos tomando en cuenta que el Gobierno est¨¢ m¨¢s solo despu¨¦s de la votaci¨®n contraria a su proyecto de Presupuestos, y celebrar en una sola fecha elecciones para cuatro instancias distintas de poder corre el riesgo de simplificar en exceso la presentaci¨®n de los programas y el desarrollo de las campa?as. Los ciudadanos tienen derecho a saber qu¨¦ propuestas para Europa y para los Gobiernos auton¨®micos y municipales tiene cada candidato, y no ser condenados a votar de acuerdo con la l¨®gica exclusiva de unas elecciones generales.
El periodo que se abre despu¨¦s de que el Congreso decidiera ayer devolver las cuentas p¨²blicas al Ejecutivo, y m¨¢s si, como convendr¨ªa, el presidente S¨¢nchez llama a las urnas, coloca a las instituciones representativas ante una transici¨®n que no plantear¨ªa dificultades en situaci¨®n de normalidad. No es el caso en estos momentos, raz¨®n por la cual es preciso preguntar a los partidos si de verdad creen que es imposible un m¨ªnimo entendimiento. No para garantizar la continuidad en las principales pol¨ªticas, puesto que el desacuerdo es total incluso respecto de ellas, sino, sencillamente, para que un Gobierno en funciones, unas C¨¢maras disueltas y una campa?a electoral que puede acabar redise?ando el mapa pol¨ªtico en cada una de las instancias de poder no a?adan m¨¢s incertidumbre a la que ya existe, haciendo que el Estado pierda capacidad de respuesta precisamente cuando m¨¢s la necesita.
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