Aborto y natalidad

El l¨ªder del PP, Pablo Casado, ha insistido en la propuesta de derogar la actual ley del aborto de plazos, que entr¨® en vigor en 2010, para volver a la de 1985, que solo permit¨ªa interrumpir el embarazo en determinados supuestos. Reabrir a estas alturas el debate sobre el aborto resulta extempor¨¢neo y solo se explica por el deseo de hacer un gui?o a los sectores m¨¢s retr¨®grados de la extrema derecha con la que compite electoralmente. Al formular su propuesta, Casado utiliza adem¨¢s argumentos que no se sostienen, como que aquella ley ten¨ªa mayor consenso que la actual. La reforma no cuenta siquiera con el consenso de todo su partido. Hay que recordar que la actual ley de plazos se aprob¨® bajo el mandato del Gobierno socialista presidido por Rodr¨ªguez Zapatero, pero durante los mandatos de Mariano Rajoy no fue derogada, como tampoco la ley de matrimonio homosexual. El ¨²nico intento de hacerlo, para volver precisamente a una ley de supuestos m¨¢s retr¨®grada a¨²n que la de 1985, acab¨® con la dimisi¨®n y la carrera de Ruiz-Gallard¨®n, el entonces ministro de Justicia.

El otro argumento del l¨ªder popular expresado en la frase ¡°si queremos financiar las pensiones y la salud hemos de pensar en c¨®mo tener m¨¢s ni?os y no en c¨®mo los abortamos¡±, resulta peregrino. Establecer un v¨ªnculo entre la baja natalidad que sufre Espa?a y el aborto es de una inconsistencia sorprendente. La natalidad depende de muchos factores: su fomento solo puede basarse en una maternidad deseada y los abortos son casi siempre la consecuencia de embarazos no deseados.

En los 25 a?os que estuvo vigente, la ley de supuestos de 1985 permiti¨® abortar, pero en un clima de gran inseguridad tanto para las mujeres como para los profesionales. La ley autorizaba la interrupci¨®n del embarazo solo en caso de violaci¨®n, malformaci¨®n del feto o riesgo para la salud f¨ªsica o ps¨ªquica de la madre. La mayor¨ªa de casos se justificaban por el riesgo ps¨ªquico para la madre, pero esta calificaci¨®n pod¨ªa ser cuestionada en cualquier momento, lo que introduc¨ªa altas dosis de incertidumbre. La ley de plazos de 2010 permite abortar libremente hasta las 14 semanas de gestaci¨®n y despu¨¦s solo en determinados supuestos. Con esta ley Espa?a se ha alineado con la legislaci¨®n que rige en la mayor parte de pa¨ªses europeos. Durante su aplicaci¨®n no solo no ha aumentado el n¨²mero de abortos, sino que ha disminuido. Hemos pasado de una tasa de 11,78 abortos por cada mil mujeres a 10,51 y en cifras absolutas, de 113.000 abortos en 2010 a 94.000 en 2017. Lo que se espera de un pol¨ªtico responsable es que ayude a resolver los problemas del pa¨ªs, no que quiera crearlos all¨ª donde no los hay.