Un recurso m¨¢s

Todos los Gobiernos, de cualquier color pol¨ªtico, se han servido del decreto ley para materializar sus iniciativas, ya fuera porque no iban a contar con un claro respaldo, porque pretend¨ªan aplicarlas de forma inmediata, o para sortear cualquier debate que pudiera limitar su alcance. Se ha utilizado, tambi¨¦n, para posicionarse mejor ante pr¨®ximas competiciones electorales. La Constituci¨®n establece que el decreto ley solo puede aplicarse en casos de ¡°extraordinaria y urgente necesidad¡±. Si los gobernantes se hubieran atenido estrictamente al esp¨ªritu de esta indicaci¨®n, no se hubiera acudido con tanta frecuencia a un procedimiento pensado para situaciones poco habituales. Entre 1979 y 2015, el 29% de la legislaci¨®n lo fue por decreto ley, y entre 2008 y 2015, super¨® el 40%. No se ha utilizado para dar respuesta inmediata a situaciones excepcionales ¡ªaunque haya servido a veces para enfrentarse a situaciones de emergencia¡ª, sino para hacer pol¨ªticas que cada partido entend¨ªa como de ¡°extraordinaria y urgente necesidad¡±. Servirse del decreto ley para poner en marcha una serie de medidas no supone violar la legalidad, pero para obtener legitimidad resulta imprescindible que el Gobierno fundamente las razones que lo empujan a hacerlo.

La oposici¨®n ha reaccionado de manera airada al anuncio que ha hecho el PSOE de seguir gobernando hasta el ¨²ltimo Consejo de Ministros anterior a la cita electoral del 28 de abril. El l¨ªder del PP, Pablo Casado, le ha acusado de meter la mano en los ¡°bolsillos de los espa?oles¡± y quiere llevar el uso que haga ahora el presidente S¨¢nchez del decreto ley a la Junta Electoral; Albert Rivera, de Ciudadanos, ha manifestado que est¨¢ en contra de cualquier decretazo, y la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha acusado al PSOE de ir dopado a unas elecciones. La virulenta reacci¨®n al acaso poco afortunado anuncio del PSOE de lo que ha llamado viernes sociales ¡ªde clara impronta electoralista¡ª parece dar por sentado que la pol¨ªtica espa?ola discurre hoy por los rieles de la m¨¢s impecable cordura institucional, lo que lamentablemente no es el caso. Desde las elecciones de diciembre de 2015 todo tiende m¨¢s bien a lo excepcional. Se tuvo que volver a las urnas ante la imposibilidad de llegar a acuerdos, hubo un Gobierno en funciones durante un a?o, m¨¢s adelante fue una moci¨®n de censura la que propici¨® la llegada de un nuevo partido al poder, que habr¨ªa de observar enseguida c¨®mo la oposici¨®n bloqueaba a trav¨¦s de la Mesa del Congreso una y otra vez sus iniciativas parlamentarias. Pastor, por ejemplo, consider¨® razonable la ampliaci¨®n hasta 60 veces de los plazos de presentaci¨®n de enmiendas a un mismo proyecto de ley.

No corren buenos tiempos para las instituciones democr¨¢ticas, horadadas en todas partes por el ascenso de los populismos y por el toque m¨¢gico de sus l¨ªderes redentores. El propio escenario que se dibuja en Espa?a ante la pr¨®xima cita electoral revela una honda fragmentaci¨®n que se traduce en una polarizaci¨®n creciente. En esas circunstancias, gobernar puede ser una quimera y el decreto ley cobra protagonismo, pese a que todo el mundo pregona que esa peligrosa deriva debe llegar cuanto antes a su fin. Mientras tanto, al Gobierno no le queda otra que fundamentar cada uno de sus pasos, y a la oposici¨®n, criticarlos. Pero ni uno ni otra deber¨ªan caer en una teatralizaci¨®n ampulosa y vac¨ªa que termina reduciendo la pol¨ªtica a una burda pelea de gallos.