Expertos en bio¨¦tica respaldan el experimento con presos violentos que paraliz¨® Interior
Las leyes espa?olas no impiden la participaci¨®n de reclusos en investigaciones biom¨¦dicas
La repentina decisi¨®n del Ministerio del Interior de paralizar ¡°cautelarmente¡± un experimento con presos violentos, revelada el jueves por EL PA?S, ha desatado un debate en la comunidad cient¨ªfica. La investigaci¨®n, realizada en las c¨¢rceles de Huelva y C¨®rdoba, consist¨ªa en suministrar una leve corriente el¨¦ctrica en la frente de los reclusos y evaluar antes y despu¨¦s la percepci¨®n de su propia agresividad. Desde 2016, han participado 41 presos, 15 de ellos condenados por homicidio.
¡°No entiendo los reparos del Ministerio, m¨¢xime si esto ya viene de atr¨¢s¡±, opina Jos¨¦ Ram¨®n Amor, coordinador del Observatorio de Bio¨¦tica y Ciencia de la Fundaci¨®n Pablo VI. ¡°Es mucho lo que los presos, y de paso la sociedad, pueden ganar si esta t¨¦cnica funciona y es efectiva. Y parece que los riesgos son m¨ªnimos y perfectamente asumibles¡±, expone Amor, autor del libro Bio¨¦tica y Neurociencias. Los autores del experimento en las prisiones espa?olas esgrimen ca¨ªdas de hasta un 37% en sentimientos como la agresividad f¨ªsica.
¡°Es mucho lo que los presos, y de paso la sociedad, pueden ganar", argumenta el experto en bio¨¦tica Jos¨¦ Ram¨®n Amor
¡°La investigaci¨®n cumple los tr¨¢mites formales¡±, subraya el jurista Federico de Montalvo J??skel?inen, presidente del Comit¨¦ de Bio¨¦tica de Espa?a, el m¨¢ximo ¨®rgano consultivo del Gobierno en el ¨¢mbito de la ¨¦tica cient¨ªfica. Uno de los coordinadores del experimento, el psic¨®logo Andr¨¦s Molero, de la Universidad de Huelva, confirma que el estudio fue aprobado por el comit¨¦ ¨¦tico de su instituci¨®n, como marca la ley.
¡°Los menores de edad, las mujeres embarazadas, los reclusos y los enfermos mentales se consideran grupos vulnerables, pero la investigaci¨®n con ellos puede interesar por su propio bien. Se produce esa paradoja¡±, explica De Montalvo. ¡°En este caso, la intromisi¨®n en la integridad f¨ªsica de los presos es m¨ªnima. Habr¨ªa que valorar uno por uno el riesgo y el beneficio y explorar bien la autonom¨ªa de su consentimiento para participar en el experimento¡±, a?ade el jurista.
Las leyes espa?olas no mencionan ninguna restricci¨®n a la participaci¨®n de reclusos en investigaci¨®n m¨¦dica, seg¨²n confirma Asier Urruela, profesor de Derecho Penal en la Universidad de Zaragoza. A su juicio, ¡°si la investigaci¨®n ha pasado por un comit¨¦ ¨¦tico, el riesgo es m¨ªnimo y hay una potencial reducci¨®n de la agresividad, no deber¨ªa haber mayor problema¡±.
Los 41 reclusos de Huelva y C¨®rdoba se apuntaron voluntariamente al experimento, sin recibir ning¨²n beneficio econ¨®mico ni penitenciario a cambio. El experto en bio¨¦tica ??igo de Miguel, de la Universidad del Pa¨ªs Vasco, abre otro frente: ¡°?Es ¨¦tico privar a un preso del derecho a beneficiarse de una investigaci¨®n por el mero hecho de estar preso?¡±. Seg¨²n destaca, ¡°el derecho a beneficiarse de una investigaci¨®n es un derecho consagrado, por ejemplo, en el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Econ¨®micos y Culturales, ratificado por Espa?a¡±.
¡°Si todo est¨¢ correcto, se autorizar¨¢ su reanudaci¨®n¡±, afirman fuentes de Instituciones Penitenciarias
Respecto al uso de la estimulaci¨®n el¨¦ctrica cerebral para intentar reducir la agresividad, la m¨¦dica y psic¨®loga Montserrat Esquerda, directora del Instituto Borja de Bio¨¦tica de la Universitat Ramon Llull, cree que ¡°hay estudios previos que avalan su aplicaci¨®n, as¨ª como estudios en otros ¨¢mbitos, tanto en trastornos psiqui¨¢tricos como neurol¨®gicos¡±. El trabajo en las prisiones de Huelva y C¨®rdoba ¡°parece metodol¨®gicamente correcto¡±, apunta.
¡°Entiendo que ese proyecto ha sido visado por un comit¨¦ ¨¦tico de investigaci¨®n cl¨ªnica acreditado, por lo que su idoneidad ¨¦tica para m¨ª est¨¢ fuera de duda¡±, sostiene Julio Garc¨ªa Guerrero, m¨¦dico funcionario del Centro Penitenciario de Castell¨®n I hasta su reciente jubilaci¨®n. Su tesis doctoral, defendida en 2013 en la Universidad de Valencia, vers¨® sobre el consentimiento informado en los pacientes privados de libertad. ¡°En mi opini¨®n, siempre que se garantice la autenticidad de la voluntariedad en la participaci¨®n de un preso como sujeto de investigaci¨®n, no hay motivos para no permitirle hacerlo¡±, zanja.
Desde Instituciones Penitenciarias insist¨ªan este viernes en que la decisi¨®n de paralizar el estudio, tras haber dado el visto bueno el 22 de enero de 2019 al inicio de una segunda fase del mismo, es ¡°cautelar¡±. ¡°La ¨²ltima autorizaci¨®n se dio de modo casi autom¨¢tico, algo habitual cuando en la anterior fase del estudio no se hab¨ªa registrado ninguna incidencia. Sin embargo, al conocer que se entra en una nueva fase, se ha decidido paralizar hasta que recabemos todos los datos de en qu¨¦ consiste¡±, se?alan fuentes de Prisiones. Para ello, Interior ha encargado un informe a la Subdirecci¨®n General de Sanidad Penitenciaria. ¡°Si todo est¨¢ correcto, se autorizar¨¢ su reanudaci¨®n¡±, a?aden antes de recalcar que la decisi¨®n de Interior de frenar ¡°no pretende poner en duda la validez cient¨ªfica del experimento¡±.
¡°?Es ¨¦tico privar a un preso del derecho a beneficiarse de una investigaci¨®n?", se pregunta el profesor ??igo de Miguel
El inicio del estudio y la solicitud previa de autorizaci¨®n se remontan a 2016. Entonces, los responsables del experimento remitieron a Instituciones Penitenciarias un dosier con los detalles del experimento. Tras su estudio, la Subdirecci¨®n General de Tratamiento dio el visto bueno y se lo comunic¨® a los centros penitenciarios en los que se iba a desarrollar, los de Huelva y C¨®rdoba. A los autores se les exigi¨® que cumplieran con la Ley de Protecci¨®n de Datos para preservar el anonimato de los presos que formaran parte del estudio, que la participaci¨®n de estos fuera voluntaria y que, adem¨¢s, hicieran un consentimiento por escrito. Tambi¨¦n se reclam¨® a los cient¨ªficos que enviaran una copia del informe con los resultados.
Funcionarios de los dos centros consultados por EL PA?S afirman que durante los dos meses que duraron las pruebas no se produjo ninguna incidencia. ¡°Para algunos de los presos fue como un juego¡±, recuerda uno de los trabajadores penitenciarios que fue testigo del experimento. Estas mismas fuentes aseguran que a los internos se les inform¨® de que se les iba ¡°a medir su nivel de agresividad¡± y que todos los que finalmente intervinieron lo hicieron con car¨¢cter voluntario y sin recibir nada a cambio.
En el caso de la prisi¨®n de C¨®rdoba, participaron presos de los m¨®dulos 1, 3, 4 y 11, todos considerados zonas de respeto, ya que en ellos est¨¢n recluidos internos no conflictivos que han aceptado una serie de normas de convivencia. Fuentes de la prisi¨®n a?aden que, desde el primer momento, se descart¨® realizar el experimento con internos de los m¨®dulos de aislamiento, los m¨¢s problem¨¢ticos.
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