Espa?a rural: ?despoblaci¨®n o desatenci¨®n?

La ¡°cuesti¨®n rural¡± reaparece en la agenda pol¨ªtica de nuestro pa¨ªs como si siguiera ciclos decenales. La ¨²ltima vez que ocurri¨® fue a principios de 2008, cuando entr¨® en vigor la primera y a¨²n inaplicada ley estatal Para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural (Ley 45/2007). En la actualidad, esta reaparici¨®n ha estado precedida por algunos ensayos period¨ªsticos exitosos, que han contribuido a resaltar esta vez la preocupaci¨®n por el ¡°despoblamiento rural¡±.

Sin embargo, ni nuestro medio rural se caracteriza ¨²nicamente por su despoblamiento, ni este constituye la causa de su situaci¨®n actual. Por el contrario, se trata de uno de los principales efectos de su atraso, que solo afecta a una parte, aunque muy significativa, de lo que hoy d¨ªa debemos entender por medio rural. Poner el ¨¦nfasis en el despoblamiento constituye un diagn¨®stico equivocado del que no cabe deducir las pol¨ªticas que el medio rural merece.

Que en buena parte de la mitad sur de Espa?a predominen municipios rurales de mediano tama?o, mientras en el resto del pa¨ªs se asientan en su mayor¨ªa peque?os municipios, constituye el efecto de nuestro particular proceso de desarrollo econ¨®mico. As¨ª, hemos heredado 8.100 municipios y varios miles de entidades locales menores, resultado de una evoluci¨®n secular de nuestra poblaci¨®n incompatible con su fijaci¨®n en los territorios rurales.

Como es bien sabido, unas pocas grandes ¨¢reas urbanas han acaparado la actividad econ¨®mica, los recursos y los frutos del desarrollo, especialmente a partir del ¨²ltimo tercio del siglo XX, quedando al margen amplias ¨¢reas rurales y sus municipios. Recordemos, por ejemplo, que en ese periodo los jornaleros agrarios de las ¨¢reas latifundistas y los peque?os agricultores de todo el pa¨ªs tuvieron que abandonar en masa el medio rural.

No obstante, si en lugar de analizar la situaci¨®n rural a escala municipal, ampliamos el foco por zonas o comarcas, el resultado es muy diferente. Con ello el desequilibrio territorial no desaparece, pero puede ser abordable. No se trata de obviar fen¨®menos como el elevado n¨²mero de peque?os municipios en trance de desaparici¨®n, sino de adoptar la premisa de que el desarrollo rural solo puede enfrentarse con ¨¦xito actuando sobre unidades territoriales amplias, formadas por municipios agregados (comarcas) que compartan planes de inversiones p¨²blicas y privadas incentivadas en respuesta a una estrategia de futuro.

Las zonas rurales se contemplan como un complemento asequible para alcanzar mayor¨ªas electorales

Se trata de considerar que, como recoge la ley rural estatal, nuestra realidad rural es diversa. Tenemos zonas rurales ¡°a revitalizar¡± ciertamente atrasadas donde hay que actuar prioritariamente, junto a zonas rurales ¡°intermedias¡± con un significativo dinamismo socioecon¨®mico y cuyo atraso es solo relativo, as¨ª como zonas rurales ¡°periurbanas¡± que padecen importantes consecuencias negativas del desarrollo urbano concentrado. Desde esta perspectiva, poseemos unas doscientas comarcas rurales que requieren una atenci¨®n p¨²blica diferenciada, en lugar de miles de peque?os municipios que carecen aisladamente de viabilidad y protagonizan el despoblamiento rural. Generalmente, al describir el despoblamiento de los municipios rurales, se suele concluir con una llamada gen¨¦rica a la atenci¨®n p¨²blica necesaria para evitar su extinci¨®n.

Pero esta apelaci¨®n, tan bienintencionada como est¨¦ril, choca con poderosas barreras. En particular, con una pretendida racionalidad econ¨®mica: no es rentable mantener en las zonas rurales equipamientos y servicios p¨²blicos equiparables a los de las ciudades; y con una justificaci¨®n pol¨ªtica: las zonas rurales se contemplan como un complemento electoral f¨¢cilmente asequible para alcanzar mayor¨ªas. En realidad, lo que existe es una desatenci¨®n p¨²blica manifiesta y continuada, que se muestra a trav¨¦s del contenido de pol¨ªticas rurales exclusivamente procedentes de la Uni¨®n Europea, ante la ausencia de las de car¨¢cter estatal. Una somera revisi¨®n del alcance de estas ¨²nicas pol¨ªticas y del impacto alcanzado por sus medidas pone en evidencia dos resultados: que las Administraciones p¨²blicas dedican muy escasos recursos al desarrollo rural y que sus beneficiarios son muy reducidos.

La pol¨ªtica rural de la UE, despu¨¦s de varias d¨¦cadas de reformas, se ha convertido en un ap¨¦ndice minoritario de la Pol¨ªtica Agraria Com¨²n. Con relaci¨®n a Espa?a, apenas el 3% del apoyo total percibido tiene como objetivo espec¨ªfico el ¡°desarrollo econ¨®mico de las zonas rurales¡± y, m¨¢s a¨²n, tiene como potenciales beneficiarios a la poblaci¨®n rural en su conjunto. Porque el 97% de la PAC se dedica mayoritariamente a subvencionar a los propietarios de tierras por sus v¨ªnculos con la actividad agroalimentaria o agroambiental.

Ante esta situaci¨®n no cab¨ªa esperar mejoras apreciables en nuestro medio rural impulsadas por la UE. Por ello, tal como hab¨ªan hecho con anterioridad los principales pa¨ªses europeos, nos dotamos con una pol¨ªtica rural propia: la ley rural estatal de 2007. La inaplicaci¨®n de este potente instrumento legislativo, tras un intento fallido que se agot¨® en 2010, ha impedido suplir y multiplicar el d¨¦bil alcance de las medidas europeas, promoviendo ¡°planes de zona¡± multisectoriales y plurianuales que involucren a todas las Administraciones y al sector privado.

La pol¨ªtica de la UE, despu¨¦s de varias reformas, es ya un ap¨¦ndice minoritario de la Pol¨ªtica Agraria Com¨²n

Muy al contrario, a partir de 2012 la legislaci¨®n rural experiment¨® un giro de 180 grados. Siguiendo las pautas de la Ley Org¨¢nica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que bloque¨® la capacidad de gasto de los municipios, se puso en marcha la Reforma de la Administraci¨®n Local de 2013 orientada a la liquidaci¨®n competencial y patrimonial de los municipios rurales. Brevemente, una reforma que propugna el abandono, la supresi¨®n o la privatizaci¨®n de sus servicios p¨²blicos esenciales, por lo que su derogaci¨®n es obligada y urgente, pues sigue vigente.

El despoblamiento de una buena parte de nuestro medio rural es consecuencia de su atraso socioecon¨®mico y su desatenci¨®n p¨²blica. El verdadero desaf¨ªo estriba en promover la aplicaci¨®n de una pol¨ªtica estatal para el ¡°desarrollo sostenible del medio rural¡±. Pues este inmenso territorio alberga la pr¨¢ctica totalidad de nuestros recursos naturales y una parte muy destacada de los culturales, cuya conservaci¨®n y recuperaci¨®n afectan tanto a la poblaci¨®n rural como a la urbana.

Que la Administraci¨®n General del Estado posea un n¨²mero limitado de competencias de actuaci¨®n directa en las zonas rurales, no justifica su pasividad frente al empeoramiento de los desequilibrios territoriales existentes. Tiene la obligaci¨®n de promover pol¨ªticas de desarrollo rural inspiradas en el principio de solidaridad interterritorial recogido en nuestra Constituci¨®n. Del mismo modo, las Comunidades Aut¨®nomas, como principales titulares de las competencias rurales, no pueden hacer dejaci¨®n de su responsabilidad y limitarse a aplicar unas d¨¦biles pol¨ªticas europeas.

En conclusi¨®n, el principal obst¨¢culo reside en superar la inacci¨®n pol¨ªtica imperante, favorecedora del mantenimiento de una atenci¨®n p¨²blica tutelada, clientelar y muy deficiente en el medio rural. Disponemos de una pol¨ªtica rural de Estado desde hace una d¨¦cada, ?por qu¨¦ no se aplica?

Jes¨²s G. Regidor es profesor de la Universidad Aut¨®noma de Madrid.