Borr¨®n y cuentas nuevas en M¨¦xico

Las grandes corporaciones suelen aprovechar su envergadura econ¨®mica para intervenir en pol¨ªtica y obtener regulaciones beneficiosas. Pero cuando al tama?o de las empresas se suman la corrupci¨®n y el subdesarrollo institucional de los pa¨ªses donde operan el resultado es criminal. Nos topamos con la Uni¨®n Carbide de los pesticidas en India, de los vertidos de Shell en el delta del N¨ªger y con la subasta latinoamericana de presidentes, jueces, diputados y sindicalistas. La intromisi¨®n en Gobiernos y poderes p¨²blicos es m¨¢s sofisticada que la ejercida por la estadounidense ITT en los setenta en Chile para derrocar a Salvador Allende. Est¨¢ relacionada con la globalizaci¨®n y la concentraci¨®n de riqueza tras la Guerra Fr¨ªa.

El escamoteo de las obligaciones fiscales sigue tan arraigado que el presidente de M¨¦xico se plant¨®. Aunque su discurso es m¨¢s opaco que di¨¢fano, Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador ha sido claro en la promulgaci¨®n de un decreto que no admite circunloquios: los grandes contribuyentes deber¨¢n pagar lo que corresponda, sin las condonaciones concedidas por los Gobiernos del conservador PAN y del ambivalente PRI. Las bulas causaron una fuga superior a los 21.000 millones de d¨®lares desde 2007.

El tr¨¢fico de influencias y las agarraderas, cuando no la coacci¨®n de guante blanco, permitieron a los contribuyentes de peso eludir sus obligaciones fiscales: se les eximi¨® del pago de impuestos o les fueron cobrados a beneficio de inventario, con garant¨ªas de devoluci¨®n. Las condonaciones son facultad presidencial al amparo del art¨ªculo 39 del C¨®digo Fiscal de M¨¦xico. La discrecionalidad en su aplicaci¨®n ha tenido efectos corrosivos en el imaginario colectivo sobre derechos y deberes.

La moral tributaria de Am¨¦rica Latina seguir¨¢ resquebraj¨¢ndose a caballo del mercadeo de las administraciones y los poderes empresariales mientras la carga y la persecuci¨®n inspectora se concentren en las clases medias y bajas, el consumo y el comercio. El contribuyente reh¨²ye sus deberes en la creencia de que las cuant¨ªas adeudadas se pactan a conveniencia. Esa presunci¨®n de estafa al erario p¨²blico no sorprende porque prohombres que reclaman decencia y seguridad jur¨ªdica maquinan la evasi¨®n de los tributos necesarios para programas sociales.

Si la disposici¨®n a pagar es poca, cuando se descubre que los m¨¢s ricos se escaquean con complicidades gubernamentales, la voluntad de hacerlo desaparece. Poco importa que millonarios y multinacionales generen el empleo y la riqueza que el Estado no sabe crear: la ciudadan¨ªa latinoamericana es proclive a justificar el incumplimiento de sus responsabilidades argumentando que no recibe los servicios que merece. Sin apenas conciencia de culpa, deber¨¢ asumirlas porque en el origen de la exclusi¨®n y la pobreza inciden los privilegios, pero tambi¨¦n la generalizada cultura de la transgresi¨®n y el enga?o.