Democracia participativa

Se suele plantear que la participaci¨®n de los ciudadanos en la vida pol¨ªtica debe ir m¨¢s all¨¢ de la mera emisi¨®n de votos cada cuatro a?os. La cuesti¨®n es c¨®mo establecer mecanismos de participaci¨®n. En la medida en que los partidos son las instituciones a trav¨¦s de las cuales se produce la participaci¨®n de los ciudadanos en pol¨ªtica, la democratizaci¨®n y dinamizaci¨®n de los partidos deber¨ªa ser una de esas v¨ªas. En los partidos se plantean y se toman decisiones sobre cuestiones program¨¢ticas, y en su seno se eligen los l¨ªderes que tratar¨¢n de llevar a cabo los objetivos gen¨¦ricos establecidos. Pero queda un poco alejado de esa instancia el dise?o y seguimiento de las pol¨ªticas p¨²blicas concretas, que, a la postre, ser¨¢n las que validar¨¢n la acci¨®n pol¨ªtica y las que acercar¨¢n los fines perseguidos a los ciudadanos.

Reflexionando sobre las acciones para mejorar la gobernanza en un pa¨ªs como Espa?a, surgen v¨ªas para intensificar la ¡°democracia participativa¡±, que resultan complementarias a las que ofrecen los partidos pol¨ªticos.

Una buena gobernanza necesita de transparencia de la acci¨®n p¨²blica en todos los niveles. La transparencia es exigible en todas las decisiones de las administraciones. Desde luego en los procesos de contrataci¨®n p¨²blica (de obras, servicios y personas). Pero tambi¨¦n en otras ¨¢reas de la acci¨®n pol¨ªtica, como es el dise?o de regulaciones y de programas de gasto, y en la necesaria evaluaci¨®n de unas y de otros. Y ah¨ª es donde la participaci¨®n ciudadana no solo se podr¨ªa producir, sino que ser¨ªa muy conveniente que as¨ª fuera.

Transparencia en el dise?o de normas regulatorias y de programas significa que el proyecto concreto, y los estudios en los que se basa, estuvieran previamente a disposici¨®n de los ciudadanos interesados en los portales correspondientes, pr¨¢ctica nunca llevada a t¨¦rmino, aunque estaba en el esp¨ªritu del Decreto 1083/2009, que impuls¨® las Memorias de An¨¢lisis de Impacto Normativo (MAIN) que deber¨ªan acompa?ar todo proyecto normativo. A partir de esa informaci¨®n, los ciudadanos tendr¨ªan la capacidad de formar su opini¨®n, tanto sobre los objetivos concretos y procedimientos para alcanzarlos, como sobre los estudios que lo justifican (si no los hubiera, o fueran chapuzas para salir del paso, cabr¨ªa que se preguntaran acerca de los intereses que han impulsado una pol¨ªtica p¨²blica sin fundamento). Posiblemente, los interesados, para realizar el an¨¢lisis de las propuestas y para alcanzar conclusiones fundadas sobre el proyecto ¡ªque har¨ªan llegar a los poderes p¨²blicos¡ª, se ver¨ªan empujados a asociarse con otros ciudadanos, para buscar asesoramiento y promover los estudios e informes necesarios o, alternativamente, utilizar alguna de las organizaciones privadas ya existentes, del tipo de la Fundaci¨®n Civio, tan activa en la defensa de la transparencia y del buen gobierno. Ello contribuir¨ªa a impulsar la presencia de la sociedad civil y presionar¨ªa para un mayor rigor en las pol¨ªticas p¨²blicas.

Transparencia significa que un proyecto concreto, y los estudios en los que se basa, estuvieran a disposici¨®n de los ciudadanos

En un contexto de buena gobernanza, las normas y los programas de gasto deber¨ªan ser, adem¨¢s, evaluados ex post de forma independiente y transparente. Y aqu¨ª tambi¨¦n, si se hiciera con transparencia, los ciudadanos interesados podr¨ªan comprobar si la evaluaci¨®n est¨¢ bien hecha y si los resultados de la misma justifican esa regulaci¨®n o ese programa de gasto o, por el contrario, deber¨ªa cambiarse su dise?o o la forma en que se ha gestionado, exigiendo responsabilidades si el eventual fracaso de un buen proyecto se debiera a una gesti¨®n deficiente.

De esta forma se producir¨ªa una participaci¨®n activa de los ciudadanos en la acci¨®n pol¨ªtica, velando directamente por el buen dise?o y la buena realizaci¨®n de las pol¨ªticas p¨²blicas que les afectan o por las que tienen un genuino inter¨¦s. ?No es esto una forma de democracia participativa?

Exigir que las pol¨ªticas p¨²blicas est¨¦n basadas en an¨¢lisis rigurosos de datos requiere poca justificaci¨®n, pero s¨ª mucha insistencia, porque no es lo m¨¢s frecuente. La incorporaci¨®n de la sociedad civil al dise?o y evaluaci¨®n de esas pol¨ªticas necesitar¨ªa permitir el acceso a datos relevantes en poder de la administraci¨®n, a los profesionales que asesoran a los ciudadanos. Algunos de esos datos son de origen registral que en ocasiones conviene cruzar con otros del mismo tipo de origen (historia laboral, con datos fiscales y educativos, por ejemplo). A la hora de permitir el acceso a estos datos es obligado preservar el anonimato de los sujetos. Habr¨ªa forma de hacerlo, sin embargo. La Autoridad Fiscal (Airef), que ha empezado a realizar ejercicios de evaluaci¨®n de programas ¡ªesos que deber¨ªa haber hecho la extinta, por inacci¨®n, Agencia Estatal de Evaluaci¨®n de la Calidad (Aeval)¡ª est¨¢ explorando procedimientos para que estudiosos interesados puedan utilizar los datos sin violar el anonimato.

Carlos Sebasti¨¢n es catedr¨¢tico y autor de Para que Espa?a avance (Galaxia Gutenberg).