Consejo precario

La imposibilidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial, en funciones desde el mes de diciembre, est¨¢ dando lugar a un creciente enfrentamiento entre este ¨®rgano de gobierno de los jueces y tres de las cuatro asociaciones que representan sus intereses. Las razones detr¨¢s de la tensi¨®n est¨¢n relacionadas con la iniciativa adoptada por el Consejo de convocar las vacantes de hasta 13 cargos relevantes de la justicia, desde la presidencia de la Audiencia Nacional hasta las de varias Audiencias Provinciales y puestos destacados en Tribunales Superiores de Justicia. A este contencioso se suma el malestar de algunos magistrados por otras decisiones del Consejo, como el nombramiento de un juez de refuerzo de la Audiencia Nacional salt¨¢ndose el escalaf¨®n o el mantenimiento de los magistrados Enrique L¨®pez y Eloy Velasco como adscritos a la Audiencia Nacional despu¨¦s de que el Supremo anulase las plazas que se les hab¨ªan concedido.

El Consejo y su presidente, Carlos Lesmes, han respondido a las cr¨ªticas subrayando la transparencia de los procesos de selecci¨®n. El problema es, sin embargo, de otra naturaleza, con independencia de que las asociaciones de jueces hayan mostrado reservas sobre una utilizaci¨®n interesada de los plazos. Puesto que el nombramiento de integrantes en los distintos tribunales excede la administraci¨®n de los asuntos ordinarios que puede realizar un Gobierno en funciones, as¨ª sea el de los jueces, el Consejo no se encuentra en las m¨ªnimas condiciones exigibles para realizarlos mientras su composici¨®n no haya sido renovada por el Congreso.

Se trata de un asunto que resolver¨¢ el Tribunal Supremo en respuesta a las m¨²ltiples impugnaciones de las que han sido objeto las convocatorias, as¨ª como a las nuevas que anuncian las asociaciones para cuando se conozca el nombre de los elegidos. La simple posibilidad de que las impugnaciones prosperen es prueba de la precariedad legal desde la que el Consejo ha procedido a la provisi¨®n de puestos. Con la paradoja a?adida de que unos magistrados en tiempo de descuento se hayan lanzado a intervenir sobre la jerarqu¨ªa judicial con decisiones de efectos indefinidos. Si realmente el Consejo presidido por Lesmes considera improrrogable la interinidad en algunos tribunales, con mayor motivo deber¨ªa tomar conciencia de la del ¨®rgano que preside.

La prudencia en todo cuanto exceda la administraci¨®n de los asuntos ordinarios es obligada en cualquier organismo en funciones, y m¨¢s todav¨ªa en este concreto Consejo General del Poder Judicial. La causa de que no se renovara durante la anterior legislatura no fue solo el calendario electoral, sino tambi¨¦n el esc¨¢ndalo que abort¨® el incipiente acuerdo alcanzado por el Partido Popular y el socialista. Un mensaje colectivo del diputado Ignacio Cosid¨® a los miembros de su grupo popular puso en evidencia la voluntad de manipular el Consejo y el Supremo por parte del PP, arrojando espesas sombras de sospecha sobre la connivencia de algunos magistrados. Para disiparlas, el juez que conduce el proceso contra los independentistas catalanes, Manuel Marchena, prefiri¨® abandonar la carrera por presidir el Supremo.

Lesmes asegura que solicitar¨¢ de nuevo al Congreso la renovaci¨®n del Consejo. Al hacerlo despu¨¦s de iniciado el tr¨¢mite de los nombramientos, cabe dudar si est¨¢ ejerciendo una responsabilidad o buscando una coartada.