Cuenta atr¨¢s

El candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro S¨¢nchez, solicit¨® de la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, la convocatoria del pleno de investidura para el pr¨®ximo 22 de julio. En contra de lo anunciado, S¨¢nchez no pudo realizar la solicitud desplaz¨¢ndose hasta el Congreso, por haberse prolongado el Consejo Europeo para acordar los principales cargos de la Uni¨®n. Pero tambi¨¦n, y sobre todo, por haber apurado los plazos para que, si no supera la investidura, la convocatoria autom¨¢tica de nuevas elecciones tenga lugar en la fecha que hab¨ªa decidido de antemano, el pr¨®ximo 10 de noviembre.

Por ambas razones, y no solo por la primera, la v¨ªa de comunicaci¨®n del candidato con la presidenta del Congreso vino a sumarse a otras licencias con los procedimientos previstos para la formaci¨®n de Gobierno, como comparecer en la ronda de contactos convocada por el Rey sin haber sondeado suficientemente al resto de los partidos en busca de apoyos o introducir un injustificado tiempo muerto entre el encargo real y el momento de acudir a la C¨¢mara. No se trata de cuestiones irrelevantes sino de la manifestaci¨®n formal de un asunto de fondo: desde la celebraci¨®n de las elecciones generales y el recuento de los votos, el presidente en funciones no ha entablado apenas negociaciones con otras fuerzas parlamentarias para revalidar su mandato. Simplemente, ha aguardado la conclusi¨®n de los principales pactos municipales y auton¨®micos a fin de calibrar el margen pol¨ªtico del que dispondr¨¢ para afrontar la investidura.

La responsabilidad por este contraproducente comp¨¢s de espera no es, sin embargo, exclusiva del candidato socialista, puesto que la l¨®gica desde la que ha actuado es a fin de cuentas la misma que la de las fuerzas que han rechazado como cuesti¨®n de principio cualquier entendimiento, y tambi¨¦n aquellas otras que insisten en anteponer el reparto de cargos a la discusi¨®n de las posibles medidas de Gobierno. En contra del argumento al que han recurrido, la fidelidad a las promesas electorales realizadas en campa?a no puede prevalecer sobre el deber constitucional de contribuir a que el Legislativo cumpla con su primera funci¨®n, que es conformar una mayor¨ªa que dote al sistema de un Ejecutivo. Si se ha llegado a una situaci¨®n que podr¨ªa conducir a una nueva llamada a las urnas no es porque existan resultados imposibles de gestionar, sino promesas que jam¨¢s deber¨ªan hacerse.

El juego combinado de vetos irrevocables, exigencias personalistas y manejo intencionado de los plazos constitucionales transmite un inquietante mensaje pol¨ªtico, puesto que corrobora el temor de que, en el mejor de los casos, el pa¨ªs no cuente con un Gobierno para afrontar las profundas reformas que se precisan hasta principios del pr¨®ximo a?o. Para evitarlo, S¨¢nchez ha anunciado una nueva ronda de contactos con los l¨ªderes de los grupos parlamentarios, a excepci¨®n de los de Vox y EH Bildu. Ciudadanos, por su parte, se ha apresurado a comunicar que no asistir¨¢, perseverando en una radicalizaci¨®n cuyas formas degradan las instituciones. Pero no es este el mayor obst¨¢culo al que se enfrenta la iniciativa de S¨¢nchez, adoptada en la confianza de instrumentalizar a su favor la inexorable cuenta atr¨¢s hacia otras elecciones. Porque la pregunta a estas alturas sigue siendo, no con qui¨¦n se dispone a pactar, sino en torno a qu¨¦ programa pretende hacerlo.