Primer acto

La renuncia a integrar un eventual Gobierno de coalici¨®n, en el ¨²ltimo momento, por parte del l¨ªder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, parece haber despejado el camino para la investidura del candidato socialista, Pedro S¨¢nchez, a la presidencia del Gobierno. El desenlace del pulso mantenido por ambos dirigentes desde hace semanas llevar¨ªa a pensar que S¨¢nchez se ha impuesto a Iglesias, pero, a cambio, habr¨¢ un Gobierno de coalici¨®n y no monocolor, que era una exigencia central de Unidas Podemos. No est¨¢ todo logrado para el desenlace final: la exigencia ¨²ltima de Iglesias, reclamando designar los cargos que integrar¨ªan el equipo ministerial de S¨¢nchez, choca con el hecho de que, constitucionalmente, es el presidente quien elige a su equipo. Y ello dando por descontados los requisitos de competencia, que en ning¨²n caso pueden ceder a los de la conveniencia org¨¢nica, y que afectan de igual modo a los dos partidos coaligados.

La propuesta socialista de abordar la negociaci¨®n del programa como siguiente paso para el acuerdo de investidura es sin duda coherente con esta necesidad de competencia de los candidatos a formar parte del Consejo de Ministros. Pero su relevancia pol¨ªtica es previa y m¨¢s reveladora de la anomal¨ªa que se hab¨ªa instalado en el coraz¨®n del sistema parlamentario, hasta provocar el espejismo de que era este el que fallaba: han sido necesarios tres meses para que las fuerzas con representaci¨®n parlamentaria hayan comenzado a hablar, por fin, de las reformas y prioridades que el pa¨ªs necesita con urgencia. Fue para decidir el sentido y la profundidad de esas reformas para lo que los ciudadanos acudieron a las urnas, no para participar en un juego t¨¢ctico sin contenido, en el que unos partidos se negaban a pactar con otros de antemano por razones electoralistas o, incluso, psicol¨®gicas; en ning¨²n caso, por los ¨²nicos motivos atendibles en una C¨¢mara constituida leg¨ªtimamente, en la que los miembros que ocupan efectivamente un esca?o es porque no existen razones legales que lo impidan y en el que cada diputado, por el simple hecho de serlo, deja de representar exclusivamente a sus electores y pasa a hacerlo de la totalidad de la ciudadan¨ªa.

De no fracasar el potencial acuerdo de investidura al que ha abierto la puerta la renuncia de Iglesias, el siguiente obst¨¢culo consistir¨¢ en garantizar la gobernabilidad para la legislatura. La aritm¨¦tica parlamentaria exigir¨¢ de manera inexorable la participaci¨®n directa o indirecta de fuerzas pol¨ªticas cuyas acciones recientes trataron de poner en jaque el orden constitucional. La tentaci¨®n de utilizar su posici¨®n para exigir contrapartidas incompatibles con ese orden no ha desaparecido de su discurso, conscientes, adem¨¢s, de la ventaja que les ofrece gratuitamente la divisi¨®n entre los partidos no independentistas. Roza la m¨¢s injustificable sinraz¨®n el hecho de que estos no hayan logrado siquiera afirmar conjuntamente su compromiso con la unidad territorial en torno a la Constituci¨®n, desencadenando, en contrapartida, una competici¨®n tan est¨¦ril como narcisista por exhibirse como los campeones en su defensa.

El pleno que comienza ma?ana podr¨¢ tal vez conducir al desbloqueo institucional, pero es casi seguro que ser¨¢ el primer acto de una legislatura muy complicada, con voluntad de durar cuatro a?os, en la que todos los partidos habr¨¢n de normalizar sus actuaciones. Como el bloqueo vivido hasta ahora, tambi¨¦n la crispaci¨®n ha sido un fen¨®meno inducido por las actitudes pol¨ªticas de los partidos. Cabe esperar que las fuerzas que han buscado la salida que empieza a perfilarse para as¨ª denunciarla no incurran en el farise¨ªsmo de rasgarse las vestiduras. Tuvieron en su mano facilitar otra salida, que desde?aron no porque le conviniera al pa¨ªs, sino a sus enso?aciones electorales. Ahora todo depende de los programas, de la transparencia con la que sean negociados y expuestos, y de su inequ¨ªvoco encaje en el marco constitucional.