Disparar al periodista

Los asesinatos de tres periodistas en M¨¦xico en los ¨²ltimos d¨ªas deber¨ªan haber bastado para encender las alarmas en la sociedad, as¨ª como para poner en marcha la maquinaria policial: capturar a los responsables y asegurar que se enfrentan al peso de la ley. No ha sido el caso. Y esto da fe no solo de la secular incapacidad del Estado mexicano de proteger a sus ciudadanos, sean o no periodistas. Tambi¨¦n de la ineficacia de la fiscal¨ªa en la persecuci¨®n del crimen. S¨®lo el 1% de las investigaciones acaba en condena. Las consecuencias de esto no pueden ser m¨¢s desalentadoras.

Los nombres y lugares de origen de los tres periodistas asesinados (Rodolfo Barrag¨¢n, Edgar Nava y Jorge Ruiz) ofrecen una primera radiograf¨ªa de la impunidad. La mayor¨ªa de las v¨ªctimas en los ¨²ltimos a?os vienen de pueblos o ciudades peque?as, donde la presencia del Estado es m¨¢s d¨¦bil y los caciques locales, las mafias o el narco, m¨¢s fuertes. Tampoco resultan inhabituales las alianzas entre estos, lo que les permite acallar sin escr¨²pulos las pocas voces que a¨²n se atreven a denunciar sus desmanes.

M¨¦xico es el pa¨ªs m¨¢s peligroso de Am¨¦rica Latina para ejercer el periodismo, seg¨²n un informe de Reporteros sin Fronteras. Este a?o ya se han producido nueve asesinatos, la misma cifra que en todo 2018. Las denuncias period¨ªsticas contra criminales o contra funcionarios corruptos resultan especialmente valientes ¡ªy proporcionalmente m¨¢s peligrosas¡ª en lugares alejados del poder central, donde la relaci¨®n de fuerzas favorece a los mandamases locales.

En este clima de miedo, resulta comprensible que los periodistas dejen de informar, que los peri¨®dicos renuncien a cubrir ¨¢reas relacionadas con el crimen o el narcotr¨¢fico, y que las autoridades locales se vean con la fuerza suficiente para imponer una mordaza al derecho constitucional de los ciudadanos a disponer de informaci¨®n veraz y relevante. En M¨¦xico se est¨¢n formando o consolidando burbujas de silencio, zonas o asuntos sobre los que ya no resulta posible informar sin arriesgar la vida.

Ante la amenaza criminal de imponer el silencio, el Estado de derecho tiene que prevalecer. El Gobierno debe abandonar el fatalismo y la resignaci¨®n con la que hasta ahora ha afrontado el problema, desbordado por la oleada de miles de asesinatos. La nueva Administraci¨®n de L¨®pez Obrador se ha mostrado m¨¢s sensible a esta tragedia que a las de sus predecesores. Necesita asentar las bases de una soluci¨®n a corto plazo. Las estrategias de silenciamiento de las redes pol¨ªtico-criminales locales no deben encontrar amparo en un Estado sobrepasado por el crimen. Y el Gobierno debe entender, de una vez por todas, que su primera obligaci¨®n es proteger la vida de sus ciudadanos. Tambi¨¦n la de los periodistas.