La tentaci¨®n populista
Para conseguir un Brexit duro, Boris Johnson pretende enfrentar a la sociedad brit¨¢nica con sus instituciones
El Brexit consume las energ¨ªas de Reino Unido desde hace ya tres largos a?os. El proceso comenz¨® con el temerario refer¨¦ndum convocado por el ex primer ministro Cameron. Su objetivo era zanjar el interminable debate sobre la permanencia brit¨¢nica en la UE. Parad¨®jicamente, lo ¨²nico que el refer¨¦ndum zanj¨® fue el Gobierno del propio Cameron. Desde entonces, el Brexit ha derivado en un drama pol¨ªtico interminable, en el que uno de los m¨¢s sufridos protagonistas es el venerable constitucionalismo brit¨¢nico.
Basado en un sistema de soberan¨ªa parlamentaria, Westminster es el centro mismo de la vida pol¨ªtica de Reino Unido. Aferrados a la versi¨®n m¨¢s nacionalista de este modelo constitucional, los brexiters argumentaron que la salida de la UE permitir¨ªa a los brit¨¢nicos ¡°recuperar el control¡±, dando a Westminster la posibilidad de decidirlo todo sin las imposiciones de los pol¨ªticos de la lejana Bruselas.
Este Parlamento, empero, no est¨¢ digiriendo f¨¢cilmente el pesado men¨² del Brexit. Sus miembros no fueron capaces de ponerse de acuerdo para aprobar la salida negociada por la anterior primera ministra Theresa May. Tampoco fueron capaces de ponerse de acuerdo en una alternativa a dicha salida. Las pr¨®rrogas al Brexit se fueron acumulando. Ahora, el nuevo primer ministro, Boris Johnson, amenaza con romper el bloqueo de la peor manera posible. El mi¨¦rcoles, Johnson ped¨ªa a la reina la suspensi¨®n del Parlamento durante cinco semanas. El objetivo es dificultar que dicho Parlamento, cuyo poder dec¨ªan querer restaurar los brexiters, impida el Brexit sin acuerdo al que Johnson parece estar dispuesto. La estrategia de Johnson no es gratuita, y puede cobrarse diversas v¨ªctimas.
La primera de ellas ha sido la reina, a la que Johnson ha puesto en un dif¨ªcil papel al solicitarle la suspensi¨®n del Parlamento. Al hacerlo, el primer ministro ha erosionado la imagen de la monarqu¨ªa a ojos de quienes consideran su estrategia como ileg¨ªtima.
El da?o que el primer ministro va a infligir al constitucionalismo brit¨¢nico y a las instituciones del Reino Unido ser¨¢ dif¨ªcil de calibrar
Tras la reina est¨¢ el Parlamento brit¨¢nico, cuya autoridad se cuestiona. El Brexit duro al que Johnson dice estar dispuesto no har¨ªa m¨¢s que gangrenar la herida abierta en la sociedad de Reino Unido. Hasta ahora, los brexiters presum¨ªan de la legitimidad que les daba haber ganado un refer¨¦ndum. Pero el Brexit de Johnson, parad¨®jicamente, dilapidar¨ªa ese capital pol¨ªtico y deslegitimar¨ªa el resultado del proceso. En el constitucionalismo brit¨¢nico la legitimidad pol¨ªtica est¨¢ correlacionada con la centralidad del Parlamento: silenciada la voz de Westminster, aunque sea por unas semanas, una sombra de duda se arroja sobre el posible Brexit de octubre. M¨¢s a¨²n, Johnson busca oponer, en una estrategia populista de manual, la legitimidad del pueblo expresada en el refer¨¦ndum a la legitimidad del Parlamento. Todo por Westminster pero sin Westminster.
Las relaciones con la UE y la integridad de Reino Unido tambi¨¦n sufrir¨ªan en este escenario. El Tratado de la UE establece que un Estado miembro podr¨¢ retirarse de la Uni¨®n de acuerdo con sus requisitos constitucionales. Pero Reino Unido ya ha notificado a la Uni¨®n, siguiendo esos procedimientos constitucionales, su decisi¨®n de retirarse. A falta de una nueva pr¨®rroga, que Johnson querr¨ªa dificultar cerrando el Parlamento, la salida de la Uni¨®n se produce de manera autom¨¢tica. El resultado ser¨ªa un Brexit duro, que obstaculizar¨ªa la relaci¨®n entre la UE y el Reino Unido y dar¨ªa alas a los sectores m¨¢s asertivos del independentismo escoc¨¦s.
Por ¨²ltimo est¨¢ la judicatura brit¨¢nica. La idea de Johnson de cerrar el Parlamento para permitir un Brexit duro podr¨ªa ser ilegal. Pero la ilegalidad de dicha estrategia deber¨ªa ser apreciada por un ¨®rgano judicial. A cuenta del caso Miller, la judicatura brit¨¢nica decidi¨® hace unos a?os que el Gobierno de Reino Unido no pod¨ªa iniciar el Brexit sin el consentimiento del Parlamento. Los jueces del High Court que tomaron aquella decisi¨®n fueron acusados por los medios de derecha radical brit¨¢nica de ¡°enemigos del pueblo¡±. El episodio podr¨ªa repetirse ahora. Dada su dudosa legalidad, los jueces brit¨¢nicos podr¨ªan verse obligados a impedir el Brexit sin Parlamento de Johnson. Esto permitir¨ªa al primer ministro ganarse el favor de los brexiters m¨¢s duros, sin tener que asumir las consecuencias desastrosas de un Brexit sin acuerdo y con una legitimidad mermada. Los jueces impedir¨ªan tal tr¨¢gico desenlace. Pero Johnson habr¨ªa puesto contra ellos a una parte de la sociedad brit¨¢nica, la que anhela con desesperaci¨®n la salida de la Uni¨®n Europea.
Johnson parece dispuesto a contraponer la voluntad del pueblo expresada en un refer¨¦ndum a las instituciones que permiten a ese pueblo convivir como una comunidad pol¨ªtica. Para ello, practica indisimuladamente formas agresivas de constitutional hardball: la explotaci¨®n de instrumentos constitucionales para fines contrarios al esp¨ªritu de una sociedad democr¨¢tica. El da?o al constitucionalismo brit¨¢nico y a las instituciones del pa¨ªs ser¨¢ dif¨ªcil de calibrar.
Pablo Castillo es profesor de Derecho en University of Sheffield.
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