PACA y el derecho a decidir

Para los que somos de cultura franc¨®fona y adem¨¢s, por formaci¨®n y tradici¨®n, somos a menudo franc¨®filos (a veces no), el hecho de que 52 parlamentarios franceses firmasen un comunicado expresando su preocupaci¨®n por la ¡°represi¨®n¡± en Catalu?a, as¨ª como un ¡°ataque a la democracia y las libertades fundamentales¡±, nos ha dejado muy sorprendidos, molestos y adem¨¢s indignados. ?Han o¨ªdo ustedes hablar de la PACA? No, no es una canci¨®n de Rosal¨ªa ni de Jarabe de Palo; son las siglas por las que en Francia se conoce a la regi¨®n Provence-Alpes-C?te d¡¯Azur, es decir, la Provenza, una parte de los Alpes y la Costa Azul. Hagamos un ejercicio de imaginaci¨®n. Es un ejemplo al azar. Supongamos que el Consejo Regional de PACA decide unilateralmente abrir un proceso de secesi¨®n respecto a la Rep¨²blica; en Francia la Rep¨²blica es una cosa muy seria, desde 1791 de hecho han tenido cinco versiones de este tipo de r¨¦gimen pol¨ªtico.

Supongamos que la PACA pone en marcha este tipo de proceso en base a¡­ ¡°el derecho a decidir¡± del pueblo de la PACA, y empieza a tomar decisiones de tipo legislativo en relaci¨®n a competencias que la PACA no tiene, y ya puestos, supongamos que inventa un proceso que ir¨¢ ¡°de la ley a la ley¡± mediante unas leyes de desconexi¨®n de lo m¨¢s pintoresco. Supongamos que los tribunales franceses intervienen hasta llegar al Conseil Constitutionnel, a estos efectos equivalente del Tribunal Constitucional de Espa?a, que lo proh¨ªbe todo. Supongamos que la PACA convoca para el pr¨®ximo 1 de octubre un refer¨¦ndum sin autorizaci¨®n, sin competencia para ello, sin censo verificable, y contratando con dinero p¨²blico dos misiones de ¡°observadores electorales internacionales¡±. Supongamos que aparecen unos Comit¨¦s de Defensa de la Rep¨²blica que cada tanto cortan carreteras o v¨ªas de tren, con acciones que los propios ¨®rganos institucionales de la PACA califican de ¡°pac¨ªficas¡± y ¡°de paro de pa¨ªs¡±, animados por el propio presidente de la regi¨®n¡­

Supongamos tambi¨¦n que los jueces y fiscales intervienen y en aplicaci¨®n de las leyes vigentes en Francia detienen a varios de los dirigentes implicados y les procesan de acuerdo con todas las garant¨ªas por actos materialmente punibles, y no por sus meras ideas republicanas o independentistas. Si se tratase a todo independentista como a estos detenidos y procesados por sus ideas, cuya prisi¨®n provisional la mayor¨ªa de la gente (incluyendo jueces y fiscales) considera innecesaria, estar¨ªan en prisi¨®n la mitad del Parlamento y la totalidad del Gobierno de Catalu?a, la casi totalidad de la plantilla de TV3 y Catalunya Radio, y un mont¨®n de periodistas, opinadores y ciudadanos que no paran d¨ªa s¨ª, d¨ªa tambi¨¦n de hacer proclamas independentistas. No se trata aqu¨ª de un delito de opini¨®n. Se trata, si miramos a Francia, de saber qu¨¦ pasar¨ªa en el vecino pa¨ªs si se pusiera en marcha un proceso de organizaci¨®n de decisiones desde las propias instituciones, cuyo objetivo declarado fuera romper el sistema constitucional de la V Rep¨²blica, con decisiones ilegales, uso indebido de dinero p¨²blico y bajo el liderazgo de un presidente de la Generalitat que a poco de tomar posesi¨®n de su cargo se subi¨® el sueldo hasta 147.000 euros anuales (de dinero p¨²blico).

El hecho de que 52 parlamentarios franceses firmasen un comunicado preocupados por la ¡°represi¨®n¡± en Catalu?a nos sorprende e indigna

Comparemos, si quieren, el r¨¦gimen de descentralizaci¨®n pol¨ªtica y administrativa de Espa?a con el de Francia. Cr¨¦anme, la Asamblea de la PACA tiene unas modestas competencias m¨¢s pr¨®ximas a nuestras Diputaciones provinciales que a las competencias de las comunidades aut¨®nomas espa?olas. No mencionemos siquiera la diferencia de autonom¨ªa financiera. Comparen lo que quieran.

Precedentes de inter¨¦s del caso franc¨¦s merecen ser citados. Hace algo m¨¢s de 30 a?os, la Asamblea regional de C¨®rcega puso en marcha la redacci¨®n de un nuevo Estatuto para la isla (que tiene derecho a una autonom¨ªa algo superior), en el que se invocaba al ¡°pueblo corso¡­¡±.

En el Conseil Constitutionnel el texto no pas¨® el examen de la primera p¨¢gina: no hay pueblo corso, no hay nacionalidad corsa, solo hay un ¨²nico titular de la soberan¨ªa en la Rep¨²blica Francesa, el pueblo franc¨¦s. Punto final. Por la misma ¨¦poca, en un caso m¨¢s violento, un grupo independentista canaco (es decir ind¨ªgena de Nueva Caledonia, territorio que no era ni es una colonia, sino un departamento, en Espa?a provincia) se lanz¨® en 1988 a una aventura armada, siendo primer ministro el moderado Michel Rocard; hubo muertos, m¨¢s control policial, nuevo estatuto regional, y hasta hoy. Hay m¨¢s ejemplos recientes, cuenten cu¨¢ntas v¨ªctimas se han producido durante los ¨²ltimos meses de las movilizaciones de los chalecos amarillos. Cientos de detenidos, cientos de heridos (incluidos muchos polic¨ªas) y decenas de juicios r¨¢pidos con penas de prisi¨®n inmediatas. ?Y los 52 parlamentarios creen que pueden dar lecciones? Perdonen que no les recuerde c¨®mo funcionan las instituciones de la Rep¨²blica Francesa en tiempos de crisis, pero en Francia esto del proc¨¦s hubiese durado una misa y media.

Pere Vilanova es catedr¨¢tico de Ciencia Pol¨ªtica de la Universidad de Barcelona.