Proteger la democracia

Los denunciantes, lanzadores de alertas o whistleblowers,como se les conoce en el mundo anglosaj¨®n, son personas que desde dentro de una organizaci¨®n, ya sea p¨²blica o privada, denuncian un comportamiento inapropiado, sospechoso o directamente ilegal que los responsables del lugar donde trabajan toleran, impulsan o tratan de encubrir. Sin uno de esos informantes no hubiese estallado el esc¨¢ndalo que ha llevado a iniciar esta semana un proceso de destituci¨®n contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por tratar de influir en las elecciones de 2020 presionando al presidente de Ucrania. Son personas que se juegan sus carreras, y a veces su libertad e incluso sus vidas. Por ese motivo, para poder realizar esa labor esencial para la salud democr¨¢tica, necesitan la protecci¨®n legal del Estado que defienden.

Los informantes no se enfrentan solo a problemas legales, sino tambi¨¦n sociales. Como se?alaba recientemente el m¨¢s famoso de todos ellos, Edward Snowden, que revel¨® el espionaje masivo de EE?UU, se les describe muchas veces con palabras despectivas ¡ªsopl¨®n, chivato, traidor¡ª cuando, en realidad, hay ilegalidades que solo se pueden detectar desde dentro y su objetivo es defender las instituciones y al Estado. En Alemania, uno de los pa¨ªses que tiene una legislaci¨®n m¨¢s avanzada en este terreno y donde la Autoridad Federal de Supervisi¨®n Financiera ha creado un buz¨®n que garantiza el anonimato, se ha acu?ado la expresi¨®n de ¡°disidentes ¨¦ticos¡± que describe su labor.

Los casos de Snowden o del denunciante de los abusos de Trump no son ¨²nicos: el inform¨¢tico del HSBC Herv¨¦ Falciani tuvo que huir de Suiza tras revelar una lista de 100.000 evasores fiscales, mientras que el consultor Antoine Deltour lleg¨® a ser condenado a seis meses de c¨¢rcel tras revelar una trama de evasi¨®n conocida como Luxeleaks. La condena de Deltour, posteriormente absuelto, fue uno de los detonantes para que el Europarlamento aprobase una ley con el objeto de proteger a los denunciantes, para impedir que sean degradados, despedidos o perseguidos. Ahora es necesario que los pa¨ªses europeos, entre ellos Espa?a, lo incorporen a su propia legislaci¨®n. Y que lo hagan cuanto antes.

No se trata solo de un asunto ¨¦tico o de protecci¨®n de los ciudadanos frente a los excesos de poder, como en el caso de Trump, que ya ser¨ªan motivos m¨¢s que suficientes para acelerar esta legislaci¨®n. Tiene, adem¨¢s, una importante vertiente econ¨®mica: seg¨²n la Comisi¨®n Europea se pierden entre 5.800 y 9.600 millones cada a?o debido a la falta de garant¨ªas para aquellos que conocen irregularidades y no se atreven a denunciarlas. Estos informantes son cualquier cosa menos chivatos, son defensores del Estado de derecho.