Derecho a la inseguridad en M¨¦xico
M¨¦xico tiene cincuenta millones de pobres y un pavoroso d¨¦ficit de fiscal¨ªas capacitadas para investigar delitos y actuar contra los c¨¢rteles de la droga
La irritaci¨®n de los fontaneros presidenciales era vengativa cuando hace 20 a?os escrib¨ª que la impunidad en M¨¦xico superaba el 90% y que los jefes policiales de varios Estados eran tan secuestradores como Daniel Arizmendi, que prosperaba en el negocio de los rehenes desorej¨¢ndolos con una tijera de destazar pollos. A los sacristanes de Los Pinos les sulfuraba leer en la prensa extranjera que pol¨ªticos, magistrados, funcionarios e instituciones eran presa f¨¢cil de las chingaderas y el poder corruptor del narco. Hubieran preferido monograf¨ªas sobre la modernidad nacional, la pujanza del Tratado de Libre de Comercio con Estados Unidos o la l¨²cida inteligencia de Carlos Monsiv¨¢is.
Ni entonces pudieron ocultar las truculentas complicidades, ni sus ¨¦mulos negar hoy los exiguos o nulos avances de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador en la defensa del Estado de derecho, humillado por los pistoleros del cartel de Sinaloa. El debate sobre derechos humanos y seguridad p¨²blica en M¨¦xico nace del enquistamiento de la criminalidad, la incapacidad gubernamental para atajarla y un sistema judicial desnortado, responsable de la impunidad desde los tiempos en que Arizmendi rebanaba ap¨¦ndices con escolta oficial.
La Constituci¨®n consagra la divisi¨®n de poderes, el sistema federal y una amplia gama de derechos, pero ni la impecable dictadura del PRI, ni el conservadurismo del PAN, ni el batiburrillo ideol¨®gico de MORENA pueden con los c¨¢nceres de la arbitrariedad y la corrupci¨®n, que pervierten a los servidores p¨²blicos, minan la calidad de las leyes y disocian los reglamentos. Las autocracias se acompa?an de legislaciones a gusto del d¨¦spota. No es el caso de la Naci¨®n azteca, comprometida con la democracia y la limitaci¨®n de mandatos, pero alejada de un verdadero Estado de derecho porque derechos que son de todos, la vida, la propiedad y la libertad, se vulneran sin que los tribunales castiguen a los infractores.
M¨¦xico tiene 50 millones de pobres y un pavoroso d¨¦ficit de fiscal¨ªas capacitadas para investigar delitos y actuar contra los c¨¢rteles de la droga. Semanas antes de que el hijo del Chapo Guzm¨¢n fuera liberado a tiros en Culiac¨¢n, un celestino negociaba el suministro de mujeres a un capo de Jalisco encarcelado. Le dec¨ªa a la seleccionada que iba a estar s¨²per bien en el penal porque su comprador viv¨ªa como en una suite, con lacayos y chef. De lujo, chiquita. Un rey. Guapo, guap¨ªsimo. Ya ver¨¢s. El delincuente, de recreo, y la sociedad, en la ci¨¦naga de la inseguridad, resignada a la obsolescencia de las leyes y al fracaso de las polic¨ªas municipales, estatales y federales que debieran protegerla.
Buena parte de los latinoamericanos deval¨²an la democracia, y abrazar¨ªan al tirano que les garantizase amparo y paz. L¨®pez Obrador gan¨® las elecciones ofreciendo justicia social y decencia. Casi un a?o despu¨¦s, los arsenales y descaro del hampa en Sinaloa evidencian la fragilidad del Estado de derecho y la vacuidad de las promesas presidenciales.
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