Espera inhumana

Trece a?os despu¨¦s de haberse aprobado la Ley de Dependencia en Espa?a, su aplicaci¨®n sigue lastrada por las carencias presupuestarias y lo que es peor: el n¨²mero de personas que no reciben la prestaci¨®n pese a tener derecho a ella, en lugar de reducirse, aumenta. En estos momentos, la espera media para recibir una ayuda o servicio es de 426 d¨ªas, cuando la propia normativa establece un plazo m¨¢ximo de 180 para resolver los expedientes. Seg¨²n la interpretaci¨®n que hace la Asociaci¨®n de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de los datos del propio Imserso, las diferencias entre comunidades aut¨®nomas son abismales. Mientras en el Pa¨ªs Vasco o Navarra la demora media es de 137 y 155 d¨ªas, en Canarias alcanza los 785 d¨ªas de media. Cuatro comunidades ¡ªCanarias, Extremadura, Andaluc¨ªa y Catalu?a¡ª tienen tiempos de espera superiores a los 18 meses de media, lo que significa que una parte de los dependientes espera m¨¢s de dos y hasta de tres a?os. Semejantes diferencias son inaceptables y revelan la incapacidad cr¨®nica de nuestro sistema p¨²blico para garantizar la igualdad de acceso de los ciudadanos a las prestaciones a las que tienen derecho.

El sistema de dependencia, considerado el cuarto pilar del Estado de bienestar, no se ha recuperado de los recortes aplicados en 2012 pese al incremento sostenido del PIB por encima de la media europea. A finales de noviembre, hab¨ªa en Espa?a 423.000 dependientes en lista de espera, de los cuales 266.000 ya ten¨ªan reconocido el derecho pero no recib¨ªan la prestaci¨®n. Resulta descorazonador que por primera vez desde 2016 vuelva a aumentar el n¨²mero de dependientes en espera de recibir la ayuda pese a tener reconocido el derecho. Y eso es imputable, en primer lugar, a las carencias presupuestarias del programa general de dependencia, cuya aplicaci¨®n depende de las comunidades aut¨®nomas, pero tambi¨¦n a la ineficacia en la gesti¨®n de las ayudas por parte de las autonom¨ªas m¨¢s rezagadas, que deber¨ªan rendir cuentas a los ciudadanos por esa p¨¦sima gesti¨®n.

Esta lamentable situaci¨®n penaliza especialmente a las familias m¨¢s vulnerables, que no tienen recursos para atender a sus dependientes en casa ni pueden adelantar el dinero necesario para internarles en una residencia. Particularmente dram¨¢tica es la espera de los dependientes m¨¢s severos que precisan cuidados especializados, como es el caso de los enfermos de Alzheimer. Hay que tener en cuenta que el 54% de los solicitantes tienen m¨¢s de 80 a?os. Se estima que este a?o, 31.000 dependientes a los que ya se ha reconocido el derecho a una prestaci¨®n o servicio morir¨¢n sin haberlos recibido.

El sistema de dependencia, que atiende a 1,1 millones de personas, est¨¢ desbordado y crece a un ritmo insuficiente para atender la demanda. El aumento previsible del n¨²mero de afectados por enfermedades degenerativas asociadas a la edad puede llevarlo al colapso en un breve plazo. Si se quiere evitar, se han de dimensionar los recursos al aumento previsible de la demanda, priorizando las necesidades m¨¢s acuciantes. Especialmente urgente es crear plazas de residencia. En estos momentos, la espera para acceder a una residencia a trav¨¦s del sistema de dependencia en, por ejemplo, Barcelona, es de cuatro a?os. No se puede presumir de Estado de derecho si las leyes no se cumplen y quienes las incumplen son precisamente las Administraciones p¨²blicas.