Juego sucio

El Parlament de Catalu?a respald¨® este s¨¢bado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, tras la resoluci¨®n en la que la Junta Electoral Central ordenaba retirarle el acta de diputado auton¨®mico, una medida que conllevar¨ªa su destituci¨®n al frente del Ejecutivo catal¨¢n. Ni el resultado de la votaci¨®n, ni la composici¨®n de la mayor¨ªa que respald¨® a Torra, ni, menos a¨²n, la ret¨®rica grandilocuente con la que este se dirigi¨® a la C¨¢mara, desentra?aron la realidad que esconde este nuevo e inoportuno conflicto institucional.

El recurso previsto por la ley contra la decisi¨®n de la Junta Electoral ante el Tribunal Supremo, del que Torra har¨¢ uso solicitando medidas cautelar¨ªsimas, demuestra lo contrario de lo que sostuvo en la sesi¨®n extraordinaria del Parlament, y, en general, a lo largo de todo su extravagante mandato: Espa?a es un Estado de derecho en el que existen contrapoderes y las decisiones son revisables, llegando, incluso, a las instancias europeas reconocidas como c¨²spide del propio sistema judicial. Es decir, exactamente todas las garant¨ªas que Torra suprimi¨® en periodo electoral para los catalanes no independentistas al erigirse en un poder que solo responde ante las reglas que ¨¦l mismo decide y que ¨¦l mismo interpreta, raz¨®n por la que fue condenado a una pena de inhabilitaci¨®n.

Era el recurso ante el Supremo contra esta inhabilitaci¨®n dictada ¡ªen sentencia no firme¡ª por el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a lo que estaba en tr¨¢mite cuando el Partido Popular, Ciudadanos y Vox decidieron forzar un atajo para ejecutarla a trav¨¦s de la Junta Electoral Central. La reacci¨®n contra la iniciativa de estas tres fuerzas pol¨ªticas no exige, sin embargo, colocar el foco sobre la resoluci¨®n de la Junta o sobre la Junta misma, aceptando impl¨ªcitamente el dilema de que lo que est¨¢ en juego es acatar o no la decisi¨®n de un ¨®rgano que cumpli¨® su deber cuando correspond¨ªa. Es compatible no desacatar la resoluci¨®n con recurrirla, a fin de privarla del protagonismo a destiempo que nunca debi¨® tener.

Lo que, en cambio, no puede acatarse ni normalizarse en la vida pol¨ªtica espa?ola es el hecho de que un partido que aspira a ser alternativa de Gobierno, y que dispone de un amplio poder auton¨®mico y municipal, se deje guiar por el oportunismo utilizando al organismo que vela por el respeto a la libre voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas. Por lo dem¨¢s, la l¨®gica detr¨¢s de esta pretensi¨®n del Partido Popular responde a una estrategia que no ha dejado de observar desde que el independentismo catal¨¢n, henchido de poder auton¨®mico, se crey¨® por encima de la Constituci¨®n y el Estatut: esconderse detr¨¢s de las instituciones para que sean ellas las que sufran el desgaste pol¨ªtico por la gesti¨®n de una compleja crisis territorial.

Promover un pronunciamiento de la Junta Electoral sobre un asunto pendiente en el Tribunal Supremo fue librarse al juego sucio y desentenderse de las consecuencias sobre el sistema institucional, que tanto se dice defender. Entre ellas, de la m¨¢s gratuita de todas: seguir ofreciendo excusas al independentismo para presentar como judicializaci¨®n de la pol¨ªtica algunos casos que, como el que dio lugar a la condena de Torra, no responden a ese fen¨®meno sino, simplemente, a la politizaci¨®n de la ilegalidad.