Balance completo

La respuesta del Gobierno en funciones a la ¨²ltima crisis provocada por el independentismo no pod¨ªa ser distinta de la que ha sido, y no existen razones para minimizar, sino todo lo contrario, el balance cosechado. La aplicaci¨®n de la Ley de Seguridad Nacional, solicitada reiteradamente por el Partido Popular y Ciudadanos, solo cobra sentido desde una l¨®gica electoralista que hace abstracci¨®n de la realidad, puesto que supondr¨ªa intervenir la direcci¨®n de los Mossos cuando estos se han mantenido inequ¨ªvocamente del lado de la Constituci¨®n y del Estatut. Y otro tanto ocurre con las invocaciones al art¨ªculo 155, cuya aplicaci¨®n depende de supuestos de hecho regulados por ley y definidos por una reciente jurisprudencia.

Si algo falta para completar el balance de las ¨²ltimas jornadas, pero tambi¨¦n de estos meses cruciales, es algo que no est¨¢ en las manos del Gobierno conseguir sino en las de la oposici¨®n ofrecer: la unidad de los partidos frente a un programa pol¨ªtico que pretende poner en jaque la Constituci¨®n y la inexcusable valent¨ªa de reconocer que, ante la misma tesitura, no cabr¨ªa hacer nada distinto, porque es exactamente lo que se debe hacer.

La proximidad de la nueva campa?a electoral est¨¢ contribuyendo a distorsionar la percepci¨®n de la situaci¨®n pol¨ªtica en Catalu?a tras el anuncio de la sentencia del Tribunal Supremo, as¨ª como de la respuesta que ha recibido tanto en las calles como desde el Parlament y la Generalitat. La violencia perpetrada por grupos de encapuchados en Barcelona y otras ciudades ha ocultado la evidencia m¨¢s significativa: el independentismo ha ganado en radicalismo lo que ha perdido en capacidad de movilizaci¨®n. Tambi¨¦n la sigilosa transformaci¨®n de sus objetivos, que no apuntan ya hacia el futuro colectivo de Catalu?a, fantaseando con una secesi¨®n que sabe inviable, sino hacia la justificaci¨®n retrospectiva de su estrategia pol¨ªtica, intentando transferir al Estado central su exclusiva responsabilidad en la devastaci¨®n de las instituciones de autogobierno, la fractura de la sociedad catalana y el empobrecimiento de su econom¨ªa.

El argumento tantas veces repetido de que la sentencia no resolver¨¢ el problema pol¨ªtico de fondo es una obviedad, puesto que la justicia no tom¨® cartas en el pleito catal¨¢n porque la Generalitat pretendiera desarrollar un programa independentista, sino porque, para hacerlo, incurri¨® en graves delitos. Si alg¨²n efecto pol¨ªtico ha cosechado la intervenci¨®n de los jueces en este caso ha sido colateral, y no precisamente por una voluntad de enfrentarse con el independentismo en un terreno que no es el de la justicia, sino por atender sus demandas de publicidad y transparencia durante la vista oral.

A lo largo de medio centenar de jornadas retransmitidas en directo, los ciudadanos partidarios de la secesi¨®n pudieron escuchar de los l¨ªderes que se la prometieron una explicaci¨®n de sus acciones que, al margen de su eficacia procesal, han mermado severamente la credibilidad pol¨ªtica del programa de la independencia.

Una credibilidad que, por lo dem¨¢s, las descarnadas luchas entre partidos independentistas a la hora de hacer frente a los recientes disturbios han puesto nuevamente en cuesti¨®n, provocando el colapso pol¨ªtico del Govern y una fragmentaci¨®n de reminiscencias a la vez esperp¨¦nticas y feudales del poder institucional en Catalu?a. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, es hoy un interlocutor irrelevante para cualquier acci¨®n de gobierno salvo para enervar a las fuerzas de seguridad bajo su mando, cuya determinaci¨®n frente a la violencia ha cuestionado en lugar de ampararla. Tambi¨¦n para precipitar la campa?a electoral en la crispaci¨®n, contando de antemano con la respuesta de partidos de ¨¢mbito estatal que, siendo contrarios a la secesi¨®n, coinciden sin embargo con los independentistas en abordar las pr¨®ximas elecciones como un plebiscito sobre la pol¨ªtica a seguir en Catalu?a.