Gobierno leg¨ªtimo

El Congreso invisti¨® este martes a Pedro S¨¢nchez como presidente del Gobierno de Espa?a. S¨¢nchez revalida as¨ª su mandato al frente del Ejecutivo, al que lleg¨® tras prosperar una moci¨®n de censura contra Mariano Rajoy, a ra¨ªz de que el Partido Popular fuera condenado por corrupci¨®n. Las mismas fuerzas que entonces le acusaron de acceder ileg¨ªtimamente al poder vuelven a hacerlo ahora que ha ganado las elecciones y ha conformado una mayor¨ªa, presentando posiciones pol¨ªticas de parte como si fueran imperativos constitucionales y relativizando la gravedad de las acusaciones que vierten. Declarar ileg¨ªtimo a un Gobierno formado a partir del voto de los ciudadanos y a trav¨¦s del procedimiento previsto por la Constituci¨®n es, en sentido contrario, declarar leg¨ªtima cualquier forma de oposici¨®n, incluyendo la coacci¨®n a los diputados de la mayor¨ªa.

Los cuatro a?os de par¨¢lisis padecidos por el pa¨ªs han demostrado que existe una situaci¨®n m¨¢s est¨¦ril que la de los Gobiernos en minor¨ªa, y es la de los Gobiernos en funciones. La obtusa resistencia de los grupos parlamentarios a cumplir con sus deberes m¨¢s inexcusables, como formar un Gobierno a partir de un Parlamento elegido o articular mayor¨ªas para aprobar leyes, ha instalado el sistema constitucional en el peligroso territorio de la excepcionalidad. Los Presupuestos est¨¢n prorrogados, el mandato de ¨®rganos esenciales para el funcionamiento del Estado ha expirado y el decreto ley se ha convertido en un instrumento ordinario de Gobierno. La investidura de S¨¢nchez ofrece una t¨ªmida oportunidad para emprender el regreso a la normalidad, alejando al pa¨ªs del abismo pol¨ªtico e institucional al que no puede seguir asomado por m¨¢s tiempo. Para no dilapidarla, es necesario que la oposici¨®n asuma que su tarea no consiste en propalar juicios de intenciones para rasgarse farisaicamente las vestiduras a la espera de r¨¦ditos electorales obtenidos a cualquier precio, sino en controlar las acciones del Gobierno y en ofrecer alternativas.

El nuevo Ejecutivo que Pedro S¨¢nchez presidir¨¢ y en el que Unidas Podemos dispondr¨¢ de una vicepresidencia y de cuatro ministerios nace pol¨ªticamente d¨¦bil, lo que lo obligar¨¢ a una acci¨®n institucionalmente irreprochable para no quedar a merced de algunas de las fuerzas que se han puesto de su lado, ni tampoco de los excesos de una oposici¨®n que se dice dispuesta a borrar la frontera entre el debate en el Parlamento y la vociferaci¨®n desde las calles. Nada exige rendirse a los augurios pesimistas acerca del desarrollo de esta legislatura, como tampoco dejarse seducir por optimismos infundados. Lo importante es que a partir de este momento el futuro depende exclusivamente de las decisiones que adopten los partidos, porque no existe ninguna maldici¨®n metaf¨ªsica por la que Espa?a est¨¦ condenada a dividirse en dos bandos y a destruir c¨ªclicamente lo construido entre todos. En la hora actual, la responsabilidad de los representantes de los ciudadanos no se refiere al ¨¦xito o al fracaso de un Gobierno, puesto que, en democracia, siempre puede dejar paso a otro distinto, sino a los de un pa¨ªs y sus instituciones democr¨¢ticas para resolver los graves problemas aplazados.

No existe ninguna maldici¨®n metaf¨ªsica por la que Espa?a est¨¦ condenada a dividirse en dos bandos

La crisis econ¨®mica de 2008 dej¨® huellas dram¨¢ticas en la vida de muchos ciudadanos, coincidiendo con las dificultades econ¨®micas del Estado para mantener los niveles de solidaridad. De acuerdo con el programa que ha obtenido la confianza del Parlamento, el Gobierno de S¨¢nchez prestar¨¢ atenci¨®n preferente a esos ciudadanos a los que la recesi¨®n priv¨® de sus hogares, de sus empleos, de la posibilidad de ofrecer una vida digna a sus hijos y, m¨¢s a¨²n, de la certeza de que, para la Constituci¨®n de 1978, la condici¨®n de ciudadano y de compatriota significa m¨¢s que agitar banderas y reverenciar mitos hist¨®ricos. Precisamente porque acierta al establecer la correcci¨®n de la desigualdad como prioridad, es importante que el nuevo Gobierno tome en consideraci¨®n el impacto presupuestario de las medidas que adopte, as¨ª como los instrumentos para financiarlas, evitando una desproporci¨®n incontrolable entre gastos e ingresos. Una reforma fiscal que haga viables los objetivos sociales fijados respetando los compromisos europeos adquiridos exige m¨¢s que subir selectivamente dos impuestos. De la misma forma que el resto de las reformas econ¨®micas recogidas en el pacto entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, desde las referidas a la transici¨®n ecol¨®gica hasta las que conciernen al futuro de las pensiones, el salario m¨ªnimo o la reforma laboral, podr¨ªan quedar comprometidas si se anteponen los efectos propagand¨ªsticos a la solvencia t¨¦cnica.

La abstenci¨®n de Esquerra Republicana ha sido decisiva para que la investidura de Pedro S¨¢nchez pudiese prosperar, bajo el compromiso de abordar la crisis territorial en Catalu?a dentro de la Constituci¨®n. Pese a todo, los portavoces de ERC no renunciaron a compatibilizar en el debate elementos de distensi¨®n con signos de desprecio hacia el acto en el que estaban participando. Esta doble cara dice menos de la fuerza de ERC en el Congreso que de su debilidad en Catalu?a, y no porque sea todav¨ªa incierto el desenlace de la lucha electoral por la hegemon¨ªa dentro del campo independentista, en la que parece llevar la delantera. Los l¨ªderes republicanos que han apoyado pactar con el Partido Socialista lo han hecho porque saben que tarde o temprano el independentismo tendr¨¢ que responder ante sus electores de haber emprendido un camino que, como el de la unilateralidad y las v¨ªas de hecho, est¨¢ condenado al fracaso, y que solo ofrece avanzar en c¨ªrculos para disimular la inmovilidad. La transparencia en las negociaciones es, en cualquier caso, inexcusable, como tambi¨¦n el respeto a las instituciones, comenzando por la figura del jefe del Estado.

Las dificultades para ejercer el poder por parte de un Gobierno en minor¨ªa como el que presidir¨¢ Pedro S¨¢nchez no le eximen de ejercer la autoridad, evitando adoptar a solas decisiones que requieran el concurso de la oposici¨®n y haci¨¦ndole pagar el coste pol¨ªtico por faltar a los m¨¢s elementales deberes de Estado, si llegara el caso. Lejos de debilitar a Pedro S¨¢nchez y a su nuevo Gobierno, esa contenci¨®n institucional podr¨ªa traducirse en la fuerza pol¨ªtica que la aritm¨¦tica parlamentaria les ha negado.