?ltima ocasi¨®n

La estrategia adoptada por el Partido Socialista para lograr la investidura de su candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro S¨¢nchez, ha convertido la sesi¨®n parlamentaria que comienza este s¨¢bado en la ¨²ltima ocasi¨®n para explicar ante los diputados, como tambi¨¦n ante los ciudadanos, uno de los puntos cruciales de su programa: la pol¨ªtica que se dispone a seguir en Catalu?a. El documento suscrito con Esquerra Republicana no puede quedar fuera del debate que tendr¨¢ lugar en la C¨¢mara, m¨¢xime cuando ha sido redactado de tal modo que lo m¨¢s sustancial es lo que no dice, no lo que aparece expresamente. Ante un documento como este, conviene recordar la evidencia constitucional de que es el candidato a la presidencia quien est¨¢ obligado a explicar con claridad qu¨¦ se dispone a hacer desde el Gobierno, no los ciudadanos a deducirlo a partir de la prosa enf¨¢tica de un acuerdo sin el cual no habr¨ªa investidura, y que, por ello, tiene que ser debatido por el Congreso como parte del programa que se vote.

La par¨¢lisis que ha padecido el pa¨ªs no puede dejar paso a una est¨¦ril disquisici¨®n escol¨¢stica acerca de qu¨¦ es lo que han querido decir los redactores de un compromiso que, por una parte, ha despertado esperanzas que podr¨ªan revelarse infundadas, y, por otra, ha provocado reacciones lindantes con la sobreactuaci¨®n como la ofrecida por la dirigente de Ciudadanos In¨¦s Arrimadas tanto como por el Partido Popular de Pablo Casado. Las soluciones que requiere el problema creado por los independentistas al imponer su programa por v¨ªas de hecho no pasan por establecer una nueva relaci¨®n entre las palabras y su significado, sino por aflorar la realidad de fondo y por abordarla desde las instituciones y los procedimientos existentes. Y aflorar la realidad no consiste en decir de un conflicto que es pol¨ªtico, sino en designar con precisi¨®n entre qui¨¦n y qui¨¦n se desarrolla, y por qu¨¦ se ha producido.

Para los independentistas se trata de un conflicto entre ellos, erigidos en portavoces de la totalidad de Catalu?a, y el Estado, del que desgajan las instituciones auton¨®micas que gobiernan. Para los socialistas, en cambio, ha sido hasta ahora un conflicto entre ciudadanos de Catalu?a partidarios y opuestos a la secesi¨®n. No es esta sin embargo la l¨®gica a la que responde la mesa contemplada en el documento suscrito con ERC. Ni tampoco la ¡°validaci¨®n democr¨¢tica¡± prevista para las decisiones adoptadas por dos instituciones del Estado que, si act¨²an dentro de sus competencias constitucionales, no necesitan reconocerse mutuamente la legitimidad ni tampoco ratificar mediante un voto directo el mandato representativo recibido de los ciudadanos. Si el candidato socialista no ofrece m¨¢s explicaciones acerca de cu¨¢l es el contenido de esas decisiones, m¨¢s que constitucional o inconstitucional, la f¨®rmula acordada con ERC es, sencillamente, peligrosa.

El hecho de que el documento haya sido duramente contestado desde parte del independentismo y desde la oposici¨®n al inminente Gobierno de S¨¢nchez no pone de manifiesto las virtudes del justo medio, sino los riesgos de fractura pol¨ªtica y social que puede provocar. Nada se ganar¨ªa con proyectar la que padece Catalu?a sobre el resto del pa¨ªs, y m¨¢s desde un Ejecutivo que nace fr¨¢gil y que puede resultarlo a¨²n m¨¢s si no comparece ante el Congreso con todas las cartas boca arriba.