Chile: la necesidad del cambio constitucional
Nadie puede negar que despu¨¦s de los sucesos de octubre la protecci¨®n constitucional del modelo econ¨®mico chileno se encuentra herida de gravedad
El 18 de octubre de 2019 se desencaden¨® en Chile uno de los estallidos sociales m¨¢s fuertes y violentos de su historia republicana. La demanda de este movimiento fue clara en su proposici¨®n ¨Cel mejoramiento de las condiciones econ¨®micas de vida¨C pero fuertemente indeterminada en su concreci¨®n.
El diagn¨®stico, sin embargo, es compartido. Los maravillosos resultados macroecon¨®micos que colocaban a Chile en una posici¨®n de privilegio en Latinoam¨¦rica no han permitido, con el correr del tiempo, alivianar el peso de la vida de los m¨¢s pobres. Mientras aquellos con mayores recursos han podido tener un estilo de vida y servicios cercanos en calidad a cualquier pa¨ªs europeo, los m¨¢s despose¨ªdos, por el contrario, no logran satisfacer necesidades cotidianas b¨¢sicas. Y es que, con un coeficiente de Gini estancado en 0,47, Chile se encuentra, desde hace varias d¨¦cadas, en el club de los pa¨ªses m¨¢s desiguales del planeta. Seg¨²n el ¨²ltimo informe de CEPAL, el 10% m¨¢s rico de la poblaci¨®n chilena concentra dos terceras partes de la riqueza neta nacional y el 1% m¨¢s rico el 26,5% de ella. El salario m¨ªnimo interprofesional se ha mantenido en un monto cercano a los 340 euros (7.100 pesos), inferior a la misma l¨ªnea de pobreza para un hogar de tama?o promedio, mientras que m¨¢s de la mitad de los jubilados recibe pensiones inferiores al 70% de ese sueldo m¨ªnimo (PNUD, 2017).
A la profunda segregaci¨®n urbana que afecta al pa¨ªs debe a?ad¨ªrsele la sostenida segregaci¨®n en los m¨¢s importantes servicios p¨²blicos, como salud o educaci¨®n. Un sostenido 16% de la poblaci¨®n accede a un sistema privado de salud, al que contribuyen las personas con mayores ingresos y menor predisposici¨®n a la enfermedad (CASEN, 2015). El resto es recibido en el sistema p¨²blico. En materia educacional ¨Ctal vez uno de los sectores de mayor avance en la ¨²ltima d¨¦cada¨C mientras el logro educativo promedio coloca a Chile en una posici¨®n destacada, aquel lugar de privilegio cae cuando se hacen estudios que comparan la brecha entre el 20% superior e inferior de ingresos, mostrando una marca habitual en la realidad chilena: buen promedio, pero p¨¦sima distribuci¨®n interna.
El estallido social ha sido la respuesta a todos estos resultados. De la mano del m¨¢s intenso paquete de reformas neoliberales implementadas en alg¨²n pa¨ªs, la profunda inequidad que ellas han ido generando con el tiempo, se volvi¨® simplemente intolerable. La preferencia radical por libertades, el fomento constante a un ¡°buen clima de negocios y de inversi¨®n¡± y la predilecci¨®n por pol¨ªticas p¨²blicas que prefieren la autorresponsabilidad ¨Cprincipios caracter¨ªsticos de una ordenaci¨®n neoliberal (Harvey)¨C se insertaron y decantaron en un pa¨ªs que ya hab¨ªa sido constituido en un marco de desigualdad. A m¨¢s de 40 a?os del comienzo de la aplicaci¨®n de esos principios, la consolidaci¨®n de esa inequidad ¨Cy a veces su profundizaci¨®n¨C se encuentra plenamente acreditada.
El movimiento social, por su parte, y de forma bastante similar a otros estallidos europeos, no se encuentra articulado, niega con bastante intensidad la mediaci¨®n pol¨ªtica y no reacciona como se espera a las medidas que se anuncian. El panorama chileno es, entonces, parad¨®jico: pol¨ªticos que se atribuyen cierta primac¨ªa en la concreci¨®n de las demandas ciudadanas, ciudadanos que simplemente protestan y un gobierno que quiere retomar la normalidad sabiendo que las cosas nunca volver¨¢n a ser como antes, pero sin claridad de c¨®mo ser¨¢n a futuro.
Con el correr de los d¨ªas, no obstante, hubo una forma de darle cierta unidad intelectual a las exigencias ciudadanas. Al compartido cuestionamiento del modelo econ¨®mico neoliberal se sum¨® el rechazo de todas las formas pol¨ªticas y jur¨ªdicas que le han dado protecci¨®n. De entre ellas, la que le entreg¨® durante todo este tiempo su m¨¢s eficiente y eficaz cobertura: la Constituci¨®n de 1980.
Esta Constituci¨®n, creada en medio de la dictadura de Pinochet, encargada a un grupo de abogados d¨®ciles y afines al r¨¦gimen y aprobada por un plebiscito sin garant¨ªas m¨ªnimas, viene gobernando al pa¨ªs por m¨¢s de 30 a?os. Aquella carta fundamental ha sido modificada en un sinn¨²mero de oportunidades, siempre con el permiso de los partidos pol¨ªticos que han apoyado la agenda ordoliberal. Han sido, por ello, reformas que han permitido convivir, pero no realizar cambios estructurales en el modelo econ¨®mico. Cuando alguno de esos cambios logr¨® aprobarse, incluso con los votos de la derecha, el Tribunal Constitucional ¨Cuna de las instituciones m¨¢s cuestionadas en el mundo jur¨ªdico chileno¨C logr¨® evitarlo, protegiendo f¨¦rreamente el modelo. La declaraci¨®n de inconstitucionalidad de la ley que fortalec¨ªa la principal instituci¨®n p¨²blica de protecci¨®n del consumidor ha pasado a ser el ejemplo paradigm¨¢tico de la neutralizaci¨®n de una iniciativa que pretend¨ªa reducir el abuso constante que el desregulado mercado chileno ofrece a sus usuarios.
La noticia de la apertura a cambiar la constituci¨®n, y no solo a modificarla, acordada de manera transversal por todos los sectores pol¨ªticos relevantes del pa¨ªs, ha sido recibida con altas dosis de alegr¨ªa, pero tambi¨¦n con algo de escepticismo. Alegr¨ªa, al pensar que por fin haremos el ejercicio de tener una constituci¨®n ¡°nuestra¡±, m¨¢s desconfiados al recordar cada uno de los diversos procesos de modificaci¨®n constitucional ya realizados y los resultados constantes que todos ellos arrojaban: desmovilizaci¨®n pol¨ªtica temporal y cambios que no arriesgan la integridad del modelo econ¨®mico.
El estallido social chileno, por el contrario, ha mostrado que la intensidad de la demanda solo puede ser satisfecha con cambios estructurales. Las mejoras en las condiciones laborales deben ser analizadas asumiendo que una de las soluciones posibles pueda ser el fortalecimiento de los sindicatos. El mejoramiento del actual sistema de pensiones ¨Cuna de las demandas m¨¢s n¨ªtidas de la ciudadan¨ªa¨C debe considerar como posible que podamos abandonar nuestro fracasado modelo de ahorro individual y avanzar hacia uno que vea la pensi¨®n de vejez como un derecho social. El fortalecimiento del r¨¦gimen de salud debe poder revisar la conveniencia de avanzar hacia un sistema sanitario com¨²n y p¨²blico. El actual sistema sanitario, que coloca a j¨®venes, sanos y adinerados en las manos de empresas privadas mientras que pobres, viejos y enfermos son remitidos al sistema p¨²blico debe necesariamente terminar. Pues bien, hoy, cualquiera de estos ejercicios hipot¨¦ticos comienza siendo inconstitucional, a veces por infracci¨®n a una prohibici¨®n expresa, otras por afectar una protegida libertad de elegir o por atacar un sobredimensionado derecho de propiedad privada. Los debates t¨¦cnicos se encuentran, as¨ª, castrados desde su origen. No se ocupan los conceptos de ineficiente, incorrecto, inoportuno, de poca rentabilidad social, injusto. Se utiliza, en cambio, solo una categor¨ªa: inconstitucional.
Los efectos de esta extendida protecci¨®n constitucional neoliberal no terminan ah¨ª. El di¨¢logo constitucional que se avecina llega al pa¨ªs en un momento de deterioro de la reflexi¨®n pol¨ªtica. Y es que, por m¨¢s de treinta a?os, el di¨¢logo pol¨ªtico chileno se ha dado en dos frecuencias confluyentes. Por un lado, la derecha, de mayor impronta neoliberal, ha sido titular de una posici¨®n dominante que la ha transformado en una parte que simplemente aprueba o reprueba los cambios sociales que se le proponen, est¨¦ o no en el poder. Por el otro lado, una izquierda socialdem¨®crata que negocia al alza para que el punto medio no est¨¦ tan lejos de la propuesta que la realidad aconsejar¨ªa. El resultado de este ¡°juego¡± ha sido la neutralizaci¨®n de una pol¨ªtica responsable de largo plazo, el vaciamiento sustantivo de un sector pol¨ªtico completo que se limit¨® a permitir y resistir, pero que olvid¨® proponer, y la ausencia sostenida de programas pol¨ªticos honestos, inteligentes y claros.
El destino del proceso de cambio constitucional chileno es todav¨ªa una historia a medio contar. El rol que hasta el momento ha jugado la centroderecha y la izquierda socialdem¨®crata para empujar este cambio es digno de destacar y est¨¢ a la altura de las actuales y especiales circunstancias. No obstante, el papel de los extremos del espectro pol¨ªtico amenaza diariamente cada logro. Para unos es un proceso excesivo que debilita las libertades y se rinde a la violencia de la calle. Para otros uno insatisfactorio que no logra borrar por completo la desigualdad imperante.
Con todo, nadie puede negar que despu¨¦s de los sucesos de octubre la protecci¨®n constitucional del modelo econ¨®mico chileno se encuentra herida de gravedad. En estos aciagos d¨ªas, se suele presumir, buscando algo de consuelo hist¨®rico, que el neoliberalismo ¨Cal menos en la forma difundida por la llamada ¡°Escuela de Chicago¡±¨C naci¨® y muri¨® en Chile.
Ra¨²l Letelier es profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Chile.?
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