Derecho y pol¨ªtica

El sometimiento a la ley es un imperativo constitucional; tambi¨¦n para los poderes p¨²blicos. Ignorarlo, por mucho que se apele al respaldo de una pretendida legitimidad democr¨¢tica, deteriora de forma irreversible nuestra condici¨®n de Estado de Derecho. La capacidad del Derecho para imponerse a trav¨¦s de una pluralidad de instrumentos de coerci¨®n no plantea dudas. Con todo, la resiliencia del sistema democr¨¢tico y su sostenibilidad en el marco de una sociedad libre solo es posible si el cumplimiento de la ley es, adem¨¢s de un imperativo, una convicci¨®n no discutida y aceptada por todos.

Pero el Derecho tambi¨¦n plantea problemas cuando irrumpe con protagonismo excesivo en el debate pol¨ªtico hasta monopolizar la l¨®gica de su funcionamiento. Algo que por desgracia comienza a ser relativamente frecuente en nuestro pa¨ªs. Desde este planteamiento, me parece motivo de honda preocupaci¨®n la manera en la que el Derecho o, peor a¨²n, la interpretaci¨®n que cada cual hace de ¨¦l, va polinizando la natural competici¨®n pol¨ªtica entre Gobierno y oposici¨®n. A mi entender, esta manera de proceder provoca al menos dos consecuencias que vale la pena resaltar, pues resultan, poco deseables para un sistema democr¨¢tico saludable.

La primera es un progresivo estrechamiento del abanico de opciones pol¨ªticas para la discusi¨®n p¨²blica. De hecho, desde la toma de posesi¨®n del nuevo Ejecutivo, la oposici¨®n parece querer negar cualquier legitimidad a sus propuestas por considerarlas incompatibles con la concreta y estrecha interpretaci¨®n que interesadamente hace de lo jur¨ªdicamente posible. Esta inadmisible forma de entender la pol¨ªtica intenta colocar al adversario fuera de la ley. As¨ª lo sugiere de manera constante Pablo Casado cuando advierte a Pedro S¨¢nchez sobre una pretendida prevaricaci¨®n por sus iniciativas sobre Catalu?a que roza el rid¨ªculo.

La segunda consecuencia de esta pr¨¢ctica tiene que ver con la degradaci¨®n que necesariamente sufrir¨¢ el Derecho si es utilizado como criterio ¨²nico de validez de la acci¨®n pol¨ªtica. Este fen¨®meno pernicioso desorienta a la ciudadan¨ªa al dificultarle la formaci¨®n de criterio propio ante cualquier iniciativa discutida ahora en clave jur¨ªdica; y, lo que resulta todav¨ªa m¨¢s irresponsable, convierte a los tribunales en el ¨²nico ¨¢rbitro con potestad suficiente para quitar y otorgar raz¨®n pol¨ªtica. Esto ¨²ltimo no solo desborda la funci¨®n que la Constituci¨®n atribuye al poder judicial, sino que lo convierte en un actor pol¨ªtico sometido al consabido desgaste.

Los riesgos expuestos son perceptibles en cada uno de los temas que vertebran la agenda p¨²blica. Por todo ello, conviene advertir a quien gobierna y a quienes ejercen la oposici¨®n acerca de la importancia que tiene preservar en el debate p¨²blico una f¨®rmula de funcionamiento que no mezcle torticeramente la l¨®gica pol¨ªtica y la jur¨ªdica. Ello exige entender y respetar los l¨ªmites del Derecho para otorgarle a ¨¦ste el valor que merece en el marco de una sociedad democr¨¢tica. Ni m¨¢s, ni menos.