Murcia y su veto

El Gobierno de Murcia deber¨ªa dar marcha atr¨¢s en el bochornoso asunto del veto parental sin esperar a que la justicia se pronuncie sobre la instrucci¨®n de la Consejer¨ªa de Educaci¨®n que obliga a los centros escolares a recabar la autorizaci¨®n expresa de las familias para que los alumnos puedan asistir a las actividades complementarias decididas por el equipo docente. El Ministerio de Educaci¨®n present¨® el martes un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia contra la decisi¨®n del Gobierno aut¨®nomo, formado por PP y Ciudadanos, despu¨¦s de que este se negara a acatar el requerimiento para retirar la instrucci¨®n. El ministerio alega que la instrucci¨®n vulnera el derecho a la educaci¨®n que la Constituci¨®n otorga a los alumnos al priorizar el derecho accesorio de los padres a elegir la ense?anza moral y religiosa de sus hijos e instaurar una especie de objeci¨®n de conciencia que no est¨¢ prevista en la ley y vulnera la normativa b¨¢sica sobre educaci¨®n.

Aunque el Gobierno de Murcia ha anunciado algunas correcciones que indican que es consciente del desatino cometido, la forma m¨¢s coherente de resolver el entuerto es retirar la medida y abandonar la pretensi¨®n de modificar la normativa para satisfacer una exigencia de Vox que afecta gravemente a la autonom¨ªa de los centros. Las actividades complementarias son obligatorias y evaluables, pueden ser impartidas por personas ajenas al centro y abarcan un amplio abanico de contenidos. Aunque Vox apuntaba a las relacionadas con la educaci¨®n sexual, en esta categor¨ªa figuran por ejemplo las charlas de polic¨ªas sobre seguridad vial o ciberacoso; los talleres de profesionales sanitarios sobre nutrici¨®n o prevenci¨®n del tabaquismo, o los impartidos por juristas sobre derechos y deberes.

El Ejecutivo murciano tuvo constancia del error que comet¨ªa cuando los Gobiernos del PP y Ciudadanos en Madrid y en Andaluc¨ªa, que tambi¨¦n dependen de Vox, rechazaron, sin embargo, la misma exigencia. El seguidismo que hacen en Murcia de los postulados de la ultraderecha ha provocado un conflicto institucional y deteriorado la relaci¨®n del Gobierno con la comunidad educativa. Al anunciar los cambios normativos para dar rango legal al veto parental, el Gobierno avanz¨® en enero algunas modificaciones que suponen una peque?a rectificaci¨®n. Entre ellas, la exigencia de autorizaci¨®n paterna no se aplicar¨¢ como requisito previo, como indica la instrucci¨®n, sino solo en el caso de que la familia lo pida, y tampoco regir¨¢ para los talleres y charlas impartidas por funcionarios. Estas rebajas, sin embargo, no afectan al n¨²cleo de la cuesti¨®n, pues sigue permitiendo la intromisi¨®n de las familias que lo pidan en la actividad docente del centro, p¨²blico, concertado o privado al que vayan sus hijos.