Censura parental

El Partido Popular incurre en un grave error al dejarse arrastrar por Vox a una campa?a cuyo objetivo final es convertir los centros educativos en un campo de batalla pol¨ªtica e ideol¨®gica. La formaci¨®n de Pablo Casado ha traspasado l¨ªmites inaceptables al permitir que en la comunidad aut¨®noma de Murcia los padres puedan vetar la asistencia de sus hijos a las actividades docentes complementarias organizadas por los centros educativos. Una instrucci¨®n de la Consejer¨ªa de Educaci¨®n implant¨® en septiembre la exigencia de autorizaci¨®n paterna para que los alumnos puedan asistir a esas actividades y ahora el Gobierno, formado por PP y Ciudadanos con apoyo de Vox, pretende elevar el veto parental a rango legal. La formaci¨®n de Arrimadas en Madrid y Andaluc¨ªa parece desmarcarse, sin embargo, de sus correligionarios. Ser¨ªa muy necesario que la direcci¨®n nacional del partido dejara la ambig¨¹edad y obligara a sus representantes en Murcia a cambiar de posici¨®n.

La censura parental era una de las condiciones de Vox para apoyar los presupuestos de 2020 y el acuerdo firmado por los tres partidos recoge expresamente el ¡°establecimiento de una autorizaci¨®n expresa de las familias para la participaci¨®n de sus hijos en actividades complementarias seg¨²n los preceptos consagrados en la Constituci¨®n¡±. Esta formulaci¨®n no puede ser m¨¢s enga?osa, pues la Constituci¨®n no concede a los padres semejante prerrogativa. Esta pretensi¨®n atenta contra el derecho de los menores a una educaci¨®n que les permita desarrollarse como personas libres y forjarse un criterio propio. La libertad de los padres para decidir la orientaci¨®n moral o religiosa de la educaci¨®n de sus hijos recogida en la Constituci¨®n no ampara que puedan censurar o eludir contenidos educativos reglados para todos los alumnos.

El veto parental atenta tambi¨¦n contra la autonom¨ªa de los centros para decidir los contenidos que mejor complementan el curr¨ªculo. Hay que recordar que las actividades complementarias se imparten en horario lectivo, son evaluables y de obligada asistencia. La decisi¨®n sobre este tipo de actividades corresponde al claustro de profesores y son sometidas a la consideraci¨®n de los consejos escolares en los que participan los padres.

Aunque con esta exigencia Vox apunta ahora a las actividades relacionadas con la educaci¨®n afectiva y sexual, permitir el veto de los padres supone un precedente que podr¨ªa invocarse para otras actividades docentes. Implica aceptar una especie de objeci¨®n de conciencia de los padres que en realidad afecta a la libertad y al derecho a la educaci¨®n de los hijos. Como se ha repetido desde distintos foros, los hijos no son propiedad de los padres, y la patria potestad no es derecho ilimitado sobre la vida de los hijos, como ha sentenciado el Tribunal Constitucional contra la pretensi¨®n de unos progenitores de eludir la obligaci¨®n de llevar a sus hijos a la escuela.

Los derechos de los menores est¨¢n por encima de las preferencias de sus progenitores y los poderes p¨²blicos deben velar por que sean respetados en todo momento. El requerimiento enviado por el Gobierno para que el Gobierno de Murcia d¨¦ marcha atr¨¢s en este desprop¨®sito est¨¢ plenamente justificado. El PP debe hacer una reflexi¨®n sobre la din¨¢mica a la que le conduce su dependencia de Vox. El partido de Abascal est¨¢ interesado en mantener la escalada de exigencias que atentan contra los consensos b¨¢sicos e incluso contra los principios constitucionales porque no tiene nada que perder. En cambio, el PP puede perder su capital como partido de Gobierno y de Estado si, como ocurre ahora, cede tan f¨¢cilmente a pretensiones inaceptables y trata adem¨¢s de justificarlas.