Ante la ley

La Casa del Rey difundi¨® el domingo un comunicado en el que Felipe VI hac¨ªa p¨²blica la renuncia a la herencia de su padre, don Juan Carlos, y retiraba a este la asignaci¨®n econ¨®mica prevista en el presupuesto de la Jefatura del Estado. Estas decisiones responden a las informaciones publicadas?sobre la existencia de dos fundaciones en el extranjero en las que el Rey em¨¦rito aparece como beneficiario y no declaradas en Espa?a, una de las cuales habr¨ªa recibido pagos de Arabia Saud¨ª y en la que, sin su conocimiento, aparecer¨ªa el rey Felipe VI, tambi¨¦n como beneficiario. La gravedad de unos hechos presuntos sobre los que ya trabaja la justicia no puede ser minimizada con la excusa de proteger el sistema constitucional de 1978. Antes por el contrario, proteger el sistema constitucional, incluida la Monarqu¨ªa como forma de gobierno que hoy encarna Felipe VI, exige que, seg¨²n ¨¦l mismo reclama, el Estado de derecho se aplique con escrupuloso rigor.

Desde el punto de vista pol¨ªtico significa, adem¨¢s, que bajo ninguna circunstancia se pueden confundir las instituciones con las personas que las encarnan. Ni siquiera en el caso de la monarqu¨ªa parlamentaria, puesto que, al igual que sucede con otras formas democr¨¢ticas de gobierno, es el mismo orden constitucional el que prev¨¦ las responsabilidades en las que pueden incurrir sus titulares y los procedimientos judiciales y parlamentarios para depurarlas. Ning¨²n sistema pol¨ªtico est¨¢ en condiciones de garantizar que los m¨¢s altos dignatarios tengan un comportamiento ejemplar, y no por ello son sistemas deficientes. Lo ser¨¢n si, llegado el caso, no tienen respuesta, y la Constituci¨®n de 1978 s¨ª la tiene.

Atenerse en las reacciones p¨²blicas ante el caso a las diferencias entre las instituciones y las personas ser¨¢ determinante para que el pa¨ªs y el sistema constitucional salgan de esta nueva prueba fortalecidos en lugar de debilitados. Los hechos reci¨¦n conocidos, y de los que el rey Felipe VI se ha distanciado con acciones inequ¨ªvocas, han producido conmoci¨®n e indignaci¨®n entre los ciudadanos. Conviene no perder de vista, sin embargo, que, sea cual sea el itinerario judicial que aguarde al caso, se trata de hechos que en ninguna circunstancia han afectado, afectan ni tienen por qu¨¦ afectar al escrupuloso cumplimiento de las funciones que la Constituci¨®n de 1978 otorga a la Monarqu¨ªa. Y ello tanto por lo que respecta a Felipe VI, como tambi¨¦n, y pese a todo, a don Juan Carlos.

Este ¨²ltimo tuvo en su mano ocupar un lugar en la historia que, dependiendo de lo que establezcan a partir de ahora los tribunales, podr¨ªa quedar ensombrecido por no haber sabido resistirse al espejismo de una ¨¦poca. El respeto y el prestigio que supo ganarse entre los ciudadanos y los Gobiernos de todo signo deber¨ªan haber sido suficiente recompensa para quien, como ¨¦l, desempe?¨® un papel pol¨ªtico insustituible para dejar atr¨¢s la dictadura. Exigir que comparezca ante la ley si as¨ª lo estiman los jueces y lo permite la interpretaci¨®n leg¨ªtima de las normas no es incompatible con seguir reconoci¨¦ndoselo. Pero no lamentablemente por afecto hacia su persona, sino por inequ¨ªvoco compromiso con una Constituci¨®n que tanto le debe, y con sus instituciones.