Ahora, el alquiler

El Gobierno pretende redondear su plan de choque para combatir el colapso bastante generalizado de la econom¨ªa causado por el coronavirus con dos decisiones de suma importancia para los afectados. La primera es aplicar una suspensi¨®n del pago de los alquileres de la que se beneficiar¨ªan las personas consideradas como ¡°vulnerables¡±, es decir, las afectadas por los expedientes de regulaci¨®n de empleo o reducci¨®n de jornada, adem¨¢s de un amplio grupo de aut¨®nomos abocados a la suspensi¨®n o cierre de sus negocios. El Gobierno ya aprob¨® una moratoria en el pago de hipotecas, pero el plan de contenci¨®n social de la crisis quedar¨ªa ostensiblemente incompleto sin ayudar de forma directa a los ciudadanos que viven en r¨¦gimen de alquiler, entre los cuales se encuentran, sobre todo, j¨®venes profesionales y familias que no disponen de recursos para adquirir una vivienda. La segunda medida ser¨¢ la aprobaci¨®n de una renta b¨¢sica m¨ªnima para los damnificados por la crisis v¨ªrica que, si se dise?a bien, podr¨ªa ser el germen de una renta b¨¢sica estable.

Dado el peso de la vivienda en el presupuesto mensual de una familia, m¨¢s elevado en Espa?a que en otros pa¨ªses europeos, una suspensi¨®n temporal de las mensualidades tendr¨ªa como principal efecto el de liberar recursos para dedicarlos a otros gastos m¨¢s perentorios en un momento tan cr¨ªtico como el actual. La decisi¨®n, contundente aunque limitada, no es tan sencilla como parece e invita a la cautela en el dise?o de las ayudas. La vicepresidenta Nadia Calvi?o ha argumentado, no sin raz¨®n, que la suspensi¨®n podr¨ªa provocar un descenso de las rentas de los propietarios privados de las viviendas alquiladas. Ese impacto ser¨ªa m¨ªnimo en los grandes fondos que controlan el mercado del alquiler, pero podr¨ªa da?ar innecesariamente a los propietarios modestos. El debate no puede zanjarse m¨¢s que reafirmando dos prioridades b¨¢sicas. La primera es la de hacer frente ante todo y sobre todo a la crisis sanitaria; la segunda, la de que hay que minimizar los da?os sociales producidos por el colapso parcial de la econom¨ªa. Ambas deben conjugarse con el reconocimiento de que los arrendadores deber¨¢n ser compensados por la p¨¦rdida de sus ingresos. Es probable que el Gobierno opte por aplicar una compensaci¨®n progresiva, que ir¨¢ descendiendo en proporci¨®n al n¨²mero de viviendas alquiladas del propietario. Hay que hilar muy fino.

Pero no basta con aprobar ayudas y compensaciones cuya aplicaci¨®n posterior resulta dificultosa o llega tarde para cumplir los fines propuestos. La liberaci¨®n de rentas a los colectivos afectados debe notarse con rapidez y, en la medida de lo posible, tiene que ser de tramitaci¨®n sencilla. Si se cumplen los pron¨®sticos sobre la duraci¨®n de la pandemia, los da?os econ¨®micos m¨¢s acusados se concentrar¨¢n en un periodo relativamente corto, que dar¨¢ paso a una recuperaci¨®n de ritmo todav¨ªa incierto y quiz¨¢ parcial. Por tanto, los afectados deber¨ªan acceder a la cancelaci¨®n sin demasiados tr¨¢mites administrativos iniciales. En estos casos, es mejor recurrir a los controles exhaustivos a posteriori antes que bloquear un gasto p¨²blico vital. No est¨¢ de m¨¢s recordar que si el Gobierno decide la suspensi¨®n, ser¨ªa defraudar el esp¨ªritu de la norma proceder despu¨¦s, cuando cese el estado de alarma, a una subida disparatada de los alquileres.