Poder y liderazgo
La situaci¨®n extraordinaria no es una carta blanca al Gobierno para actuar
El Consejo de Ministros aprob¨® este martes un paquete de medidas para tratar de paliar algunos de los efectos econ¨®micos m¨¢s inmediatos de la pandemia por coronavirus, dirigidas tanto a empresas como a particulares. La progresiva ampliaci¨®n de los instrumentos que el Gobierno est¨¢ llevando a cabo semana tras semana no puede ser sin m¨¢s descalificada como improvisaci¨®n, puesto que la magnitud del problema ha ido sobrepasando cada jornada los c¨¢lculos m¨¢s pesimistas. Como le hubiera sucedido a cualquier otro Ejecutivo en su lugar, tambi¨¦n este se est¨¢ viendo obligado a crear las respuestas a medida que surgen las dificultades, atenazado por la disyuntiva entre salud y econom¨ªa.
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La necesidad insoslayable de cerrar filas en este momento de extraordinarias dificultades, que, seguramente, solo cambiar¨¢n de signo, no de intensidad, una vez que finalice la cuarentena, no puede ser interpretada por el Gobierno como carta blanca para decidir y actuar en absoluta soledad. Menos a¨²n para colocar a la totalidad del pa¨ªs en una expectante situaci¨®n de espera, despertando entre algunos de los principales agentes sociales un sentimiento de impotencia por el hecho de no ser convocados a contribuir en la b¨²squeda de soluciones, cada cual desde sus propias responsabilidades y dispuesto a hacerse solidario con las del resto. Es en circunstancias como las que hoy vive Espa?a cuando cobra todo su grave significado la distinci¨®n entre ejercer el poder y asumir el liderazgo. O lo que es lo mismo, entre ordenar a una sociedad lo que debe hacer para ponerse a salvo y ser capaz de convocar todos y cada uno de los esfuerzos en la consecuci¨®n de un objetivo.
No hay razones para dudar de que el cese de las actividades econ¨®micas no esenciales, decidida por el Gobierno el pasado domingo, sea imprescindible para evitar la progresi¨®n de los contagios. Pero, precisamente porque esas razones no existen, las organizaciones empresariales y sindicales no debieron ser dejadas al margen de la decisi¨®n. En primer lugar, porque eran destinatarias de ella. Y, en segundo lugar, porque, ante la pandemia, los colectivos sociales no tienen solo un deber de solidaridad, sino tambi¨¦n el derecho a manifestarla antes de que nadie se la reclame. Los costes de la crisis que asumir¨¢ el Estado empiezan a estar m¨¢s definidos despu¨¦s del Consejo de Ministros del martes, como tambi¨¦n los sacrificios que recaer¨¢n sobre los trabajadores y las familias en un horizonte de empobrecimiento general. No se deber¨ªa imponer su parte en el esfuerzo tampoco a los empresarios sin antes haber escuchado el compromiso que desean asumir, que es a la vez econ¨®micamente imprescindible e irrenunciable socialmente.
El l¨ªder del PP, Pablo Casado, ha evitado reclamar desde la crispaci¨®n de otras ocasiones aquello a lo que no solo tiene derecho, sino que es imprescindible para hacer frente a la pandemia. Su posici¨®n de fondo ha de ser atendida: el Gobierno no puede reclamar unidad sin ofrecer informaci¨®n e, incluso, corresponsabilidad en las decisiones. Contener los efectos de la pandemia exige delimitar un espacio p¨²blico de confianza entre las fuerzas pol¨ªticas, lo mismo que entre los agentes sociales y el Gobierno. Para ello, ser¨¢ necesario en algunos casos habilitar procedimientos. Para el resto, urge recuperar la funci¨®n del Parlamento y facilitar que el sistema constitucional siga trabajando a pleno rendimiento.
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