Callej¨®n sin salida

Las juntas de tratamiento de los establecimientos penitenciarios donde cumplen condena los nueve dirigentes independentistas catalanes condenados por el proc¨¦s les denegaron el permiso para permanecer confinados en sus domicilios mientras dure el estado de alarma. De acuerdo con la interpretaci¨®n de algunos de los propios encarcelados, as¨ª como del president, Quim Torra, la decisi¨®n de las juntas de tratamiento responder¨ªa a las amenazas vertidas contra sus miembros por el Tribunal Supremo. Tanto el l¨ªder de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, como el propio Torra, se habr¨ªan dirigido a instancias internacionales como Naciones Unidas o el Consejo de Europa denunciando la discriminaci¨®n y el riesgo de contagio que padecer¨ªan los dirigentes independentistas.

Las amenazas del Supremo denunciadas se refieren, concretamente, al mensaje enviado por el gabinete de prensa del Tribunal a los periodistas a trav¨¦s de un servicio de mensajer¨ªa telef¨®nica, no a una decisi¨®n de los magistrados formalmente comunicada a la direcci¨®n de las c¨¢rceles ni a la Consejer¨ªa de Justicia de la Generalitat. En ese mensaje, el gabinete de prensa describe sucintamente, y con alg¨²n posible error dependiendo de la interpretaci¨®n, los pasos que podr¨ªa dar el Supremo en el caso de que se permitiera a los dirigentes independentistas (a los que se aplican los beneficios contemplados en el art¨ªculo 100.2 del reglamento penitenciario) permanecer mientras dure la alarma fuera de las c¨¢rceles en las que cumplen condena.

Esta eventualidad no se ha producido, de modo que es dif¨ªcil determinar si el Tribunal actu¨® por una v¨ªa cuando menos manifiestamente heterodoxa, o, por el contrario, se trata de una manipulaci¨®n del entorno independentista. Porque, seg¨²n sostienen las juntas, su decisi¨®n se limita a cumplir las leyes aplicables al caso, de acuerdo con la situaci¨®n penitenciaria de los dirigentes independentistas. En Catalu?a, solo 15 presos de los aproximadamente 400 a los que se aplica el r¨¦gimen previsto en el art¨ªculo 100.2 habr¨ªan recibido la autorizaci¨®n.

Este es el punto d¨¦bil de la versi¨®n del entorno independentista y del presidente de la Generalitat. Pero la denuncia contra el Tribunal Supremo es tan grave partiendo de una comunicaci¨®n que no guarda formalidad jur¨ªdica alguna, que hacen aconsejables las explicaciones. Porque si las amenazas que denuncian los independentistas fueran ciertas, entonces se llegar¨ªa a un callej¨®n sin salida. En realidad, estar¨ªan acusando de prevaricaci¨®n a las juntas de tratamiento por haber dictado resoluciones injustas cediendo a presiones ilegales. Incluso si procedieran del propio Tribunal Supremo.