Ante la sentencia

El Tribunal Supremo anunciar¨¢ en breve la sentencia contra los 12 dirigentes que, en octubre de 2017, tomaron presuntamente parte en la declaraci¨®n unilateral de independencia de Catalu?a. La decisi¨®n de los jueces pondr¨¢ fin a uno de los m¨¢s relevantes procesos penales afrontados por el sistema constitucional de 1978, tanto por las responsabilidades p¨²blicas que ostentaban los principales encausados en el momento de cometer los hechos como por la gravedad de los hechos mismos. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Constitucional y, agotado este tr¨¢mite, tambi¨¦n ante otras instancias supranacionales.

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La existencia de estos recursos, unida al escrupuloso desarrollo del proceso, ponen de manifiesto que los llamamientos a la movilizaci¨®n realizados por las fuerzas independentistas buscan generar y explotar un clima emocional en torno a la sentencia m¨¢s que reconsiderar las premisas que inspiraron sus acciones. En contra de lo que sostienen esas fuerzas, el sistema pol¨ªtico espa?ol nada tiene que ver con una dictadura, ni tampoco Catalu?a es v¨ªctima de una opresi¨®n colectiva, ni, en ¨²ltimo extremo, una exigua mayor¨ªa en un Parlamento auton¨®mico puede imponer su programa derogando de un plumazo la totalidad de un sistema normativo democr¨¢tico, incluyendo una Constituci¨®n y un Estatut. No basta con invocar la democracia y la libertad en los discursos para que acciones como las llevadas a cabo en septiembre y octubre de 2017 se conviertan sin m¨¢s en expresiones de democracia y de libertad. Ni basta tampoco afirmar que la autodeterminaci¨®n es un derecho para que ese derecho exista autom¨¢ticamente en Catalu?a y sus partidarios sean los incontestables titulares, en contra de cuanto establecen la legalidad internacional, los Tratados de la Uni¨®n Europea y la propia normativa interna espa?ola.

Asociaciones como la Asamblea Nacional Catalana han anunciado movilizaciones tras la publicaci¨®n de la sentencia. Con ello ejercitan libertades reconocidas por la Constituci¨®n que los partidos independentistas pretendieron derogar en el Parlament, y que rige para los ciudadanos de Catalu?a igual que para los de cualquier otra comunidad. No es este, sin embargo, el caso del Govern ni de la presidencia del Parlament, cuyos representantes est¨¢n obligados a acatar las resoluciones del Poder Judicial.

En lugar de reconocerlo as¨ª y de asumir sin equ¨ªvocos sus deberes institucionales, el jefe del Ejecutivo catal¨¢n, Quim Torra, ha sustituido su habitual ret¨®rica inflamada llamando a la resistencia por una invitaci¨®n a que sea el Parlament quien tome la iniciativa, disfrazando de respeto a la voluntad de los catalanes lo que solo es una nueva escaramuza electoral de su grupo pol¨ªtico contra ERC. Por su parte, el presidente del Parlament, Roger Torrent, miembro de ERC, ha apelado a la libertad de expresi¨®n en respuesta a la advertencia del Tribunal Constitucional acerca de las responsabilidades penales en las que incurrir¨ªan los miembros de la Mesa si la C¨¢mara sobrepasara el marco de la legalidad. Confundir eventuales decisiones ilegales del Parlament con la libertad de expresi¨®n es insostenible desde el punto de vista jur¨ªdico. Pero lo es tambi¨¦n desde el pol¨ªtico, puesto que revela que el independentismo sigue considerando viable servirse de las instituciones para adoptar lo que una exconsejera, hoy fugada de la justicia, defini¨® como juegos de farol.

Los ciudadanos de Catalu?a y del resto de Espa?a merecen que, esta vez s¨ª, los dirigentes que prometieron la independencia no persistan en esos juegos y hablen con claridad. Ante la sentencia de un tribunal democr¨¢tico, que ha concluido un juicio justo, imparcial y con garant¨ªas solo cabe el acatamiento desde las instituciones, y el recurso ante otras instancias si as¨ª lo estiman los encausados. Ocultar estas respuestas detr¨¢s de la movilizaci¨®n de los ciudadanos no es solo resistirse al reconocimiento de un fracaso, sino tambi¨¦n oponerse a la b¨²squeda de las soluciones pol¨ªticas que Catalu?a requiere con urgencia.