Aborto: una deuda pendiente con las mujeres y las ni?as en Espa?a

El anuncio de la Ministra de Igualdad, Irene Montero, de que el Gobierno derogar¨¢ la reforma de la ley del aborto del a?o 2015, que impide que las adolescentes de 16 y 17 a?os puedan interrumpir un embarazo sin autorizaci¨®n parental, es una excelente noticia para los derechos de las mujeres y las ni?as.

Lo ideal es que una adolescente pueda contar con el apoyo de su familia para tomar la dif¨ªcil decisi¨®n de abortar, pero en muchos casos no es posible. La ni?a o adolescente puede vivir situaciones de violencia y de abusos en el seno de la familia o estar tutelada por el Estado, haciendo imposible para ella pedir autorizaci¨®n. Y lo que no tiene sentido es que como sociedad consideremos que una adolescente es lo suficientemente madura para ejercer la maternidad, pero no lo es para decidir que hacer ante un embarazo no deseado.

Requerir el permiso parental es quiz¨¢ una de las barreras al acceso al aborto m¨¢s conocida en nuestro pa¨ªs, pero no es, ni mucho menos, la ¨²nica que existe. Desde Women¡¯s Link creemos que esta reforma es una oportunidad para abrir el debate a otras medidas necesarias para mejorar el acceso de las mujeres y ni?as a sus derechos sexuales y reproductivos, que incluyen el acceso al aborto. El derecho de terminar un embarazo no deseado debe de ser accesible para todas las mujeres sin importar cu¨¢l sea el lugar de residencia.

En Espa?a, el acceso al aborto en la sanidad p¨²blica es tremendamente desigual dependiendo de la regi¨®n. Seg¨²n informes del Ministerio de Sanidad, en los ¨²ltimos 30 a?os, ocho provincias espa?olas no han realizado ni un solo aborto. Y, m¨¢s recientemente, en 2018, once provincias no realizaron ning¨²n aborto, ni en hospitales p¨²blicos ni en cl¨ªnicas privadas. Todas las mujeres que resid¨ªan en esas provincias fueron obligadas a desplazarse a otras regiones, a veces a cientos de kil¨®metros para acceder a este servicio m¨¦dico al que tienen derecho en nuestro pa¨ªs.

La discriminaci¨®n geogr¨¢fica es consecuencia del ejercicio abusivo de la objeci¨®n de conciencia ya que ninguna instituci¨®n tiene ese derecho. La objeci¨®n de conciencia es un derecho individual y en todo caso, existe la obligaci¨®n de derivar a otro m¨¦dico o m¨¦dica para no causar perjuicio o discriminaci¨®n a la mujer. Esta pr¨¢ctica de objeci¨®n de conciencia institucional sigue rigiendo a d¨ªa de hoy en los servicios p¨²blicos de salud y provoca que, desde el a?o 2010, el 91% de los abortos hayan sido derivados a cl¨ªnicas privadas concertadas, incluso aunque la ley indica que este procedimiento es un derecho dentro del servicio sanitario p¨²blico.

Al mismo tiempo, los requisitos para acceder a la interrupci¨®n del embarazo son desproporcionados e innecesarios para las mujeres, como por ejemplo la obligaci¨®n de recoger, de manera presencial, la documentaci¨®n con informaci¨®n sobre el procedimiento y las ayudas disponibles a la maternidad, y la obligaci¨®n de pasar un periodo de reflexi¨®n de 3 d¨ªas, para despu¨¦s tener que regresar a la cl¨ªnica para acceder al aborto. La premisa de que las mujeres no somos capaces de tomar una decisi¨®n aut¨®noma y suficientemente reflexionada es en s¨ª una forma de discriminaci¨®n. No existe un procedimiento m¨¦dico que pueda necesitar un hombre que requiera este periodo de reflexi¨®n.

Como ha sucedido en todo el mundo, los obst¨¢culos para acceder a servicios esenciales de salud, como lo es un aborto, se han agravado durante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, el gobierno espa?ol no ha desplegado ninguna campa?a oficial de informaci¨®n sobre el acceso al aborto en este nuevo contexto. Adem¨¢s, en un momento en el que se pide limitar los desplazamientos, tampoco se han tomado medidas para facilitar el aborto farmacol¨®gico a trav¨¦s de servicios de telemedicina, como s¨ª han hecho otros pa¨ªses como Reino Unido, Francia o Colombia, para evitar traslados innecesarios a las mujeres que elijan esta opci¨®n.

Obligar a una mujer a continuar un embarazo no deseado es una grave violaci¨®n de sus derechos humanos. En el caso de las ni?as y adolescentes, entra?a serios riesgos f¨ªsicos y emocionales. Seg¨²n datos del a?o 2020 de la Organizaci¨®n Mundial de la Salud, las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre mujeres de 15 a 19 a?os en todo el mundo. Es el momento de que el Estado espa?ol tome las medidas necesarias para reforzar el acceso al aborto de manera integral, para todas las mujeres y en todas las regiones del pa¨ªs, por una cuesti¨®n de derechos humanos, de salud p¨²blica, de dignidad y de igualdad.