La Abogac¨ªa del Estado acusa a la juez del 8-M de abrir una ¡°causa general¡± contra las autoridades

La Abogac¨ªa del Estado arremete contra la investigaci¨®n abierta por la magistrada Carmen Rodr¨ªguez-Medel sobre la celebraci¨®n de manifestaciones en plena expansi¨®n del coronavirus. En un recurso presentado ante la Audiencia Provincial de Madrid, al que ha tenido acceso EL PA?S, el ¨®rgano jur¨ªdico dependiente del Ejecutivo acusa a la juez de abrir ¡°una causa general contra las distintas autoridades y administraciones competentes¡±. Tambi¨¦n le atribuye una vulneraci¨®n del derecho de defensa del actual delegado del Gobierno en Madrid y ¨²nico imputado, Jos¨¦ Manuel Franco; as¨ª como de saltarse el decreto de alarma e iniciar una investigaci¨®n ¡°prospectiva¡± en busca de indicios de delito.

El escrito de la Abogac¨ªa, de 19 p¨¢ginas y que ha avanzado El Espa?ol, est¨¢ cargado de reproches. El documento destaca la ¡°sorprendente celeridad¡± de la juez al admitir a tr¨¢mite la denuncia: la recibi¨® el 20 de marzo y, tres d¨ªas despu¨¦s, dict¨® el auto que da origen a la causa. Atribuye a la magistrada tambi¨¦n un incumplimiento del decreto del estado de alarma, que suspendi¨® los plazos procesales y, seg¨²n el ¨®rgano dependiente del Ejecutivo, solo autorizaba a los instructores a seguir adelante con actuaciones ¡°urgentes¡± en las causas sin presos ni detenidos. Las decisiones de Rodr¨ªguez-Medel ¡°no eran, en modo alguno, inaplazables¡±, concluye el recurso, que afirma que estas prisas generan indefensi¨®n en Franco.

La juez ya tuvo en cuenta el decreto de alarma en la apertura de la causa. En su auto del 23 de marzo, recordaba a los forenses y a la Guardia Civil sus efectos y les a?ad¨ªa que, por tanto, ¡°quedaban facultados para demorar en el tiempo la presentaci¨®n¡± de los informes que les hab¨ªa solicitado. Pero la Abogac¨ªa se remonta a la decisi¨®n original de tramitar la denuncia que da lugar al caso: ¡°No era urgente ni inaplazable incoar diligencias resolviendo acerca de la admisi¨®n a tr¨¢mite de aquella, m¨¢xime cuando al hacerlo se acordaban diligencias de instrucci¨®n que perfectamente, podr¨ªan haberse acordado, y as¨ª deber¨ªa haberse hecho, una vez alzado el estado de alarma¡±.

La Abogac¨ªa insiste en que, con los plazos procesales suspendidos, la situaci¨®n deja al imputado sin capacidad de respuesta: ¡°[Se produce] la palmaria indefensi¨®n de quien es investigado ¡ªporque, sin otorgarle ese estatus, se acuerdan m¨²ltiples diligencias para investigar su actuaci¨®n¡ª pero no puede defenderse ni combatir procesalmente esas resoluciones mientras la investigaci¨®n se pone en marcha, como ya ha ocurrido¡±. Fuentes jur¨ªdicas tambi¨¦n recuerdan que la juez le comunic¨® a la defensa que pod¨ªa acudir a recoger toda la documentaci¨®n de la causa e, incluso, la cit¨® este 26 de mayo por la ma?ana para ello.

¡°Se pretende conseguir un indicio que, incluso en caso de obtenerse, no constituir¨ªa m¨¢s que una hip¨®tesis o conjetura repleta de incertidumbres que a todas luces no puede constituir un indicio de un hecho t¨ªpico¡±, le reprocha tambi¨¦n la Abogac¨ªa en un escrito fechado el pasado 20 de abril, antes de que la Comandancia de la Guardia Civil enviase a la magistrada el informe donde concluye que ¡°no se deber¨ªa haber celebrado ninguna manifestaci¨®n en Madrid¡± y que contiene algunos errores.

M¨¢s tensi¨®n

Este escrito de la Abogac¨ªa se conoce despu¨¦s de que se haya disparado la tensi¨®n por el caso 8-M. Al cese del coronel Diego P¨¦rez de los Cobos le sigui¨® el escrito enviado por la juez al secretario de Estado de Seguridad para advertirle de que hab¨ªa dado ¨®rdenes a los agentes de la Guardia Civil para que solo le informaran a ella de sus averiguaciones. Un documento donde se?alaba que, de incumplirse este deber, podr¨ªa acarrear responsabilidades incluso ¡°penales¡±, adem¨¢s de abrir una investigaci¨®n en su juzgado para dilucidarlas. Era solo el pr¨®logo.

Solo 24 horas despu¨¦s presentaba su dimisi¨®n el n¨²mero dos del instituto armado, el teniente general Laurentino Ce?a. Y, a continuaci¨®n, el informe que la Comandancia de Madrid hab¨ªa elaborado para la magistrada acababa difundido por la mayor¨ªa de medios de comunicaci¨®n y colgado en sus webs. La advertencia de Rodr¨ªguez-Medel, por tanto, ca¨ªa en saco roto: ¡°La difusi¨®n de documentaci¨®n aportada a la causa o del resultado de lo actuado puede dar lugar a responsabilidad, en su caso, incluso penal¡±, les record¨® tambi¨¦n a las partes en una resoluci¨®n dictada el lunes, donde citaba a declarar como imputado al delegado del Gobierno en Madrid. La cita es el 5 de junio.