Los funcionarios de la Delegaci¨®n de Gobierno niegan las presiones que les atribuy¨® la Guardia Civil en el ¡®caso 8-M¡¯

Los agentes de la Guardia Civil encargados de la investigaci¨®n del 8-M incluyen en su segundo informe enviado a la juez Carmen Rodr¨ªguez-Medel, al que tuvo acceso EL PA?S, las declaraciones de tres trabajadores de la Delegaci¨®n del Gobierno en la Comunidad de Madrid a los que interrogaron sobre las llamadas efectuadas a los convocantes de varias concentraciones celebradas durante la fase de expansi¨®n del coronavirus. Estos empleados admiten que ¡°sugirieron¡± a los promotores que las suspendieran, pero en ning¨²n momento hablan de presiones, como interpret¨® el instituto armado en el primer informe remitido a la magistrada, que conten¨ªa errores y especulaciones.

Pese a ello, el instituto armado insiste en su tesis. ¡°Para un ciudadano medio con conciencia social de la grave crisis sanitaria que por esas fechas ya era de debate social, y tras recibir una llamada de tel¨¦fono proveniente de la Delegaci¨®n del Gobierno de Madrid, esta ¨²ltima ejerce una influencia muy notable en lo que se refiere a la suspensi¨®n del evento¡±, escriben los agentes en sus conclusiones tras analizar los testimonios de los tres trabajadores, dos funcionarios de carrera y una auxiliar administrativo. Ellos se encargaron a partir del 11 de marzo, despu¨¦s de la marcha feminista del 8 de marzo y en plena expansi¨®n del coronavirus, de telefonear a los convocantes de movilizaciones previstas para esas fechas con el objetivo de advertirles del riesgo sanitario que supon¨ªan.

¡°En las llamadas se les inform¨® acerca de los problemas sanitarios derivados de la covid-19 y los riesgos de celebrar reuniones. Se les suger¨ªa que lo ideal era que suspendieran¡±, relata uno de los empleados a la Guardia Civil. ¡°Sobre el 11 o 12 de marzo comenz¨® a llamarse a los promotores para sugerirles que, de forma voluntaria, cancelaran las concentraciones previstas¡±, coincide un segundo funcionario, que explica que solo uno de los promotores se neg¨® a hacerlo y les inst¨® a que fuera la Delegaci¨®n la que cancelara su acto. De hecho, el tercer empleado destaca que la mayor¨ªa acept¨® sus recomendaciones, pues ya estaban ¡°concienciados¡±.

En el primer informe del instituto armado enviado a la juez se atribu¨ªa a los trabajadores que llamaban a los convocantes ¡°expresiones imperativas para que los actos no se lleven a cabo¡±. E, incluso, los agentes iban m¨¢s all¨¢ y lanzaban sospechas de que la Delegaci¨®n del Gobierno intent¨® ocultar estas comunicaciones: ¡°La inexistencia de ning¨²n tipo de registro de dichas llamadas telef¨®nicas en los expedientes remitidos por la Delegaci¨®n del Gobierno, as¨ª como el especial inter¨¦s por parte de la delegaci¨®n en que fueran los propios asistentes los que llevaran a efecto la cancelaci¨®n de las manifestaciones, hace considerar, por un lado, la posible intencionalidad de la delegaci¨®n en que las mismas no figuren en ning¨²n registro oficial; y, por otro, el amplio conocimiento de la delegaci¨®n de los riesgos que comportaba la celebraci¨®n de las concentraciones ante posibles contagios generados por la covid-19 y su inter¨¦s real de que no se celebraran¡±.

La Guardia Civil tambi¨¦n mencionaba en ese primer documento una reuni¨®n celebrada el 6 de marzo entre las autoridades sanitarias y los promotores de un congreso de la Federaci¨®n de Asambleas de Dios en Espa?a (FADE). Seg¨²n la versi¨®n recabada por los agentes, en ese encuentro se encontraba Fernando Sim¨®n, director del Centro de Coordinaci¨®n de Alertas Sanitarias, y se comunic¨® a los impulsores de la movilizaci¨®n que ¡°no se pod¨ªa celebrar de ninguna manera¡±. Seg¨²n el instituto armado, eso ¡°equivale a una prohibici¨®n¡±. EL PA?S ha contactado con los promotores de 10 de estas marchas y todos estos rechazan haber recibido presiones para cancelarlas.

Todo ello lleva a los agentes a concluir que no se deber¨ªa haber celebrado ninguna concentraci¨®n en Madrid desde el 5 de marzo y que las autoridades conoc¨ªan los riesgos. Una tesis que ya ha rechazado la Abogac¨ªa del Estado, que acus¨® a la Guardia Civil en un escrito de contener un ¡°claro sesgo acusatorio¡±, ¡°deslizar continuas sospechas y comentarios suspicaces¡±; y de no hacer ¡°ning¨²n an¨¢lisis de evidencias cient¨ªficas, solo referencias mutiladas o parciales a documentos t¨¦cnicos o noticias de prensa, que en modo alguno pueden caracterizarse como una base cient¨ªfica¡±,

El caso 8-M ha sacudido la pol¨ªtica nacional y ha colocado a la Guardia Civil en el epicentro. El primer informe enviado a la juez, que ha citado a declarar como testigos a varios trabajadores de la Delegaci¨®n y a impulsores de las protestas analizadas por el instituto armado, provoc¨® el cese del coronel Diego P¨¦rez de los Cobos, que estaba al frente de la Comandancia de Madrid de la que dependen los autores de estos dos informes. Tras su destituci¨®n, la oposici¨®n ha cargado contra el Gobierno por supuestas injerencias en las pesquisas. En esta causa se encuentra imputado el delegado del Gobierno en la Comunidad, Jos¨¦ Manuel Franco.