El Poder Judicial censura ¡°dilaciones indebidas¡± de la juez Mercedes Alaya en el ¡®caso Mercasevilla¡¯

El Poder Judicial aprecia un ¡°funcionamiento anormal¡± de la Justicia en la instrucci¨®n que llev¨® a cabo la magistrada Mercedes Alaya de una pieza del caso Mercasevilla. La juez, que investig¨® los principales casos de corrupci¨®n en la Junta andaluza hasta su ascenso a la Audiencia de Sevilla en 2015, incurri¨® en ¡°dilaciones indebidas¡± durante su investigaci¨®n, que se inici¨® en 2009 y termin¨® en 2017 con una sentencia absolutoria para los 10 procesados. Entre ellos, el ex teniente alcalde de Sevilla y l¨ªder local de Izquierda Unida, Antonio Rodrigo Torrijos, y el ex alto cargo municipal Domingo Enrique Casta?o (PSOE), que reclaman al Estado 147.000 euros por ¡°la pena de banquillo¡± y ¡°el escarnio p¨²blico¡± que sufrieron durante ocho a?os.

Tras la reclamaci¨®n econ¨®mica de los ex altos cargos absueltos, el Ministerio de Justicia pidi¨® un informe al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para valorar si existieron irregularidades durante la instrucci¨®n. Y el vocal del Poder Judicial ?lvaro Cuesta considera ahora que Alaya incurri¨® en ¡°dilaciones indebidas¡±, tal y como denunciaron la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y todos los abogados de los acusados, desesperados al ver c¨®mo la juez relegaba su investigaci¨®n frente a la macrocausa de los ERE y los cursos de formaci¨®n. El informe no es vinculante, pero lo habitual es que Justicia indemnice a los recurrentes tras reconocer el Poder Judicial el mal funcionamiento de la justicia.

¡°Los hechos acreditados en el expediente correspondiente constituyen efectivamente un supuesto de funcionamiento anormal de la Administraci¨®n de Justicia, sin entrar en otras consideraciones acerca de los da?os que a sus resultas puedan haberse producidos¡±, concluye el magistrado Cuesta en su informe. Para el Poder Judicial, existi¨® ¡°un exceso en el transcurso del tiempo a los efectos de la tramitaci¨®n de las diligencias penales¡±.

La denuncia de los excargos ante el Ministerio destacaba tres periodos de inactividad de Alaya de dos, tres y cuatro meses entre 2012 y 2013. Adem¨¢s, recordaba c¨®mo al cerrar la investigaci¨®n, la juez olvid¨® remitir el sumario a la constructora Sanma como responsable civil subsidiaria, lo que provoc¨® medio a?o de retraso. ¡°Transcurrieron m¨¢s de seis meses para cumplimentar un tr¨¢mite indispensable que pudo y debi¨® ser realizado simult¨¢neamente al de las defensas¡±, rezaba el escrito.

Si el Gobierno indemniza a Rodrigo Torrijos, el expol¨ªtico solicitar¨¢ que Alaya pague la cuant¨ªa. ¡°Reclamar¨¦ que no paguemos los espa?oles una presunta negligencia de la juez Alaya¡±, afirma el exl¨ªder local de IU, que pedir¨¢ el pago a la juez en un procedimiento denominado ¡°de repetici¨®n¡±, para especificar que Alaya tuvo responsabilidad personal como funcionaria en el funcionamiento anormal de la justicia. La imputaci¨®n perjudic¨® a Rodrigo Torrijos en las elecciones municipales de 2011, que perdi¨® tras ostentar el poder en coalici¨®n con el PSOE, y que aup¨® como alcalde sevillano al exministro Juan Ignacio Zoido, denunciante del caso Mercasevilla.

Tras la prolongada instrucci¨®n y una gradual rebaja de la gravedad de las imputaciones, Alaya remiti¨® a juicio el caso del supuesto ama?o del concurso p¨²blico para la venta de suelos de la lonja municipal Mercasevilla. En 2017 la Fiscal¨ªa pidi¨® para Rodrigo Torrijos dos a?os de c¨¢rcel por prevaricaci¨®n, pero el Juzgado de lo Penal 13 de Sevilla le absolvi¨® junto a otros nueve imputados y subray¨® en su sentencia que no apreciaba ¡°meros indicios delictivos¡±. Anticorrupci¨®n eludi¨® recurrir el fallo.