El PP facilita la renovaci¨®n del Poder Judicial al aceptar el modelo vigente

El PP ha aceptado desbloquear la renovaci¨®n del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin pedir el cambio de la ley para que todos los miembros de ese ¨®rgano sean elegidos por los jueces y no que una parte de la elecci¨®n sea fruto de los pactos entre partidos. Los populares aceptan el modelo vigente. La reanudaci¨®n del di¨¢logo se ha producido a finales de julio. El cierre del acuerdo puede llegar en septiembre si ning¨²n acontecimiento pol¨ªtico lo impide: la convocatoria de las elecciones en Catalu?a para el mes de octubre podr¨ªa ser un elemento distorsionador en las conversaciones entre PSOE y PP.

El paso m¨¢s importante para afrontar la renovaci¨®n del Consejo General del Poder Judicial, que los dos principales partidos inicien los contactos para ello, ya se ha dado. El ¨®rgano de gobierno de los jueces se encuentra en funciones desde hace un a?o y ocho meses. En noviembre de 2018, el PP interrumpi¨® la negociaci¨®n para la renovaci¨®n cuando ya estaba muy avanzada y ellos y los socialistas ten¨ªan ya el reparto casi hecho. El par¨®n se produjo despu¨¦s de que trascendiera un mensaje de WhatsApp del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosid¨®, en el que explicaba a los parlamentarios de su partido que el acuerdo era muy ventajoso para los populares porque les permitir¨ªa controlar ¡°por detr¨¢s¡± la Sala Segunda (Penal) del Tribunal Supremo. Como presidente del CGPJ se propon¨ªa al magistrado Manuel Marchena, presidente de esa Sala, que se sinti¨® de inmediato concernido por esa posici¨®n partidista y declin¨® ser propuesto. La reacci¨®n del PP fue romper la negociaci¨®n y pedir un cambio de la ley para que todos los miembros del Consejo los decidan los jueces y no dejen para los partidos la elecci¨®n de ocho de los 20 vocales.

Tras reiterados avisos durante meses para reclamar la renovaci¨®n, el ¨®rgano presidido por Carlos Lesmes decidi¨®, como forma de presi¨®n a los partidos, paralizar los nombramientos de magistrados en la c¨²pula judicial. Ello, sumado al apremio de las asociaciones judiciales, ha llevado al PP a renunciar al cambio de modelo de elecci¨®n de los vocales del CGPJ y a volver a la posici¨®n de siempre para pactar entre partidos, o m¨¢s bien, entre el PSOE y el PP.

Actualmente, los populares tienen mayor¨ªa en ese ¨®rgano porque est¨¢ elegido desde hace seis a?os y medio y el PP, ganador de las elecciones en 2014, aplic¨® su victoria. El PSOE gobierna desde 2019 y hubiera querido desde entonces seguir la regla habitual de que el Gobierno tiene prioridad para tener la mayor¨ªa en todos los ¨®rganos constitucionales pero no hay norma que obligue a pactar a la oposici¨®n si esta no quiere. El tiempo ha pasado y el PP, aunque mantiene un rotundo enfrentamiento con el Ejecutivo, ha considerado que ya es tiempo de renovar el Poder Judicial.

Ni el PP ni el sector socialista del Gobierno se atreven a afirmar al cien por cien que habr¨¢ pacto, aunque s¨ª lo dan como muy probable. El problema en las primeras conversaciones es el habitual: cu¨¢ntos vocales puede proponer el PSOE y cu¨¢ntos el PP. Los populares pretenden presentar a diez y que el PSOE presente a los otros diez y proponga adem¨¢s al presidente del Consejo y del Tribunal Supremo, con su visto bueno.

El c¨¢lculo del Gobierno es otro, ya que quiere que Unidas Podemos y el PNV puedan proponer un candidato cada uno. Ciudadanos no participar¨¢ en esta elecci¨®n. A pesar de la apertura de conversaciones y pactos con el Gobierno de Pedro S¨¢nchez, el partido que preside In¨¦s Arrimadas critica este modelo de elecci¨®n en el que una parte de la misma corresponde a los partidos pol¨ªticos.

Esas objeciones no las tiene Ciudadanos, en principio, para proponer a un candidato para cambiar a cuatro de los doce magistrados del Tribunal Constitucional, el otro gran ¨®rgano constitucional pendiente de renovaci¨®n. El PP pretender repartirse este cupo a medias con los socialistas, con dos magistrados cada uno. El PSOE plantea que pueda proponer dos magistrados y que los otros dos se dividan entre PP y Ciudadanos. El di¨¢logo se est¨¢ produciendo, con gran discreci¨®n y al m¨¢s alto nivel, entre el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el responsable de Justicia del PP, Enrique L¨®pez, ambos jueces de carrera.

En el PP y el PSOE hay voluntad de acuerdo, pero reconocen que una eventual convocatoria este verano de elecciones en Catalu?a podr¨ªa hacer que cada cual volviera a las trincheras hasta que resulte elegido el futuro Parlamento catal¨¢n.