Anticorrupci¨®n se opone a que se abra una investigaci¨®n contra Iglesias en el Supremo

Bal¨®n de ox¨ªgeno para Podemos en el caso Dina. Seg¨²n confirman fuentes jur¨ªdicas, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha enviado una nota interna a sus hom¨®logos del Tribunal Supremo donde manifiesta su rechazo a abrir una investigaci¨®n en este tribunal contra el vicepresidente segundo del Gobierno y l¨ªder de la formaci¨®n, Pablo Iglesias. Este posicionamiento se conoce despu¨¦s de que el magistrado Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, instructor del caso Villarejo, remitiese la pasada semana la exposici¨®n razonada donde ped¨ªa imputar al dirigente pol¨ªtico por los presuntos delitos de descubrimiento y revelaci¨®n de secretos con ¡°agravante de g¨¦nero¡±, da?os inform¨¢ticos, denuncia falsa y simulaci¨®n de delito.

El punto de vista de Anticorrupci¨®n tiene importancia: es el organismo que ha investigado el caso Dina, una de las piezas separadas del macrosumario de la Operaci¨®n T¨¢ndem, donde se cercan los presuntos negocios ilegales del comisario jubilado Jos¨¦ Manuel Villarejo, en prisi¨®n desde 2017. Pero su opini¨®n no resulta determinante, pues corresponde a los miembros de la Fiscal¨ªa del Supremo elaborar el informe final que se enviar¨¢ al alto tribunal para expresar la posici¨®n del ministerio p¨²blico sobre si se debe abrir una causa a Iglesias o, en cambio, dar carpetazo directamente a la exposici¨®n razonada del juez. En ese sentido, precisamente, fuentes jur¨ªdicas detallan que Anticorrupci¨®n ha enviado esa nota a sus hom¨®logos despu¨¦s de que ellos se lo pidieran.

Garc¨ªa-Castell¨®n, que acusa a Iglesias de inventarse una conspiraci¨®n para presentarse como v¨ªctima en el caso Dina abierto en la Audiencia Nacional, plante¨® la existencia de cuatro posibles delitos. Anticorrupci¨®n ya hab¨ªa rechazado que algunos de ellos ¡ªel de descubrimiento y revelaci¨®n de secretos, y el de da?os inform¨¢ticos¡ª tuviesen recorrido. El primero requiere una denuncia previa de la v¨ªctima, que en este caso ser¨ªa Dina Bousselham, la antigua asesora de Iglesias que denunci¨® el robo de su m¨®vil en 2015 y su posterior difusi¨®n en varios medios de comunicaci¨®n, como Okdiario. Y, seg¨²n el ministerio p¨²blico, la ex colaboradora de Iglesias ya ha manifestado en varias ocasiones su intenci¨®n de no ejercer la acci¨®n penal contra su ex jefe, pese a que este guard¨® la tarjeta de su tel¨¦fono durante seis meses despu¨¦s de que la recuperara a trav¨¦s de la revista Intervi¨².

Respecto al delito de da?os inform¨¢ticos, Anticorrupci¨®n tambi¨¦n duda desde hace tiempo que existan indicios suficientes contra el vicepresidente. De hecho, un informe de la Polic¨ªa Cient¨ªfica concluy¨® que la tarjeta bajo sospecha presentaba un da?o externo, pero todo apunta a que ese deterioro se corresponde con el ¡°lijado¡± que le hizo una compa?¨ªa especializada para intentar rescatar la informaci¨®n que conten¨ªa el dispositivo.

Sobre los ¨²ltimos dos delitos (denuncia falsa y simulaci¨®n de delito), esta Fiscal¨ªa tambi¨¦n cree que a¨²n no se ha terminado de aclarar ese asunto, que se apoya en la declaraci¨®n de Jos¨¦ Manuel Calvente, un antiguo abogado de Podemos enfrentado con la c¨²pula, que afirma que el partido celebr¨® una reuni¨®n para urdir un ¡°montaje¡± y presentarse como v¨ªctima. En todo caso, apostilla el ministerio p¨²blico, le corresponder¨ªa a un juzgado ordinario hacer las primeras pesquisas y ver si apuntan a Iglesias o al resto de se?alados por el juez: a la propia Bousselham; a su pareja en el momento del robo, Ricardo Sa Ferreira; a Gloria Elizo, vicepresidenta tercera del Congreso y exresponsable del equipo jur¨ªdico del partido; o a dos de sus letrados, Marta Flor y Ra¨²l Carballedo.