El juez del ¡®caso P¨²nica¡¯ imputa a otros cinco exalcaldes del PP por desviar fondos p¨²blicos

El juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n ha dado un nuevo impulso a la investigaci¨®n del caso P¨²nica con la imputaci¨®n de 17 nuevas personas, cinco de ellos exalcaldes del PP, y la solicitud de informaci¨®n sobre un diputado conservador en las Cortes valencianas, V¨ªctor Soler, para actuar judicialmente contra ¨¦l. Todo ello en una de las 12 piezas en las que se divide la macrocausa contra la corrupci¨®n, la n¨²mero 10, en la que se investiga el supuesto desv¨ªo de fondos p¨²blicos para mejorar la imagen en Internet de cargos p¨²blicos del partido conservador en ayuntamientos y consejer¨ªas de Madrid y la Comunidad Valenciana, seg¨²n recoge un auto al que ha tenido acceso EL PA?S. El caso P¨²nica, iniciado en 2014, acumula decenas de imputados, numerosos cargos p¨²blicos locales y auton¨®micos, en su mayor¨ªa del PP. Adem¨¢s, en esta causa se investiga la posible existencia de una caja b en el PP madrile?o que lider¨® Esperanza Aguirre, tambi¨¦n imputada.

Las nuevas pesquisas judiciales se centran en el supuesto ama?o de contratos en los Ayuntamientos de Denia, Gand¨ªa, Castell¨®n, Valdemoro, Alcobendas, Coslada y Majadahonda, as¨ª como en la Consejer¨ªa de Educaci¨®n madrile?a, donde ya estaba imputada la que fuera su titular en los gobiernos de Aguirre, Luc¨ªa Figar. En concreto, el magistrado imputa, tras solicitarlo la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, a los exalcaldes populares Ana Mar¨ªa Kringe (Denia), Juan Alfonso Bataller (Castell¨®n), Ra¨²l L¨®pez Vaquero (Coslada), Ignacio Garc¨ªa de Vinuesa (Alcobendas) y Narciso de Foxa (Majadahonda), adem¨¢s de a concejales y asesores de todos ellos y de la Consejer¨ªa de Educaci¨®n de Madrid, hasta un total de 17 personas. Adem¨¢s, solicita a la Guardia Civil que se identifique al gerente del Patronato Sociocultural de Alcobendas, para citarlo tambi¨¦n como investigado. En otros ayuntamientos, como el de Valdemoro, requiere nueva documentaci¨®n al consistorio.

En el caso del Ayuntamiento de Gand¨ªa, donde ya estaba imputado su antiguo alcalde, Arturo Torr¨®, las sospechas se centran en el concejal y actual diputado del PP en las Cortes Valencianas V¨ªctor Soler Beneyto. Sobre ¨¦l, el juez solicita confirmaci¨®n de que sigue siendo parlamentario regional y, por tanto, aforado. En ese caso, el magistrado ya anuncia que elevar¨¢ una exposici¨®n razonada al Tribunal Superior de Justicia de Valencia para que sea este ¨®rgano el que le investigue. Soler fue el cabeza de lista del PP en Gand¨ªa en las ¨²ltimas elecciones municipales.

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, de diciembre de 2016, atribu¨ªa a Soler un papel clave en las supuestas irregularidades en este consistorio y le adjudicaba la presunta comisi¨®n de los delitos de fraude, cohecho y malversaci¨®n de caudales p¨²blicos. El documento policial recog¨ªa el intenso intercambio de mensajes del diputado auton¨®mico y uno de los principales implicados en el sumario, el experto inform¨¢tico Alejandro de Pedro, por las discrepancias que ten¨ªan uno y otro sobre la cantidad mensual a pagar por los trabajos de reputaci¨®n online que este ¨²ltimo realizaba para el entonces alcalde de esta localidad.

El juez destaca que, en la mayor¨ªa de los consistorios investigados, la trama utiliz¨® dos canales para desviar fondos municipales para pagar los servicios de reputaci¨®n online personales para los cargos p¨²blicos del PP. As¨ª, destaca que en ocasiones se fing¨ªa la contrataci¨®n de servicios de formaci¨®n o auditorias a las sociedades de De Pedro, para lo que utilizaban facturas falsas ¡°por importes que no superar¨ªan el umbral del contrato menor¡±, para as¨ª evitar la fiscalizaci¨®n de los servicios de control. En otras ocasiones, De Pedro se val¨ªa supuestamente de su red de diarios digitales zombis (con una difusi¨®n m¨ªnima y contenidos escasos) para simular la contrataci¨®n desde el consistorio de publicidad institucional mediante la inserci¨®n de espacios publicitarios en estos.

Investigaciones aparcadas

En su auto, el magistrado tambi¨¦n aparca tres investigaciones relacionadas con el pago de campa?as de reputaci¨®n en Internet. Dos de ellas, la de los ayuntamientos de Madrid y Valencia, cuando eran alcaldesa Ana Botella y Rita Barber¨¢ respectivamente. En ambos casos, Garc¨ªa-Castell¨®n considera que ¡°los indicios recabados¡± no son suficientes para concluir que los trabajos realizados por las empresas de la trama estuvieran dirigidas a mejorar la imagen de las dos alcaldesas, sino ¡°las noticias favorables al equipo municipal, enmarc¨¢ndose m¨¢s bien esta pr¨¢ctica en el ¨¢mbito, sin superarlo, de la promoci¨®n, defensa y comunicaci¨®n de pol¨ªticas p¨²blicas¡±. No obstante, el juez se?ala que estas pesquisas no se archivan y que en futuras investigaciones pueden aparecer nuevos datos.

La tercera se refiere a los trabajos tambi¨¦n de reputaci¨®n online que la red realiz¨® en terceros pa¨ªses. En concreto, en Panam¨¢, Costa Rica, Guatemala y M¨¦xico. En su escrito, el juez recoge los numerosos indicios recabados sobre estas actividades, en los que se implic¨® presuntamente de manera directa el exconsejero madrile?o Francisco Granados, presunto cabecilla de la trama P¨²nica. Pata el magistrado, los hechos ¡°podr¨ªan no estar sujetos a la jurisdicci¨®n espa?ola¡± y, por ello, los excluye de esta pieza del sumario. La Fiscal¨ªa hab¨ªa pedido en su escrito al juez que citara como imputados a dos personas vinculadas a una mercantil paname?a implicada, adem¨¢s de plantear la posibilidad de interponer una nueva querella criminal por estos hechos por un delito de corrupci¨®n en las transacciones internacionales.