Otra crisis migratoria sin un plan para atender a menores
Canarias acoge una cifra r¨¦cord de ni?os y j¨®venes extranjeros no acompa?ados, reclama la solidaridad de la Pen¨ªnsula y fondos estatales y europeos
La crisis migratoria en Canarias es un constante d¨¦j¨¤ vu. De crisis pasadas, pero tambi¨¦n de escenarios recientes. La reactivaci¨®n de la ruta canaria se ha cobrado ya la muerte de m¨¢s de 530 personas y han llegado m¨¢s de 18.300 migrantes en lo que va de a?o, colapsando los recursos de recepci¨®n y acogida estatales. El muelle grancanario de Arguinegu¨ªn, que empieza a liberarse despu¨¦s de meses hacinando a cientos de personas, se ha convertido e...
La crisis migratoria en Canarias es un constante d¨¦j¨¤ vu. De crisis pasadas, pero tambi¨¦n de escenarios recientes. La reactivaci¨®n de la ruta canaria se ha cobrado ya la muerte de m¨¢s de 530 personas y han llegado m¨¢s de 18.300 migrantes en lo que va de a?o, colapsando los recursos de recepci¨®n y acogida estatales. El muelle grancanario de Arguinegu¨ªn, que empieza a liberarse despu¨¦s de meses hacinando a cientos de personas, se ha convertido en el s¨ªmbolo de esta crisis, pero la emergencia se mantiene en la atenci¨®n de los menores de edad que migran solos y cuya tutela compete a la comunidad aut¨®noma. Canarias acoge en estos momentos a 2.006 ni?os y j¨®venes, cerca de 400 m¨¢s de los tutelados en 2006, el periodo ¨¢lgido de la crisis de los cayucos, seg¨²n los datos del Ejecutivo auton¨®mico. Y una vez m¨¢s, como ocurri¨® hace 14 a?os y tambi¨¦n en 2018, Espa?a sigue sin un plan de atenci¨®n adecuada y distribuci¨®n solidaria de estos ni?os entre comunidades aut¨®nomas.
El Gobierno canario y los cabildos, forzados a desplegar a toda prisa 20 centros de acogida, se han declarado desbordados y exigen con ¡°urgencia¡± fondos estatales y europeos para sufragar los costes, que alcanzar¨¢n este a?o 18 millones de euros. El Ejecutivo de las islas, una coalici¨®n de PSOE y Podemos con partidos locales, ha pedido tambi¨¦n, como ya se hizo tras la crisis de 2006, la derivaci¨®n a otras comunidades de, al menos, 500 menores. Los presidentes auton¨®micos de Extremadura, Castilla y Le¨®n y Pa¨ªs Vasco se han ofrecido a acoger a una parte de estos ni?os, pero no dejan de ser mecanismos bilaterales, a¨²n poco definidos, entre territorios con buena voluntad.
¡°La necesidad de ayuda es imperiosa, esto es un grito desesperado a que se colabore con Canarias¡±, afirma a EL PA?S la consejera de Derechos Sociales, Noem¨ª Santana (Podemos). La saturaci¨®n, reconoce la consejera, impide una atenci¨®n de calidad y ha provocado situaciones en las que ni?os han tenido que dormir dos d¨ªas en el puerto grancanario de Arguinegu¨ªn porque los centros de acogida estaban desbordados. ¡°Esta es una situaci¨®n complicada que no podemos afrontar solos¡±, incide tambi¨¦n la consejera de Pol¨ªtica Social del Cabildo de Gran Canaria, Isabel Mena.
El 60% de los menores no acompa?ados que han arribado a las costas canarias son marroqu¨ªes, la nacionalidad mayoritaria tambi¨¦n de los adultos. Les siguen en menor proporci¨®n los ni?os procedentes de Senegal y de Mal¨ª. Esta es una de las principales diferencias respecto a 2006, cuando casi la mitad de los ni?os eran senegaleses.
Uno de estos menores marroqu¨ªes es Amass. Dice tener 17 a?os, y es un adolescente sociable, fan¨¢tico del Real Madrid y del Wydad A. C. de Casablanca. Naci¨® en Marrakech, pero su familia se mud¨® al S¨¢hara Occidental y ¨¦l se crio en Dajla, la antigua Villa Cisneros. ¡°Mis padres no me daban dinero, ten¨ªa que trabajar y cuando pod¨ªa, estudiaba¡±, explica con una aplicaci¨®n en su m¨®vil que traduce del ¨¢rabe al castellano. ¡°Pero yo quiero estudiar primero para lograr un trabajo mejor y ayudar a mi familia¡±. Amass vive hoy en un barrio de G¨¢ldar, municipio en el norte de Gran Canaria, en un antiguo club deportivo reconvertido en albergue para 91 j¨®venes. ¡°Se suele olvidar que son menores, que vienen solos, con una falta tremenda de cari?o¡±, explica Mar¨ªa Fern¨¢ndez, educadora social de 25 a?os. El objetivo a corto plazo es escolarizarlos, pero mientras tanto, desde las 7.00 hasta la hora de comer aprenden castellano y cultura espa?ola y ayudan en las tareas de limpieza. Por las tardes pueden salir al barrio. A las 22.30 apagan las luces.
Un borrador en un caj¨®n
La crisis de los cayucos de 2006 fue la primera muestra de las deficiencias de un modelo que hacinaba a ni?os en centros o descuidaba las obligaciones que conlleva su tutela. Pero hay otro ejemplo muy reciente. La llegada en 2018 de m¨¢s de 7.000 menores extranjeros volvi¨® a poner a prueba el modelo espa?ol de atenci¨®n a los ni?os y j¨®venes migrantes. Comunidades como Andaluc¨ªa o las ciudades aut¨®nomas de Ceuta y Melilla, principales puertas de entrada, se mostraron desbordadas para tutelar adecuadamente a los ni?os. Pero cuando pidieron ayuda, se encontraron con la resistencia de la mayor¨ªa de territorios a distribuir solidariamente a los reci¨¦n llegados. Presionado, el primer Ejecutivo de Pedro S¨¢nchez acab¨® aprobando un cr¨¦dito extraordinario de 40 millones de euros para compensar a las autonom¨ªas con m¨¢s llegadas, pero dej¨® claro que el dinero no era la soluci¨®n. Hac¨ªa falta un plan.
Este plan, que supon¨ªa dar la vuelta al modelo, comenz¨® a dise?arse en el Observatorio de la Infancia, un grupo de trabajo del Ministerio de Sanidad, con las comunidades, ministerios con competencias migratorias, la Fiscal¨ªa y las ONG que atienden a menores extranjeros. El ¨²ltimo borrador, de octubre de 2019, insist¨ªa en la solidaridad territorial y propon¨ªa la creaci¨®n de centros de financiaci¨®n estatal en los principales puntos de llegada para, desde all¨ª, derivarlos a otras comunidades en funci¨®n de su poblaci¨®n, ingresos fiscales o su ¨ªndice de desempleo. Inclu¨ªa tambi¨¦n cambios legislativos, la promoci¨®n del acogimiento familiar y mejoras en el procedimiento de la determinaci¨®n de la edad, pero aquel ambicioso borrador sigue siendo un pu?ado de papeles en un caj¨®n.
¡°El documento estaba muy avanzado. Es verdad que cambi¨® el Gobierno y el personal del Ministerio y se ralentizaron las gestiones, pero la realidad es que es dif¨ªcil encontrar un consenso entre todos los actores¡±, lamenta Jennifer Zuppiroli, especialista en migraciones en Save the Children, una de las ONG de ese grupo de trabajo. ¡°Este protocolo de derivaci¨®n y atenci¨®n es importante porque evita la improvisaci¨®n. Al final, Espa?a pide siempre solidaridad a nivel europeo, pero en su propia casa no consigue asegurar la corresponsabilidad entre territorios¡±, a?ade Zuppiroli.
Uno de los chicos que conf¨ªa en esa solidaridad entre territorios es Mamadou, un maliense al borde de la mayor¨ªa de edad que quiere reunirse con su t¨ªo en Barcelona. ¡°En mi pa¨ªs hay guerra y as¨ª es muy dif¨ªcil llevar una vida normal. Decid¨ª venir a Espa?a y en cuanto tuve el dinero me fui¡±, explica.
En esta nueva crisis, las soluciones han vuelto a improvisarse. A las dificultades del Gobierno regional para la acogida, se suman deficiencias en la identificaci¨®n de los menores al desembarcar. En dos visitas a un centro y un hotel realizadas en octubre, EL PA?S identific¨® varios migrantes que aseguraron haber declarado ser menores de 18 a?os, pero a los que, tras ser rese?ados como mayores, se les ha abierto un expediente de devoluci¨®n y se les ha alojado con el resto de adultos. Bajo m¨¢xima presi¨®n y sin la coordinaci¨®n estatal prometida, el Ejecutivo canario ha pedido ayuda al Ministerio de Inclusi¨®n, Seguridad Social y Migraciones y a la vicepresidencia de Derechos Sociales, que no se han manifestado sobre el tema. La consejera canaria de Derechos Sociales se muestra esperanzada: ¡°Nos dicen que est¨¢n trabajando en ello y que de aqu¨ª a final de a?o se ver¨¢ una primera se?al de apoyo, que se reforzar¨¢ el a?o que viene¡±.
Prevalece el inter¨¦s superior del menor
Espa?a mantiene acuerdos de retorno de menores con Rabat y Dakar desde 2003 y 2008, pero desde sus inicios han sido recurrentes las denuncias de irregularidades en los procedimientos. La jurisprudencia ha ido reforzando un marco legal que garantiza el derecho de los ni?os a ser escuchados y contar con asistencia letrada por lo que, en la pr¨¢ctica, esta es una figura ¡°ornamental", como suele calificarla la Fiscal¨ªa.
De 2004 a 2017, Espa?a repatri¨® alrededor de 300 menores, entre los que hab¨ªa al menos 158 marroqu¨ªes, seg¨²n datos de la Fiscal¨ªa General del Estado, el ¨®rgano que vela por las garant¨ªas del proceso. M¨¢s de dos tercios de esas devoluciones se ejecutaron precisamente entre 2004 y 2006, coincidiendo el repunte de llegadas a Canarias, pero posteriormente pasaron a ser muy puntuales.
Si el pa¨ªs de origen del menor no puede garantizar el inter¨¦s superior del menor o garantizar una reagrupaci¨®n familiar con garant¨ªas, la ley espa?ola lo protege y las comunidades aut¨®nomas deben velar por su tutela y educaci¨®n, como la de cualquier otro ni?o en desamparo.
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