Andaluc¨ªa aprueba la ley contra el Fraude en plena pol¨¦mica por la corrupci¨®n

La lucha contra la corrupci¨®n y el fraude fue uno de los principios recogidos en el acuerdo de coalici¨®n de PP y Ciudadanos para formar gobierno en Andaluc¨ªa tras casi 37 a?os de mandatos socialistas. Dos a?os despu¨¦s de ese pacto, el Ejecutivo aut¨®nomo ha aprobado este martes el proyecto de ley contra el Fraude y la Corrupci¨®n y Protecci¨®n de la persona denunciante. La futura norma contempla un r¨¦gimen sancionador con multas desde los 300 hasta los 100.000 euros.

En pleno juicio en la Audiencia Nacional de la caja b del Partido Popular, el Gobierno andaluz ha acordado remitir al Parlamento un texto prometido en la anterior legislatura por los socialistas. Entonces, PSOE y Ciudadanos, su aliado parlamentario en ese momento, pactaron la creaci¨®n de una Oficina contra el Fraude que nunca vio la luz por enredos jur¨ªdicos. Tambi¨¦n, seg¨²n ha dicho esta ma?ana el vicepresidente de la Junta, Juan Mar¨ªn (Cs), porque ¡°el PSOE nunca tuvo intenci¨®n de impulsar una ley que pusiera fin a la corrupci¨®n¡±. Ese retraso fue uno de los motivos por los que se rompi¨® la alianza de Ciudadanos con el ¨²ltimo Gobierno socialista.

Tanto Mar¨ªn como el consejero de la Presidencia, El¨ªas Bendodo (PP), se esforzaron en destacar el proyecto de ley como un antes y un despu¨¦s en la Junta de Andaluc¨ªa. ¡°Los socialistas nos ten¨ªan acostumbrados a esc¨¢ndalos diarios¡±, afirm¨® Bendodo. ¡°La corrupci¨®n era un lastre para nuestra comunidad. Hay 6.000 millones de euros que se investigan en los tribunales, dos expresidentes de la Junta condenados y m¨¢s de 500 altos cargos procesados por defraudar dinero de los andaluces. Han ensuciado el nombre de Andaluc¨ªa¡±, resalt¨® Mar¨ªn.

Esta andanada se produce despu¨¦s de que la secretaria general del PSOE, Susana D¨ªaz, pidiera d¨ªas atr¨¢s explicaciones al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, sobre si conoc¨ªa la financiaci¨®n irregular del PP denunciada por el extesorero Luis B¨¢rcenas. ¡°Es pasado, de hace m¨¢s de una d¨¦cada. El que sea responsable de un acto delictivo, que lo pague; sea quien sea¡±, dijo el lunes Moreno.

En este contexto fangoso llega el proyecto de ley contra el Fraude al Parlamento andaluz. El texto prev¨¦ la creaci¨®n de una Oficina que depender¨¢ del Parlamento y cuyo director ser¨¢ elegido por mayor¨ªa de tres quintos de la C¨¢mara o por mayor¨ªa absoluta en segunda votaci¨®n si no hay acuerdo, por un periodo no renovable de cinco a?os. La Oficina investigar¨¢ de oficio o mediante denuncia previa actuaciones fraudulentas que el texto define como ¡°enga?o intencionado para obtener beneficios mediante el uso ilegal o irregular de fondos o patrimonio p¨²blico¡±. Tambi¨¦n actuaciones corruptas (¡°abuso de poder, aprovechamiento irregular del uso o la informaci¨®n derivadas de las funciones atribuidas¡±) o conflictos de intereses.

El ¨¢mbito de actuaci¨®n de proyecto de ley abarca a todas las instituciones y entidades instrumentales de la Junta de Andaluc¨ªa, entidades locales, universidades p¨²blicas y personas y entidades privadas cuando hayan sido adjudicatarias de contratos p¨²blicos o subvenciones. El texto regula la protecci¨®n del denunciante al que se le garantizar¨¢ la confidencialidad y el ¡°derecho a no sufrir represalias y a la reparaci¨®n de los perjuicios injustificados sufridos por causa de las denuncias, con asistencia jur¨ªdica y psicol¨®gica¡±. En caso de ser funcionario o empleado p¨²blico podr¨¢ solicitar el traslado provisional a otro puesto del mismo nivel.

Sanciones de hasta 100.000 euros

Tambi¨¦n se establece la clasificaci¨®n de infracciones en leves, graves y muy graves, con multas desde los 300 hasta los 100.000 euros. Entre la tipificaci¨®n de estas ¨²ltimas se encuentran ¡°el incumplimiento del deber de colaboraci¨®n con la Oficina, cualquier tipo de coacci¨®n a las personas que presten servicios en la Oficina, cuando se cause un perjuicio muy grave a la persona denunciante, las denuncias falsas, tergiversadas u obtenidas de manera il¨ªcita¡±.

La norma implicar¨¢ cambios en la ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta. Se mantiene el r¨¦gimen de dedicaci¨®n exclusiva, pero se autoriza a ejercer actividades en la docencia universitaria, la investigaci¨®n y la formaci¨®n, y entidades sin ¨¢nimo de lucro. Tambi¨¦n quedar¨¢ recogido negro sobre blanco que los altos cargos ¡°no podr¨¢n ser titulares o autorizados de cuentas bancarias y otros activos financieros en pa¨ªses o territorios calificados como para¨ªsos fiscales¡±.

Con esta ley (la octava que env¨ªa al Parlamento en dos a?os), Andaluc¨ªa se suma a otras comunidades y ayuntamientos con oficinas espec¨ªficas contra la corrupci¨®n, como ya existen en la Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Catalu?a, Galicia, Barcelona y Madrid.