IU y el PCE recusan a los jueces del Supremo que archivaron su querella contra Juan Carlos I

IU, el PCE y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierdas (Fairade) han interpuesto un incidente de recusaci¨®n contra los cinco magistrados del Tribunal Supremo que han archivado en dos ocasiones, la ¨²ltima vez el pasado 15 de febrero, la querella que esas organizaciones presentaron contra el rey em¨¦rito Juan Carlos I por, entre otros delitos, cohecho, fraude, tr¨¢fico de influencias y constituci¨®n de grupo criminal. En el escrito, los querellantes consideran que existen ¡°fundados argumentos¡± para dudar de la imparcialidad de los jueces ¡ªel presidente de la Sala de lo Penal del alto tribunal, Manuel Marchena, y los magistrados Juan Ram¨®n Berdugo, Antonio del Moral, Andr¨¦s Palomo y Ana Ferrer¡ª por los ¡°v¨ªnculos jer¨¢rquicos¡± de la judicatura con la figura del rey y por el contenido del auto en el que inadmitieron la querella, que consideran que muestra ¡°animadversi¨®n y hostilidad¡± hacia los partidos que la presentaron.

La primera querella contra el rey em¨¦rito fue presentada por Izquierda Unida en diciembre de 2018 ¡ªantes de que la coalici¨®n formase parte del Gobierno¡ª, despu¨¦s de que salieran a la luz los audios de la amiga ¨ªntima del monarca Corinna Larsen en los que esta atribu¨ªa al rey el cobro de comisiones y el uso de testaferros para ocultar una supuesta fortuna en Suiza. Aquella querella fue archivada por el Supremo en abril del a?o siguiente y, tres meses despu¨¦s, ratific¨® su decisi¨®n al rechazar el recurso de s¨²plica presentado por los tres querellantes.

En agosto de 2020, los dos partidos instaron la reapertura con una ampliaci¨®n de aquella querella al conocerse que la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n hab¨ªa remitido a la Fiscal¨ªa del Supremo las diligencias de investigaci¨®n iniciadas por la supuesta existencia de cuentas bancarias en Suiza propiedad del rey Juan Carlos I en las que supuestamente se recibieron, en 2008, 65 millones de euros procedentes de autoridades de Arabia Saud¨ª. El Supremo volvi¨® a rechazar la querella el pasado febrero al considerar que solo conten¨ªa referencias a noticias de prensa y que ya hab¨ªa diligencias de investigaci¨®n de la Fiscal¨ªa en relaci¨®n con las finanzas de Juan Carlos I.

Es el contenido de este ¨²ltimo auto el que ahora esgrimen IU y el PCE para pedir la recusaci¨®n de los cinco magistrados. Las dos formaciones pol¨ªticas consideran que algunos de los comentarios recogidos en ¨¦l revelan una ¡°evidente animadversi¨®n y hostilidad¡± hacia ellos, al considerar a las partes querellantes como ¡°profesionales de la acci¨®n popular¡± que la degradan e intentan ¡°convertir noticias en delitos¡±. ¡°No proceden esos calificativos, quiebra su imparcialidad y hace de este proceso un proceso viciado en el que esta acusaci¨®n se encuentra ante una fundada sospecha de falta de imparcialidad¡±, a?aden los querellantes.

En este sentido, esgrimen la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que, en noviembre de 2018, conden¨® a Espa?a por vulnerar el derecho a un juicio justo de Arnaldo Otegi y otros cuatro dirigentes abertzales en el caso Bateragune despu¨¦s de que durante la vista un integrante del tribunal comentase que sab¨ªa que no iba a contestar a su pregunta de si condenaba el terrorismo de ETA.

En el recurso, IU y el PCE tambi¨¦n destacan que la existencia de un supuesto ¡°v¨ªnculo jer¨¢rquico entre el querellado [el rey em¨¦rito] y los magistrados de la Sala¡±, ya que la Constituci¨®n espa?ola se?ala que la justicia se imparte en nombre del rey y este participa en la apertura del a?o judicial en el Supremo y entrega de despachos a los nuevos jueces.

Por ¨²ltimo, los dos partidos inciden en el hecho ¡°oficial, p¨²blico y notorio¡± de que Juan Carlos I ha abonado recientemente cerca de 4,4 millones de euros para regularizar su situaci¨®n fiscal por los pagos realizados para sufragar el coste de multitud de vuelos privados por la fundaci¨®n Zagatka desde cuentas situadas en el extranjero. En su opini¨®n, estos hechos ¡°dan plena verosimilitud a los denunciados en la querella que ha sido tildada como degradante por la Sala¡±, remarca el escrito. ¡°Lo que est¨¢ en juego es la confianza que los tribunales de una sociedad democr¨¢tica deben de ofrecer a los que acuden a ellos. Por consiguiente, cualquier juez de quien se puede temer leg¨ªtimamente la falta de imparcialidad debe ser recusado¡±, concluyen.