El Gobierno rectifica y recurrir¨¢ la sentencia sobre el Pazo de Meir¨¢s que reconoce una indemnizaci¨®n a los Franco

El Gobierno ha decidido dar marcha atr¨¢s a su decisi¨®n de no recurrir la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coru?a que el pasado 12 de febrero confirm¨® la titularidad p¨²blica del Pazo de Meir¨¢s pero dictaminando que la familia Franco debe ser compensada econ¨®micamente. El Ejecutivo ha anunciado este martes que finalmente s¨ª apelar¨¢ ante el Tribunal Supremo el fallo, que rechaza que los herederos del dictador poseyeran la finca ¡°de mala fe¡± y les reconoce el derecho a recibir una indemnizaci¨®n por los gastos de mantenimiento mientras fueron propietarios. En febrero el Ministerio de Justicia hab¨ªa descartado que la Abogac¨ªa del Estado fuera a presentar recurso de casaci¨®n.

En un comunicado, el Ejecutivo esgrime este martes que la medida se adopta despu¨¦s de que la Abogac¨ªa del Estado haya realizado ¡°un estudio detallado de los fundamentos de la sentencia¡±, a la que atribuyen ¡°errores de interpretaci¨®n o alteraciones sobre las pretensiones¡± de la demanda que present¨® para reclamar la propiedad del pazo. El Gobierno se?ala que el fallo de la Audiencia Provincial de A Coru?a afirma ¡°err¨®neamente¡± que la Administraci¨®n General de Estado hab¨ªa reconocido la buena fe de los herederos de Franco al ocupar la propiedad. ¡°La eventual correcci¨®n de estos errores y la necesaria interpretaci¨®n del Tribunal Supremo permitir¨¢n sentar con claridad y precisi¨®n las bases para la posterior liquidaci¨®n del estado posesorio¡±, recoge el comunicado.

La rectificaci¨®n del Gobierno se produce despu¨¦s de las cr¨ªticas recibidas por colectivos de memoria hist¨®rica y partidos de izquierda como el BNG. La Asociaci¨®n para la Recuperaci¨®n de la Memoria Hist¨®rica (ARMH) calific¨® la decisi¨®n de ¡°dejaci¨®n de funciones¡± por parte del Ejecutivo y un manifiesto titulado Volver a pagar por lo robado: una sentencia inasumible para un Estado democr¨¢tico recab¨® el apoyo de 3.000 firmas, entre ellas las de personalidades de la cultura, sindicalistas, artistas e historiadores.

La decisi¨®n anunciada en un principio por la Abogac¨ªa del Estado de no recurrir contrastaba tambi¨¦n con la posici¨®n de otras administraciones gobernadas por el PSOE que s¨ª anunciaron sus recursos. Es el caso del Ayuntamiento de A Coru?a y de la Diputaci¨®n. El presidente de esta ¨²ltima instituci¨®n, Valent¨ªn Gonz¨¢lez Formoso, l¨ªder tambi¨¦n del PSOE provincial, se desmarc¨® del Gobierno y afirm¨®: ¡°No podemos asumir, a¨²n encima, tener que indemnizar a los Franco por una actitud que no fue responsable con la sociedad¡±.

El alcalde de Sada, el municipio donde se ubica la que fue residencia veraniega del dictador, se uni¨® a las cr¨ªticas al Gobierno por su primera intenci¨®n de no recurrir porque, afirm¨®, ¡°adem¨¢s de un enorme favor econ¨®mico a los Franco, es tambi¨¦n un favor jur¨ªdico¡±. Benito Portela, de la formaci¨®n Sadamaior¨ªa, anunci¨® desde el principio que apelar¨ªa el fallo ante el Supremo y, al igual que la Diputaci¨®n, apunt¨® precisamente al mismo aspecto que ahora esgrime el Gobierno para presentar su recurso de casaci¨®n: el reconocimiento por parte de la Audiencia de A Coru?a de que no hubo ¡°mala fe¡± por parte de los Franco.